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RD no coloca impedimento de entrada a varios sancionados por EE.UU. y Canadá
Santo Domingo.-El Gobierno dominicano dejó fuera del impedimento de entrada a personas ya sancionadas por los Estados Unidos y Canadá, cuya lista de los afectados fue publicada por el Palacio Nacional este domingo tras una orden de Luis Abinader para evitar el ingreso a territorio dominicano de unas 39 personas haitianas.
en las que se mencionan a muchos que ya han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá, pero hay otros nombres en los que el país no ha coincidido con los países del Norte.
Entre los empresarios enlistados con prohibición para ingresar a suelo dominicano no se incluyó a Gilbert Bigio, sancionado por Canadá en noviembre del 2022, junto a Reynold Deeb y Sherif Abdallah (incluidos en la prohibición de ingreso), por alegadamente proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas.
Bigio es fundador de GB Group, que en 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín.
Lambert fue sancionado por Estados Unidos junto a Youri Latortue, quien también fue presidente del Senado haitiano entre 2017 y 2018, bajo el argumento de que ambos «abusaron de sus cargos oficiales para traficar drogas y colaboraron con redes criminales y de pandillas para socavar el estado de derecho en Haití”, afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian E. Nelson.
De acuerdo con lo informado por Estados Unidos en ese momento, la historia de Lambert con el narcotráfico abarca dos décadas, durante las cuales «lideró y facilitó» el tráfico de cocaína de Colombia a Haití.
Céant fue sancionado en noviembre de 2022 por el gobierno de Canadá también emitió sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Martelly, por sus presuntos vínculos con bandas criminales. Martelly tampoco le fue prohibida la entrada a la República Dominicana.
En esta sanción del gobierno canandiense se incluyó al también ex primer ministro Laurent Lamothe (2012–2014), siendo este último el único de este grupo que figura en el listado de los sancionados por el Gobierno dominicano.
Los sancionados por EE. UU. y Canadá
Estados Unidos y Canadá han liderado las sanciones contra políticos, empresario y pandilleros haitianos, a los que ha acusado de alterar la estabilidad del país y beneficiarse del ambiente de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Las consecuencias de las sanciones de estos dos países incluye la no admisión a su país y la prohibición de a sus ciudadanos de realizar transacciones con estas personas, así como el congelamiento de todos los bienes que posean en su territorio.
Tanto Canadá como Estados Unidos han impuesto sanciones contra el senador Rony Celestin y el exsenador Richard Lenine Hervé Fourcand por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Haití, ambos están incluidos en la prohibición de entrada emitida por Abinader el viernes.
El expresidente de la Cámara de Diputados de Haití, Gary Bodeau, ha sido sancionado por corrupción por el Gobierno de EE.UU. y desde el pasado viernes 14 de abril también tiene prohibido el ingreso a la República Dominicana.
Liszt Quitel, Charles Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire, Reynold Deeb, Nénel Cassy, Berto Dorcé, Steve Khawly, son nombres que figuran entre los haitianos sancionados por Canadá, que en el mes pasado sumaban 19 y que figuran en la disposición de Abinader de no ingresar a territorio dominicano.
Otros afectados por el impedimento
Otros a los que afectó la medida de Abinader son Gracia Delva; Rodolphe Jaar, quien se declaró culpable del asesinato de Jovenel Moise en EE.UU.; así como Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Assad Volcy, Jean Tholbert Alexis, Victor Prophane, Espérance Pierre, Salim Succar; el senador Antonio Cheramy (a) Don Kato.
Además, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day; el exdirector de aduanas de Haití, Romel Bell, Wakin Pierre y los pandilleros Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno, Joselito Petit-Homme (a) Ti Makak, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y Woodley Ethéart (a) Sonson La Familia.
La disposición de Luis Abinader considera a los involucrados una amenaza para los intereses e instituciones de la República y se da cumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU que impone un conjunto de sanciones aplicadas a ciudadanos haitianos relacionados con la situación de violencia e inseguridad en Haití.
La medida se da tras la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que durante su estancia en el país se reunió con el presidente Luis Abinader, en dicho encuentro abordaron diferentes temas entre ellos relaciones con la seguridad regional, incluida la situación de Haití.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.