Opinión
Rebelión popular en Haití apunta contra forma imperial a favor del caos
Por: Narciso Isa Conde
En Haití, el pasado viernes 16 de septiembre, los movimientos sociales en lucha, coordinados en el espacio de unidad que responde al nombre de «KONBIT DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES Y POPULARES», emitió una nota de prensa, cuyos párrafos fundamentales merecen ser destacados en este esfuerzo de aproximación a lo que acontece en ese país hermano, estremecido por una nueva rebelión de su empobrecido pueblo:
– El KONBIT (1) saludó «el coraje y la determinación del pueblo que reivindica en las calles sus derechos y que se puso de pie para exigir el derrocamiento de este sistema de opresión.
– Planteó que el presidente Ariel Henry» debe dejar el poder de inmediato, un nuevo equipo de gobierno debe tomar la jefatura del Estado permitiendo así una transición soberana para sentar las bases de otro Estado que exige el pueblo».
– Aplaudió a las masas populares «que se levantaron en los cuatro rincones del país para denunciar la inseguridad, el hambre, el aumento criminal de los precios de los combustibles y la injerencia del CORE GROUP (2) y, sobre todo, para exigir la salida de Ariel Henry y sus acólitos de la dirección del Estado».
-Denunció que el PHTK (3), partido de gobierno, la burguesía mafiosa y sus aliados de la comunidad internacional «pretenden hacer de nuestro país un infierno donde los pandilleros, que son los operadores políticos del PHTK y del CORE GROUP, hacen lo que quieren» como forma de crear «todo tipo de inseguridad que les permita robar varias riquezas de nuestro país.»
– El Konbit exhortó a la población en general a que «levante aún más altas las barricadas para obligar a Ariel Henry a dejar el poder de inmediato.»
-Llamó a los actores del Acuerdo de Montana (4) y a todos los sectores que velan por los intereses del país «que comprendan la necesidad de una unidad urgente para encontrar rápidamente una solución correcta en el interés de las masas que se levantan en todo el país» para «encontrar rápidamente un acuerdo sobre el equipo de gobierno que debe reemplazar rápidamente al equipo de facto de Ariel Henry», y acordar «un programa político, económico, social que debe implementarse para aliviar al pueblo que está reclamando sus derechos en las calles…»
La nota de prensa fue responsablemente firmada por cinco de los líderes del KONBIT: Patrick Joseph / Guy Numa /Jean-Paul Bastien/ Olrich Jean Pierre /Josué Merilien.
· EL VALOR DE LA ACTITUD DEL KONBIT.
Esta nota tiene la virtud de poner en evidencia a los responsables de un caos fríamente calculado y provocado, a cuyos protagonistas y beneficiarios de dentro y fuera de Haití solo podría derrotar una gran determinación del pueblo haitiano movilizado, que concite a la vez un gran respaldo de fuerzas antiimperialistas, alternativas a la Comunidad Internacional imperialista.
El pueblo haitiano ha sido víctima histórica del colonialismo que no le permitió consolidar su hazaña del 1804 (primera independencia de nuestra América, revolución social antiesclavista, república soberana negra) y también de una larga y cruel etapa de neocolonialismo imperialista; que ahora, a cargo de EE.UU –tal y como lo describe Jorge Beinstein(5) en su libro «ILUSIÓN DEL METACONTROL IMPERIAL DEL CAOS» – incluye modificaciones en su sistema de intervención militar para sembrar el caos (Marxismo Crítico, 11-03-2013).
· JORGE BEINSTEIN, HAITÍ Y LAS MUTACIONES DE LAS GUERRAS IMPERIALISTAS.
Beinstein define de la siguiente manera la fórmula con la que el Pentágono ha variado su sistema de intervención militar más allá de «la guerra de baja intensidad» aplicada en Nicaragua y Centro América en la décadas de los 80, desarrollando y superando también la llamada «guerra de cuarta generación» en boga en las últimas décadas:
-Es una guerra –puntualiza de entrada- en la que «son borradas las fronteras entre las áreas civil y militar: toda la sociedad enemiga en especial su identidad cultural pasa a ser el objetivo de la guerra.»
La define como una guerra «descentralizada, poniendo el énfasis en la utilización de fuerzas militares «no estatales» (es decir paramilitares), empleando tácticas de desgaste propias de las guerrillas, etc. A ello se agrega el empleo intenso del sistema mediático tanto focalizado contra la sociedad enemiga como abarcando a la llamada «opinión pública global» (el pueblo enemigo es al mismo tiempo atacado psicológicamente y aislado del mundo) combinado con acciones de guerra de alto nivel tecnológico.»
«En este último caso-agrega– se trata de aprovechar la gigantesca brecha tecnológica existente entre el imperio y la periferia para golpearla sin peligro de respuesta, es lo que los especialistas denominan confrontación asimétrica «high-tech/no-tech». (OBRA CITADA)
En lo que se refiere a Haití, es notorio que ha sido una intervención persistente de una especie de «lumpen imperialismo», que promueve un capitalismo para élites gansterizadas.
De una intervención cívico-militar dirigida «contra la identidad cultural» de esa Nación «como objetivo de guerra» que combina unidades militares gubernamentales (policía regular) con bandas paramilitares y mercenarios extranjeros (sobre todo colombianos).
