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RD gasta 1.3% PIB en accidentes
Montás afirma que el Gobierno diseña una Estrategia de Seguridad Vial para reducir las muertes en las carreteras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició el foro “Pavimentando el Camino hacia la seguridad vial” .
El Gobierno gasta US$700 millones anuales en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del producto interno bruto (PIB), lo que a juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, constituye un serio y complejo problema para el desarrollo del país.
Temístocles Montás lamentó el hecho de que República Dominicana ocupe el segundo lugar en el ranking mundial de muertes en siniestros viales, con una tasa de 41 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que triplica la media de la región, cuya tasa se coloca en 17 muertes por cada 100 mil habitantes.
Durante la clausura del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), donde representantes de 25 países debatieron diversos aspectos relativos a la seguridad vial, Montás explicó que el Gobierno, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) trabajan en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que busca reducir los accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras dominicanas.
Destacó el caso de Corea del Sur, que ha logrado reducir en un 50% los accidentes viales, lo que ha motivado al Gobierno a auxiliarse de la empresa de autopistas de ese país asiático para realizar un diagnóstico que ayude a determinar las causas y lugares donde se genera la mayor cantidad de accidentes.
El funcionario afirmó que el proyecto contempla un Plan Maestro de Educación vial, para concienciar a los conductores desde temprana edad.
Asimismo, destacó que la solución del problema demanda intervenciones en múltiples direcciones, que pasan por una mejor planificación territorial, fomento de la cultura de prevención y colaboración ciudadana.
Insta a aprobar Ley de Tránsito
Montás también insistió en la necesidad de que se apruebe a la mayor brevedad el proyecto de ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que cursa en el Congreso Nacional.
De su lado, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que esa entidad apoyará los esfuerzos del Gobierno dominicano para crear el Observatorio de Seguridad Vial y otras iniciativas institucionales que han contribuido a que países con características similares a la dominicana, hayan logrado reducir los accidentes.
Dijo que además de ese proyecto, el BID colabora con las autoridades dominicanas en la modernización de las regulaciones y el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por la seguridad vial. Esto incluye la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que se encargará de implementar la estrategia.
“República Dominicana enfrenta un reto singular dada su alta tasa de accidentes viales. Con apoyo de países amigos y aliados internacionales, entre ellos el BID, el Gobierno dominicano está haciendo frente a este problema mediante una estrategia integral de seguridad vial”, dijo.
Añadió que los países que han logrado reducir la tasa de siniestros, además de mejorar su infraestructura vial, modernizaron sus regulaciones de tránsito y pusieron como máxima prioridad la aplicación rigurosa de las normas de tránsito.
En abril pasado el Ministerio de Economía informó que la Estrategia de Seguridad Vial implicará una inversión por parte del BID de US$500,000 en ayuda no reembolsable, mientras que el Gobierno dominicano aportará otros US$50,000.
Es un flagelo que se puede combatir
De su lado, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, afirmó que la violencia en los caminos es un flagelo que se puede combatir con educación, mayor rigor en el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito, mejoramiento de la infraestructura vial y adaptación de los vehículos a las vías.
En tanto, el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Félix Hernández, afirmó que el internamiento de un accidentado en una sala de cuidados intensivos tiene un costo diario aproximado de RD$55 mil lo que al mes representa RD$1 millón 650 mil.
Principal causa de muerte prematura
Los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte prematura de la región entre personas de 15 a 29 años, y la segunda causa entre personas de 5 a 14 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020 la tasa de mortalidad aumente de 1.3 a 1.9 millones, sobrepasando las muertes ocasionadas por malaria o tuberculosis.
Asimismo, el organismo internacional estima que en 2030 los costos en salud asociados a la falta de seguridad vial serán superados únicamente por los de atención de individuos con problemas de salud por VIH-sida.
90% de emergencias son por accidentes.
El director del Hospital Ney Arias Lora, Félix Hernández, explicó ayer que de las 300 emergencias diarias que se atienden en ese centro traumatológico, el 90 por ciento corresponde a accidentes de tránsito, de los cuales el 68 por ciento de afectados son motoristas. El galeno explicó que el uso de teléfonos celulares, así como drogas, alcohol y el cansancio son algunos de los factores que provocan los siniestros en las carreteras.
US$700 MM
GASTO ANUAL El Gobierno gasta en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del PIB.
RD$55,000
Gasto DIARIO Es el costo de un día de internamiento en una sala de cuidados intensivos de un lesionado en siniestro vial
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.