Santo Domingo, RD.-El país se opuso a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.Nacionales
El país se opone a «reunión privada» del Consejo de Seguridad ONU sobre Haití
Santo Domingo, RD.-El país se opuso a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.“Nuestro profundo desacuerdo de realizar esta sesión en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo y las respeta. No obstante, frente a la magnitud de los hechos, entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa ya que seriamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras.
En actual contexto la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
El embajador dijo que República Dominicana se reiteraba a disposición de trabajar de mano de este órgano en beneficio de estabilidad del vecino Haití.
Dijo que las autoridades dominicanas no tenían confirmación de entrada o salida de los perpetradores del magnicidio por suelo dominicano. “No tenemos ninguna información al respecto”, dijo a periodistas que cubrieron su declaración.
República Dominicana lamentó y condenó en los términos más enérgicos el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.
“Deseamos expresar más sinceras condolencias al pueblo haitiano. Confiamos que la justicia pueda actuar estableciendo responsabilidades y sometiendo a todas las personas involucradas en magnicidio”, dice la declaración leída en Naciones Unidas.
El Gobierno dominicano señaló que este acto solo puede contribuir a desestabilizar el país vecino, que ya venía afectado por una crisis social y política, que se suma a la inseguridad ciudadana reinante desde hace años.
Además pidió que la comunidad internacional asuma el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región sino para la comunidad internacional.
“Solicitamos que se pueda garantizar la seguridad del pueblo haitiano y que esa seguridad se extienda a nuestro país y la región”, dijo
El Gobierno dominicano pidió brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que necesita el pueblo haitiano. “Eso no debe ser postergado. Hacer caso omiso no debe ser una opción”, indica su declaración.
La República Dominicana lamenta y condena en los términos más enérgicos, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Frente a este hecho deplorable, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias al Pueblo y Gobierno de Haití, así como a las familias de los afectados. Asimismo, confiamos en que la justicia pueda actuar con rapidez estableciendo responsabilidades y sometiendo a la acción de la justicia a todas las personas involucradas en este magnicidio.
Este acto criminal solo puede contribuir a desestabilizar aún más al país vecino, ya afectado por una prolongada crisis política, a lo que se agrega un alto nivel de inseguridad ciudadana, lo cual hemos venido señalando desde nuestra participación como miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad. Además, esta realidad refleja la prolongada situación de inestabilidad en que se encuentra Haití, profundizada por los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19.
De ahí la necesidad de que la comunidad internacional, asuma de una vez y por todas, el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región, sino también para toda la comunidad internacional. De igual manera, solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. Reiteramos nuestro llamamiento sobre la necesidad de brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que requiere el pueblo haitiano. Esto NO debe postergarse ni un instante más. Hacer caso omiso a esta grave situación NO debe ser una opción para el caso de Haití.
Aprovechamos la ocasión, para expresar nuestro profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar esta sesión sobre la situación de Haití en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo de Seguridad y las respeta.
No obstante, frente a la magnitud de los hechos y la crisis que se vive hoy en Haití, país con el que compartimos una extensa frontera terrestre, entendemos que, el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa, ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esa crisis, más allá de sus fronteras.
En el actual contexto, la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional.
Finalmente, reconocemos el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad en favor de la paz y la seguridad internacionales, y en este sentido reiteramos la disposición del Gobierno dominicano de trabajar de la mano con este órgano en beneficio de la estabilidad política de nuestra región.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.