Editorial
¿Realmente estamos frente a una nueva forma de hacer política?
Los candidatos a diferentes cargos electivos han dado un gran giro a la actividad política en la República Dominicana, porque han pasado de no plantear soluciones a los problemas nacionales a propuestas muy puntuales.
En realidad, se trata de un cambio sustancial en el escenario político-electoral del país, porque durante años o tal vez décadas sólo se escuchaba un discurso de diagnósticos, no de la receta.
Sin embargo, en este marco habría que preguntarse si esas propuestas son del todo creíbles, ya que el hecho de que las mismas provengan de aspirantes que son miembros de los partidos que son responsables de la gran tragedia nacional, que no es más que la improvisación y la demagogia, crea un manto de incertidumbre.
¿Merece algún tipo de credibilidad la propuesta que proviene de un candidato de un partido que durante su paso por el Estado sólo ha promovido corrupción generalizada e impunidad?.
Es lógico preguntarse si una persona que busca ser electo a un cargo público que venga de un partido cuestionable tiene la suficiente moral para proponer cambios y cumplir además lo prometido.
Ahí esta el gran problema del asunto, sobre todo si se asume que cuando una persona se convierte en candidato de un partido corrompido es representante de lo bueno y de lo malo de la organización que lo postula.
En los partidos comprometidos con lo mal hecho se estila regularmente que su candidato también responda a los intereses que representa, entre los que están la defensa de los dineros sustraídos del Estado.
Es un problema bastante complejo que lesiona la credibilidad de los candidatos sin importar que tan importantes e innovadoras sean sus propuestas.
Por esta razón resulta difícil en el marco de la duda la posibilidad de que las propuestas de los nuevos aspirantes puedan ser asumidas como creíbles por la población votante.
En tal virtud, hay que recibir con cierta reserva las propuestas que han surgido de boca de una serie de candidatos que responden a los mismos grupos que han controlado el Estado por varias décadas o que en algún momento pudieron hacer cambios que no hicieron.
De manera, que la gama de propuestas programáticas, algunas de las cuales muy interesantes, provienen de aspirantes que también tienen un cierto compromiso con el pasado, con la sustracción del patrimonio público.
Sólo el curso de la historia nos dirá si realmente el panorama político nacional ha dado un giro cualitativa en favor de los intereses de la nación.
Porque estamos hablando de los mismos actores del escenario político nacional, los que no han tenido escrúpulo en el manejo de las riquezas nacionales.
¿A caso no se podría estar hablando del mismo diablo con fisonomía diferente, con un perfil de bueno y bondadoso, pero que en el fondo representa lo mismo?
Ya veremos!
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.