SANTO DOMINGO. Diversas opiniones a favor y en contra ha generado la observación del Poder Ejecutivo a la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano y su devolución a la Cámara de Diputados.

En el Senado hubo cuestionamientos a la decisión de Leonel Fernández, de no promulgar la Ley, alegando que contiene aspectos inconstitucionales.

Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, dijo que respeta la decisión del Ejecutivo, que actuó en base a una facultad constitucional. Sin embargo no se refirió al contenido de la observación alegando que no la conoce en detalles.

Mientras que Julio César Valentín considera que con la observación se impuso una élite burocrática del Gobierno que debería vivir en Alemania o Suecia.

Para Valentín, la Ley Salarial no establece montos de sueldos, sino topes, por lo que el Congreso no tendría que identificar las fuentes de los recursos para ellos.

«Con esta decisión triunfaron los sectores élites de la burocracia dominicana que reciben lujosos salarios, que deberían estar viviendo en países desarrollados como Francia y Alemania, y que se oponen a la transparencia», expresó el representante por Santiago.

Mientras, Sosa, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado y co- autor de la última versión del proyecto sancionado por el Congreso, dijo que «la operación fue un éxito, pero el paciente murió».

Entiende el legislador que esa Ley irá a los archivos muertos, porque si se aprueba no se podrá aplicar de inmediato.

Aseguró que el proyecto se consensuó con representantes del hasta ayer Poder Ejecutivo y del nuevo presidente Danilo Medina, por lo que entendía era constitucional.

Ramón Ventura Camejo

El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, confirmó que la Ley de Regulación Salarial del Estado no identifica las fuentes de financiamiento como es mandatorio cuando una iniciativa implica erogación de fondos, en violación al artículo 237 de la Constitución.

Explicó que la propuesta original establecía de dónde saldrán los fondos para su aplicación y disponía la ley entrara en vigencia el primero de enero del 2013, conjuntamente con un nuevo período fiscal.

«Prontamente se tendrá una ley de salarios bajo la experiencia de un tema que era desconocido en el país», expresó Camejo.

Para el ministro, el ciudadano tiene derecho a estar informado de cuál es el gasto público del Banco Central y demás instituciones del sector financiero y los demás entes del Estado, que es precisamente lo que busca la ley.

La propuesta del PE

En la observación, el Poder ejecutivo propone que sea modificada para que su aplicación alcance los órganos y entes que conforman la administración pública central y descentralizada, con excepción de los órganos previstos en la Constitución, los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y los órganos del ámbito policial y militar.

Además, que se puedan identificar los recursos para su ejecución y de ser necesario regule su entrada en vigencia para una fecha que asegure que los recursos puedan estar disponibles.

Favorece sea estudiada a fondo

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez Cabral considera que la Ley de Regulación Salarial del Estado debe estudiarse a fondo, para que quede incluido todo el mundo, pero al mismo tiempo no se tronche lo que se ha logrado en algunas agencias del Gobierno, porque al final se necesitan gente de capacidad y competitiva para que podamos trabajar en todos los aspectos. «Creo que hacerla y aprobarla apresuradamente como se ha tratado de hacer no es lo correcto», expresó el dirigente empresarial, al asistir a la toma de posesión del presidente Danilo Medina, en el Congreso nacional. Sobre una eventual reforma fiscal, entiende que hay que trabajar en conjunto, para lograr y superar todos los retos que tiene el país.