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RD no coloca impedimento de entrada a varios sancionados por EE.UU. y Canadá
Santo Domingo.-El Gobierno dominicano dejó fuera del impedimento de entrada a personas ya sancionadas por los Estados Unidos y Canadá, cuya lista de los afectados fue publicada por el Palacio Nacional este domingo tras una orden de Luis Abinader para evitar el ingreso a territorio dominicano de unas 39 personas haitianas.
en las que se mencionan a muchos que ya han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá, pero hay otros nombres en los que el país no ha coincidido con los países del Norte.
Entre los empresarios enlistados con prohibición para ingresar a suelo dominicano no se incluyó a Gilbert Bigio, sancionado por Canadá en noviembre del 2022, junto a Reynold Deeb y Sherif Abdallah (incluidos en la prohibición de ingreso), por alegadamente proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas.
Bigio es fundador de GB Group, que en 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín.
Lambert fue sancionado por Estados Unidos junto a Youri Latortue, quien también fue presidente del Senado haitiano entre 2017 y 2018, bajo el argumento de que ambos «abusaron de sus cargos oficiales para traficar drogas y colaboraron con redes criminales y de pandillas para socavar el estado de derecho en Haití”, afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian E. Nelson.
De acuerdo con lo informado por Estados Unidos en ese momento, la historia de Lambert con el narcotráfico abarca dos décadas, durante las cuales «lideró y facilitó» el tráfico de cocaína de Colombia a Haití.
Céant fue sancionado en noviembre de 2022 por el gobierno de Canadá también emitió sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Martelly, por sus presuntos vínculos con bandas criminales. Martelly tampoco le fue prohibida la entrada a la República Dominicana.
En esta sanción del gobierno canandiense se incluyó al también ex primer ministro Laurent Lamothe (2012–2014), siendo este último el único de este grupo que figura en el listado de los sancionados por el Gobierno dominicano.
Los sancionados por EE. UU. y Canadá
Estados Unidos y Canadá han liderado las sanciones contra políticos, empresario y pandilleros haitianos, a los que ha acusado de alterar la estabilidad del país y beneficiarse del ambiente de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Las consecuencias de las sanciones de estos dos países incluye la no admisión a su país y la prohibición de a sus ciudadanos de realizar transacciones con estas personas, así como el congelamiento de todos los bienes que posean en su territorio.
Tanto Canadá como Estados Unidos han impuesto sanciones contra el senador Rony Celestin y el exsenador Richard Lenine Hervé Fourcand por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Haití, ambos están incluidos en la prohibición de entrada emitida por Abinader el viernes.
El expresidente de la Cámara de Diputados de Haití, Gary Bodeau, ha sido sancionado por corrupción por el Gobierno de EE.UU. y desde el pasado viernes 14 de abril también tiene prohibido el ingreso a la República Dominicana.
Liszt Quitel, Charles Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire, Reynold Deeb, Nénel Cassy, Berto Dorcé, Steve Khawly, son nombres que figuran entre los haitianos sancionados por Canadá, que en el mes pasado sumaban 19 y que figuran en la disposición de Abinader de no ingresar a territorio dominicano.
Otros afectados por el impedimento
Otros a los que afectó la medida de Abinader son Gracia Delva; Rodolphe Jaar, quien se declaró culpable del asesinato de Jovenel Moise en EE.UU.; así como Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Assad Volcy, Jean Tholbert Alexis, Victor Prophane, Espérance Pierre, Salim Succar; el senador Antonio Cheramy (a) Don Kato.
Además, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day; el exdirector de aduanas de Haití, Romel Bell, Wakin Pierre y los pandilleros Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno, Joselito Petit-Homme (a) Ti Makak, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y Woodley Ethéart (a) Sonson La Familia.
La disposición de Luis Abinader considera a los involucrados una amenaza para los intereses e instituciones de la República y se da cumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU que impone un conjunto de sanciones aplicadas a ciudadanos haitianos relacionados con la situación de violencia e inseguridad en Haití.
La medida se da tras la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que durante su estancia en el país se reunió con el presidente Luis Abinader, en dicho encuentro abordaron diferentes temas entre ellos relaciones con la seguridad regional, incluida la situación de Haití.
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PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.