Opinión
RD sigue quemándose en las evaluaciones
El país sigue obteniendo las peores evaluaciones internacionales, esta semana en homicidios, muertes por accidentes automovilísticos, desvíos del presupuesto y en corrupción que amenaza la estabilidad económica y la democracia
Por Juan Bolívar Díaz
La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.
Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.
Inseguridad ciudadana
En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.
Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.
El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.
Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.
Desvío del Presupuesto
Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.
Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.
Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.
El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.
El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.
Partido único y corrupción
Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.
El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.
“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.
El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.
Actitud de resignación
En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.
En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.
La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.
En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.
Genera sus propios delincuentes
Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.
En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.
El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.
Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.-
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.