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RD no coloca impedimento de entrada a varios sancionados por EE.UU. y Canadá
Santo Domingo.-El Gobierno dominicano dejó fuera del impedimento de entrada a personas ya sancionadas por los Estados Unidos y Canadá, cuya lista de los afectados fue publicada por el Palacio Nacional este domingo tras una orden de Luis Abinader para evitar el ingreso a territorio dominicano de unas 39 personas haitianas.
en las que se mencionan a muchos que ya han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá, pero hay otros nombres en los que el país no ha coincidido con los países del Norte.
Entre los empresarios enlistados con prohibición para ingresar a suelo dominicano no se incluyó a Gilbert Bigio, sancionado por Canadá en noviembre del 2022, junto a Reynold Deeb y Sherif Abdallah (incluidos en la prohibición de ingreso), por alegadamente proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas.
Bigio es fundador de GB Group, que en 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín.
Lambert fue sancionado por Estados Unidos junto a Youri Latortue, quien también fue presidente del Senado haitiano entre 2017 y 2018, bajo el argumento de que ambos «abusaron de sus cargos oficiales para traficar drogas y colaboraron con redes criminales y de pandillas para socavar el estado de derecho en Haití”, afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian E. Nelson.
De acuerdo con lo informado por Estados Unidos en ese momento, la historia de Lambert con el narcotráfico abarca dos décadas, durante las cuales «lideró y facilitó» el tráfico de cocaína de Colombia a Haití.
Céant fue sancionado en noviembre de 2022 por el gobierno de Canadá también emitió sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Martelly, por sus presuntos vínculos con bandas criminales. Martelly tampoco le fue prohibida la entrada a la República Dominicana.
En esta sanción del gobierno canandiense se incluyó al también ex primer ministro Laurent Lamothe (2012–2014), siendo este último el único de este grupo que figura en el listado de los sancionados por el Gobierno dominicano.
Los sancionados por EE. UU. y Canadá
Estados Unidos y Canadá han liderado las sanciones contra políticos, empresario y pandilleros haitianos, a los que ha acusado de alterar la estabilidad del país y beneficiarse del ambiente de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Las consecuencias de las sanciones de estos dos países incluye la no admisión a su país y la prohibición de a sus ciudadanos de realizar transacciones con estas personas, así como el congelamiento de todos los bienes que posean en su territorio.
Tanto Canadá como Estados Unidos han impuesto sanciones contra el senador Rony Celestin y el exsenador Richard Lenine Hervé Fourcand por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Haití, ambos están incluidos en la prohibición de entrada emitida por Abinader el viernes.
El expresidente de la Cámara de Diputados de Haití, Gary Bodeau, ha sido sancionado por corrupción por el Gobierno de EE.UU. y desde el pasado viernes 14 de abril también tiene prohibido el ingreso a la República Dominicana.
Liszt Quitel, Charles Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire, Reynold Deeb, Nénel Cassy, Berto Dorcé, Steve Khawly, son nombres que figuran entre los haitianos sancionados por Canadá, que en el mes pasado sumaban 19 y que figuran en la disposición de Abinader de no ingresar a territorio dominicano.
Otros afectados por el impedimento
Otros a los que afectó la medida de Abinader son Gracia Delva; Rodolphe Jaar, quien se declaró culpable del asesinato de Jovenel Moise en EE.UU.; así como Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Assad Volcy, Jean Tholbert Alexis, Victor Prophane, Espérance Pierre, Salim Succar; el senador Antonio Cheramy (a) Don Kato.
Además, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day; el exdirector de aduanas de Haití, Romel Bell, Wakin Pierre y los pandilleros Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno, Joselito Petit-Homme (a) Ti Makak, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y Woodley Ethéart (a) Sonson La Familia.
La disposición de Luis Abinader considera a los involucrados una amenaza para los intereses e instituciones de la República y se da cumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU que impone un conjunto de sanciones aplicadas a ciudadanos haitianos relacionados con la situación de violencia e inseguridad en Haití.
La medida se da tras la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que durante su estancia en el país se reunió con el presidente Luis Abinader, en dicho encuentro abordaron diferentes temas entre ellos relaciones con la seguridad regional, incluida la situación de Haití.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.