Santo Domingo, RD.-El país se opuso a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.Nacionales
El país se opone a «reunión privada» del Consejo de Seguridad ONU sobre Haití
Santo Domingo, RD.-El país se opuso a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.“Nuestro profundo desacuerdo de realizar esta sesión en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo y las respeta. No obstante, frente a la magnitud de los hechos, entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa ya que seriamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras.
En actual contexto la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
El embajador dijo que República Dominicana se reiteraba a disposición de trabajar de mano de este órgano en beneficio de estabilidad del vecino Haití.
Dijo que las autoridades dominicanas no tenían confirmación de entrada o salida de los perpetradores del magnicidio por suelo dominicano. “No tenemos ninguna información al respecto”, dijo a periodistas que cubrieron su declaración.
República Dominicana lamentó y condenó en los términos más enérgicos el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.
“Deseamos expresar más sinceras condolencias al pueblo haitiano. Confiamos que la justicia pueda actuar estableciendo responsabilidades y sometiendo a todas las personas involucradas en magnicidio”, dice la declaración leída en Naciones Unidas.
El Gobierno dominicano señaló que este acto solo puede contribuir a desestabilizar el país vecino, que ya venía afectado por una crisis social y política, que se suma a la inseguridad ciudadana reinante desde hace años.
Además pidió que la comunidad internacional asuma el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región sino para la comunidad internacional.
“Solicitamos que se pueda garantizar la seguridad del pueblo haitiano y que esa seguridad se extienda a nuestro país y la región”, dijo
El Gobierno dominicano pidió brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que necesita el pueblo haitiano. “Eso no debe ser postergado. Hacer caso omiso no debe ser una opción”, indica su declaración.
La República Dominicana lamenta y condena en los términos más enérgicos, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Frente a este hecho deplorable, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias al Pueblo y Gobierno de Haití, así como a las familias de los afectados. Asimismo, confiamos en que la justicia pueda actuar con rapidez estableciendo responsabilidades y sometiendo a la acción de la justicia a todas las personas involucradas en este magnicidio.
Este acto criminal solo puede contribuir a desestabilizar aún más al país vecino, ya afectado por una prolongada crisis política, a lo que se agrega un alto nivel de inseguridad ciudadana, lo cual hemos venido señalando desde nuestra participación como miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad. Además, esta realidad refleja la prolongada situación de inestabilidad en que se encuentra Haití, profundizada por los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19.
De ahí la necesidad de que la comunidad internacional, asuma de una vez y por todas, el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región, sino también para toda la comunidad internacional. De igual manera, solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. Reiteramos nuestro llamamiento sobre la necesidad de brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que requiere el pueblo haitiano. Esto NO debe postergarse ni un instante más. Hacer caso omiso a esta grave situación NO debe ser una opción para el caso de Haití.
Aprovechamos la ocasión, para expresar nuestro profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar esta sesión sobre la situación de Haití en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo de Seguridad y las respeta.
No obstante, frente a la magnitud de los hechos y la crisis que se vive hoy en Haití, país con el que compartimos una extensa frontera terrestre, entendemos que, el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa, ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esa crisis, más allá de sus fronteras.
En el actual contexto, la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional.
Finalmente, reconocemos el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad en favor de la paz y la seguridad internacionales, y en este sentido reiteramos la disposición del Gobierno dominicano de trabajar de la mano con este órgano en beneficio de la estabilidad política de nuestra región.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.