Y uno de los recursos de esa intervención para torpedear y dinamitar la fuerte identidad nacional de ese pueblo hermano, es la desintegración social vía formación de bandas armadas; que bandas que delimitan sus propios territorios, fracturan la sociedad y hacen la guerra entre sí y contra todos los objetivos útiles para manutención y enriquecimiento.
La más reciente intervención militar de EEUU, apoyada por Francia, Canadá, Brasil y otros países -bendecida y bautizada por la ONU con el nombre de MINUSTAH (6)- fue usada para apoyar la Mafia Política-Empresarial del PHTK (Partido de las Cabezas Raspadas) y sostener los gobiernos gansteriles de Martely y Moises; continuados ahora por el repudiado e inepto régimen que preside Ariel Henry, con apoyo estadounidense y protección mediática global.
La MINUSTAH se encargó de crear la Policía Nacional, que al servicio de los gobiernos de turnos, la CÍA, la Mosaad (7) y la fábrica de mercenarios colombianos, se involucró en la formación, alimentación y protección de las bandas civiles ya descritas; avitualladas desde La Florida-EE.UU, mediante contrabando tolerado de modernos equipos militares. Modalidad paramilitar haitiana concebida para generar caos.
«La conformación –añade Beinstein- de fuerzas clandestinas no-mercenarias de elite, respaldadas por un aparato tecnológico sofisticado capaz de descargar golpes puntuales demoledores contra el enemigo… son buenos instrumentos terroristas pero no remplazan las funciones de un ejército de ocupación…» Pero así – y eso es lo que se persigue- la guerra «se elitiza, se transforma en un conjunto de operaciones mafiosas, se aleja físicamente de la población norteamericana y su cúpula dominante empieza a percibirla como un juego virtual dirigido por gangsters.»
Todavía, tal fase de ese tipo de guerra imperialista, que NO es similar a una guerra civil entre facciones intestinas, no ha sido desplegada por EEUU en Haití, pero podría estar en gestación; como cualquier otra modalidad que implique mayor presencia de fuerzas militares regulares, si es que el caos bajo «control» imperial se descontrola a consecuencia de una rebelión popular soberana con fuerza para derrotar el régimen impuesto.
· PERSPECTIVAS DE LA FÓRMULA IMPERIAL EN HAITÍ Y MÁS ALLÁ.
De todas maneras Jorge Beinstein enfatizó «que el horizonte objetivo…de la «nueva estrategia» no es el establecimiento de sólidos regímenes vasallos, ni la instalación de ocupaciones militares duraderas controlando territorios de manera directa sino más bien desestabilizar, quebrar estructuras sociales, identidades culturales, degradar o eliminar dirigentes, las experiencias de Irak y Afganistán (y México) y más recientemente las de Libia y Siria confirman esta hipótesis.»
Que más bien «se trata de la estrategia del caos periférico, de la transformación de naciones y regiones más amplias en áreas desintegradas, balcanizadas, con estados-fantasmas, clases sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas sin capacidad de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de Occidente que podrían así depredar impunemente sus recursos naturales, mercados y recursos humanos (residuales). Este imperialismo tanático del siglo XXI, se corresponde con tendencias desintegradoras en las sociedades capitalistas dominantes, en primer lugar la de los Estados Unidos.»
Tal reflexión debe tenerse bien presente acerca del modo proceder de un imperialismo occidental decadente frente a toda la isla que compartimos con Haití, en la que no es secreto la existencia de litio, tierras raras y titanio, e identidades culturales rechazadas por un poder transnacional implacable en el que se incuba cada vez con más intensidad el delirio de la supremacía blanca, como componente de la expansión del neo-fascismo imperialista.
Porque ciertamente, como sentenció este gran pensador argentino y continental, «se presenta entonces la ilusión de una suerte de meta-control estratégico desde las grandes alturas, desde las cumbres de Occidente sobre las tierras bajas, periféricas, donde pululan miles de millones de seres humanos cuyas identidades culturales e instituciones son vistas como obstáculos a la depredación. Las elites de Occidente, el imperio colectivo hegemonizado por los Estados Unidos, están cada día más convencidas de que dicha depredación prolongará su vejez, alejará el fantasma de la muerte».
El desafío de estos millones de seres humanos y sus nuevas vanguardias revolucionarias es sumar luchas y rebeldías transformadoras, para mediante una insurgencia cada vez más global, acortar al máximo esa vejez imperial con todas sus crueldades.
Un nuevo paso en esa dirección es la actual protesta multitudinaria del empobrecido pueblo haitiano por el desplazamiento del régimen imperante y la construcción de una transición y una alternativa soberanas, al margen y arrinconando –como está aconteciendo- a los pandilleros que sirven al Core Group, al PHTK y al imperialismo occidental.
(1) KONBIT: Convite, unión, junta de movimientos sociales.
(2) CORE GROUP: formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OE
(3) PHTK (3): Partido de las Cabezas Peladas de Haití, actualmente en el gobierno.
(4) ACUERDO DE MONTANA: firmado por cientos de organizaciones y gremios para las plataformas y para designar personalidades para los puestos de Jefe de Estado y primer ministro como parte de su propuesta de gobierno de transición de dos años, que permita sortear la aguda crisis de Haití.
(5) MINUSTAH: fuerza de intervención militar de EEUU y otros países avalada por la ONU (2004-2017)
(6) JORGE BEINSTEIN: combatiente revolucionario, intelectual marxista, académico, y economista-investigador argentino, ya fallecido.
(7) MOSAD: agencia de inteligencia israelí.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.