Editorial
Realidad o ilusión
La sociedad dominicana se mantiene a la expectativa en torno al gobierno que inició su gestión el pasado 16 de agosto encabezado por l licenciado Danilo Medina.
Las probabilidades de que se tomen medidas no sustanciales, pero por lo menos interesantes, son esperadas por muchos en virtud de que durante la pasada campaña electoral fueron múltiples las promesas para introducir cambios en la administración pública.
Cambios que se espera podrían repercutir muy positivamente en perjuicio del flagelo de la corrupción, el cual se ha constituido en el lastre más pesado para el Estado.
Sin embargo, la pregunta generalizada es si el nuevo presidente Medina podrá doblegar o ubicar en un plano secundario los poderosos intereses que hay detrás del saliente mandatario Leonel Fernández.
Son innumerable la cantidad de funcionarios señalados por el rumor público como responsables de escandalosos actos de corrupción, cuya principal evidencia es la ostentación de riquezas sin ninguna base de sustentación.
Otra pregunta que habría que hacerse es si Danilo Medina está realmente preparado para desplazar a muchos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes están seriamente comprometidos con el presidente Fernández y con su política de promoción de la corrupción.
Eso sería lo menos que debía pasar, aunque lo ideal fuera que todos fueran investigados y los culpables de hurtos del patrimonio público sean procesados por los tribunales competentes.
Todo lo que se inscribe en ese contexto no supera una ingenua aspiración, más que una real posibilidad.
Independientemente de las proyectadas buenas intenciones de Medina, realmente no podría producirse un cambio importante en el Estado que mejore las condiciones de vida del pueblo dominicano.
Sobre todo, si tomamos en cuenta que el robo de los dineros del erario es la principal retranca para que las grandes mayorías nacionales tengan mejores servicios públicos y un Estado más garantista y en capacidad de cumplir con su rol social
Sin dudas que Danilo Medina tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, que de no ser asumida con la misma dimensión de las expectativas creadas podríamos estar frente a un escenario sumamente peligroso en lo que tiene que ver con los niveles de protestas sociales y con la credibilidad del sistema de partidos de la República Dominicana.
La transformación del PLD a un partido de masas y su paso por el poder nos indica que su filosofía clientelar no augura mucho futuro para el país en virtud de que Danilo Medina gobernará con peledeístas, muchos de los cuales no están libres de culpa, y no con los sectores más decentes de la sociedad dominicana.
De manera, que la propia característica del Partido de la Liberación Dominicana nos indica que los posibles cambios que introduciría el presidente Medina no pueden diferir sustancialmente de la organización que lo llevó al poder.
Siendo así, las aspiraciones y expectativas de cambios de la gente podría ser una infantil ilusión, más que una realista posibilidad.
De todos modos lo que nos queda es esperar.
Hay que ver para creer.
Y punto.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.