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RD entre los países de la región que ha logrado reducir el hambre
El director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, afirmó hoy que América Latina demuestra que la protección social que desarrolló la región es un aliado para reducir el hambre mundial.
«Hemos aprendido de América Latina que la protección social ayuda mucho» (para combatir el hambre), dijo Da Silva en la presentación del informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria publicado por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El texto revela que en América Latina la prevalencia de la subalimentación cayó del 13,9 % en 1990-1992 a menos del 5 % en 2014-2016, mientras que el número de personas subalimentadas se redujo desde 58 millones hasta menos de 27 millones.
«América Latina ha superado ampliamente tanto la primera meta de los Objetivos del Milenio como de la Cumbre Mundial sobre Alimentación (CMA)», destaca el informe en referencia a los dos propósitos de la ONU de reducir a la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre y de personas desnutridas.
Los avances globales en la región se deben, según la ONU, a «los buenos resultados económicos generales, el crecimiento constante de la producción agrícola y la aplicación satisfactoria de políticas de protección social».
También contribuyeron la combinación de redes de seguridad con programas especiales para agricultores familiares y pequeños productores y el apoyo específico a grupos vulnerables, junto con intervenciones de seguridad alimentaria, entre los que destacó «los programas de alimentación escolar».
Sin embargo, se observan diferencias importantes entre los países y regiones, pues mientras que América del Sur logró reducir la subalimentación en más del 75 %, la prevalencia en América Central disminuyó en un 38,2 %».
Las tres agencias de Naciones Unidas concluyeron que el objetivo de reducción del hambre se cumplió en Argentina, Brasil, Chile, Guyana, Nicaragua, Perú, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Panamá y Surinam.
Añade que Colombia, Ecuador, Honduras y Paraguay están «en camino» de alcanzar la meta «durante los próximos años si mantienen las tendencias actuales», mientras que Guatemala o El Salvador «no parecen estar en la vía de conseguir las metas internacionales».
Ni América Central ni el Caribe la alcanzaron, aunque «la carga del hambre en casi todos los países del Caribe es menor y, por tanto, resulta más manejable», ya que cayó del 27 % en 1990-92 al 19,8 % en 2014-16.
Por países, sí lo consiguieron Barbados, Cuba, la República Dominicana y San Vicente y las Granadinas, mientras que Jamaica y Trinidad y Tobago «también están muy próximos a alcanzar la meta de los ODM».
En la región caribeña, es Haití el mayor responsable del atraso, «país afectado por catástrofes naturales recurrentes y caracterizado por el crecimiento aún lento de la disponibilidad de alimentos con respecto al crecimiento de la población».
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
- «Estos descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión«, leyó el Consejo de Defensa al juez.
- Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.