Nacionales
RD gasta 1.3% PIB en accidentes
Montás afirma que el Gobierno diseña una Estrategia de Seguridad Vial para reducir las muertes en las carreteras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició el foro “Pavimentando el Camino hacia la seguridad vial” .
El Gobierno gasta US$700 millones anuales en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del producto interno bruto (PIB), lo que a juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, constituye un serio y complejo problema para el desarrollo del país.
Temístocles Montás lamentó el hecho de que República Dominicana ocupe el segundo lugar en el ranking mundial de muertes en siniestros viales, con una tasa de 41 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que triplica la media de la región, cuya tasa se coloca en 17 muertes por cada 100 mil habitantes.
Durante la clausura del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), donde representantes de 25 países debatieron diversos aspectos relativos a la seguridad vial, Montás explicó que el Gobierno, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) trabajan en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que busca reducir los accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras dominicanas.
Destacó el caso de Corea del Sur, que ha logrado reducir en un 50% los accidentes viales, lo que ha motivado al Gobierno a auxiliarse de la empresa de autopistas de ese país asiático para realizar un diagnóstico que ayude a determinar las causas y lugares donde se genera la mayor cantidad de accidentes.
El funcionario afirmó que el proyecto contempla un Plan Maestro de Educación vial, para concienciar a los conductores desde temprana edad.
Asimismo, destacó que la solución del problema demanda intervenciones en múltiples direcciones, que pasan por una mejor planificación territorial, fomento de la cultura de prevención y colaboración ciudadana.
Insta a aprobar Ley de Tránsito
Montás también insistió en la necesidad de que se apruebe a la mayor brevedad el proyecto de ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que cursa en el Congreso Nacional.
De su lado, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que esa entidad apoyará los esfuerzos del Gobierno dominicano para crear el Observatorio de Seguridad Vial y otras iniciativas institucionales que han contribuido a que países con características similares a la dominicana, hayan logrado reducir los accidentes.
Dijo que además de ese proyecto, el BID colabora con las autoridades dominicanas en la modernización de las regulaciones y el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por la seguridad vial. Esto incluye la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que se encargará de implementar la estrategia.
“República Dominicana enfrenta un reto singular dada su alta tasa de accidentes viales. Con apoyo de países amigos y aliados internacionales, entre ellos el BID, el Gobierno dominicano está haciendo frente a este problema mediante una estrategia integral de seguridad vial”, dijo.
Añadió que los países que han logrado reducir la tasa de siniestros, además de mejorar su infraestructura vial, modernizaron sus regulaciones de tránsito y pusieron como máxima prioridad la aplicación rigurosa de las normas de tránsito.
En abril pasado el Ministerio de Economía informó que la Estrategia de Seguridad Vial implicará una inversión por parte del BID de US$500,000 en ayuda no reembolsable, mientras que el Gobierno dominicano aportará otros US$50,000.
Es un flagelo que se puede combatir
De su lado, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, afirmó que la violencia en los caminos es un flagelo que se puede combatir con educación, mayor rigor en el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito, mejoramiento de la infraestructura vial y adaptación de los vehículos a las vías.
En tanto, el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Félix Hernández, afirmó que el internamiento de un accidentado en una sala de cuidados intensivos tiene un costo diario aproximado de RD$55 mil lo que al mes representa RD$1 millón 650 mil.
Principal causa de muerte prematura
Los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte prematura de la región entre personas de 15 a 29 años, y la segunda causa entre personas de 5 a 14 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020 la tasa de mortalidad aumente de 1.3 a 1.9 millones, sobrepasando las muertes ocasionadas por malaria o tuberculosis.
Asimismo, el organismo internacional estima que en 2030 los costos en salud asociados a la falta de seguridad vial serán superados únicamente por los de atención de individuos con problemas de salud por VIH-sida.
90% de emergencias son por accidentes.
El director del Hospital Ney Arias Lora, Félix Hernández, explicó ayer que de las 300 emergencias diarias que se atienden en ese centro traumatológico, el 90 por ciento corresponde a accidentes de tránsito, de los cuales el 68 por ciento de afectados son motoristas. El galeno explicó que el uso de teléfonos celulares, así como drogas, alcohol y el cansancio son algunos de los factores que provocan los siniestros en las carreteras.
US$700 MM
GASTO ANUAL El Gobierno gasta en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del PIB.
RD$55,000
Gasto DIARIO Es el costo de un día de internamiento en una sala de cuidados intensivos de un lesionado en siniestro vial
elcaribe.com.do
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.