Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, acusó este miércoles al exprocurador Jean Alain Rodríguez de mentir y de buscar retrasar el proceso judicial en su contra, al asegurar que evita enfrentar las pruebas del caso, a las que, dijo, «le huye como el diablo a la cruz».

«Espero que en algún momento encuentre algo de valor para enfrentar las pruebas de este proceso, que es a lo que él les huye como el diablo a la cruz», expresó Camacho a su salida del Segundo Tribunal Colegiado, apoderado del juicio.

Camacho sostuvo que Rodríguez ha mentido durante todo el proceso y que este miércoles no fue la excepción.

«Es un derecho que la ley le consagra, pero viene al tribunal a mentir. La defensa habla de incidentes que son exactamente los mismos que fueron rechazados en la etapa intermedia. Los presentan aquí con un interés manifiesto de retardar el proceso«, señaló.

Agregó que las defensas fueron obligadas a presentar sus incidentes en bloques y que luego solicitaron un aplazamiento para organizarse, lo que, a su juicio, evidencia que ni siquiera tenían listos dichos planteamientos.

«Parece que esos incidentes ni siquiera están preparados, ni se sabe cuál es su contenido para presentarlos ante el tribunal«, afirmó.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez rechazó los señalamientos del Ministerio Público y sostuvo que su defensa nunca ha dilatado el proceso, al asegurar que la presentación de incidentes es un momento procesal legítimo e importante.

«Siempre hemos estado presentes en todas las audiencias y nunca hemos dilatado. Lo que decimos no son palabras, son hechos«, expresó.

Rodríguez afirmó que fue el Ministerio Público el que inició las dilaciones desde noviembre de 2020, cuando, según indicó, se le impuso un impedimento de salida ilegal.

Indicó que la acusación fue depositada en un disco duro y no en papel, y que dicho soporte contenía defectos que fueron reconocidos por un juez.

Aseguró también que varios tribunales han establecido que las dilaciones han sido responsabilidad del Estado, a través del Ministerio Público.

«Todos los jueces que han conocido nuestras audiencias han dicho que nosotros no hemos dilatado nunca. Peor aún, han dicho que ha sido el Ministerio Público el que ha dilatado», sostuvo.

Sostuvo que la prolongación del proceso ha generado un gasto innecesario de recursos del Estado y reiteró que está dispuesto a enfrentar las acusaciones.

«Estamos aquí para demostrarle a los jueces y a la ciudadanía que los hechos que se nos imputan son falsos, manipulados o distorsionados«, dijo.

Jean Alain Rodríguez, acusado de presuntamente estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, fue enviado a juicio de fondo el 28 de junio de 2024 por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, juicio que hasta la fecha no acaba de arrancar.

• El tribunal aplazó el conocimiento del juicio para este lunes 16, a fin de que las defensas concluyan la presentación de sus incidentes. En la audiencia de este miércoles, cinco defensas iniciaron sus exposiciones.

El abogado Carlos Balcácer, representante legal de Rodríguez, informó que aún tienen 18 incidentes pendientes de presentar.

Santo Domingo, r.D.-Este miércoles la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso  presentación periódica e impedimento de salida como medidas de coerción a los imputados en el caso Barra Payán, acusados de un presunto mal manejo de las ganancias del emblemático establecimiento de sándwiches y jugos naturales.

Las medidas fueron dictadas contra los hermanos Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, señalado como el responsable financiero del negocio. Todos acusados de un presunto desfalco que asciende a casi 40 millones de pesos.

La jueza Fátima Veloz otorgó seis meses al Ministerio Público para que culmine la investigación.

• Los querellantes son hermanos del padre de Marcos y Juan Ismael Frías García, identificados como Juan Abraham Frías Paulino, Juan Carlos Frías Beltrán, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Santiago Frías Paulino, quienes también figuran como socios de la empresa.

Santiago, R.D.-Los abogados de la niña haitiana que murio ahogada durante una excursión del colegio donde estudiaba de nombre Leonardo Da Vinci,  luego de tres meses y cuatro días de su fallecimiento, cuyo nombre era Stephora Anne-Mircie Joseph, denunciaron un retardo injustificado en las investigaciones del caso y la falta de respuesta a una a una solicitud de medidas de coercion contra otros presuntos implicados no incluido por el Ministerio Público.

Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que, desde el momento en que se conoció la medida de coerción impuesta a tres profesoras vinculadas al hecho, solicitaron formalmente que se procediera también contra las autoridades administrativas del centro educativo y otros responsables del lugar donde ocurrió la tragedia.

“Desde el día 10 de diciembre que se conoció la medida de coerción contra tres profesoras, nosotros solicitamos ese mismo día una solicitud de medida de coerción para los representantes directos del colegio, dígase el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director del centro Freddy Núñez y los encargados de la Hacienda Los Caballos”, explicó Valdemar.

Asimismo, indicó que a más de dos meses de haberse conocido medidas de coerción contra tres de las cuatro maestras imputadas, no se han producido avances concretos respecto a esa solicitud, lo que calificó como una dilación procesal injustificada.

“Al día de hoy, lo que se ha hecho es ir rebotando esta solicitud. La jueza de Atención Permanente la refirió al juez coordinador de Instrucción de Santiago y este luego la ha remitido al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción”, añadió.

Además, advirtió que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, por lo que existe el riesgo de que el expediente vuelva a ser remitido sin que se adopte una decisión de fondo.

“Ustedes sabrán que este Cuarto Juzgado en Santiago solamente se dedica a los casos de violencia de género y delitos sexuales, así que lo más seguro es que reboten nuevamente el expediente”, concluyó.

En ese sentido, los abogados aseguran que desde el inicio de este proceso han solicitado al Ministerio Público una serie de diligencias procesales las cuales a pesar de haber notificado formalmente se niegan a dar cumplimiento.

“Hemos solicitado que sean interrogados los niños que participaron en esta actividad para ver su parecer, el video completo de todo lo que pasó, entre otras series de diligencias”, dijo.

El abogado Shesnell Calcaño calificó como preocupante la dilación existente por el Tribunal Constitucional del cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido públicamente que no existen retrasos en los procesos judiciales.

“En virtud de precedentes existentes que establece que las víctimas y querellantes pueden solicitar medidas de coerción personales o reales en contra de otros imputados en un caso que no hayan sido incluidos por el Ministerio Público” sostuvo.

Finalmente, los abogados recordaron su compromiso en la consecución de este caso para que este fatídico hecho no vuelva a pasar a ningún otro niño.

“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol, que es exigir justicia, que se cumpla con toda la parte procesal y que se le dé respuesta a esta familia. Porque lo que pasó con Stephora no puede volver a pasar con ningún otro niño en un colegio, ya sea público o privado” concluyó Calcaño.

Hacienda Los Caballos

En tanto, fueron retirados los letreros de “Cerrado” que permanecían en la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizaba la excursión en la que falleció la menor, pese a que desde la Defensa Civil aseguran que no han recibido ninguna solicitud de reevaluación que permita autorizar la reapertura del establecimiento.

El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.

La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames; Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, en tanto que, Gisela González, fue dejada en libertad.

El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.