Opinión
Rebelión popular en Haití apunta contra forma imperial a favor del caos
Por: Narciso Isa Conde
En Haití, el pasado viernes 16 de septiembre, los movimientos sociales en lucha, coordinados en el espacio de unidad que responde al nombre de «KONBIT DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES Y POPULARES», emitió una nota de prensa, cuyos párrafos fundamentales merecen ser destacados en este esfuerzo de aproximación a lo que acontece en ese país hermano, estremecido por una nueva rebelión de su empobrecido pueblo:
– El KONBIT (1) saludó «el coraje y la determinación del pueblo que reivindica en las calles sus derechos y que se puso de pie para exigir el derrocamiento de este sistema de opresión.
– Planteó que el presidente Ariel Henry» debe dejar el poder de inmediato, un nuevo equipo de gobierno debe tomar la jefatura del Estado permitiendo así una transición soberana para sentar las bases de otro Estado que exige el pueblo».
– Aplaudió a las masas populares «que se levantaron en los cuatro rincones del país para denunciar la inseguridad, el hambre, el aumento criminal de los precios de los combustibles y la injerencia del CORE GROUP (2) y, sobre todo, para exigir la salida de Ariel Henry y sus acólitos de la dirección del Estado».
-Denunció que el PHTK (3), partido de gobierno, la burguesía mafiosa y sus aliados de la comunidad internacional «pretenden hacer de nuestro país un infierno donde los pandilleros, que son los operadores políticos del PHTK y del CORE GROUP, hacen lo que quieren» como forma de crear «todo tipo de inseguridad que les permita robar varias riquezas de nuestro país.»
– El Konbit exhortó a la población en general a que «levante aún más altas las barricadas para obligar a Ariel Henry a dejar el poder de inmediato.»
-Llamó a los actores del Acuerdo de Montana (4) y a todos los sectores que velan por los intereses del país «que comprendan la necesidad de una unidad urgente para encontrar rápidamente una solución correcta en el interés de las masas que se levantan en todo el país» para «encontrar rápidamente un acuerdo sobre el equipo de gobierno que debe reemplazar rápidamente al equipo de facto de Ariel Henry», y acordar «un programa político, económico, social que debe implementarse para aliviar al pueblo que está reclamando sus derechos en las calles…»
La nota de prensa fue responsablemente firmada por cinco de los líderes del KONBIT: Patrick Joseph / Guy Numa /Jean-Paul Bastien/ Olrich Jean Pierre /Josué Merilien.
· EL VALOR DE LA ACTITUD DEL KONBIT.
Esta nota tiene la virtud de poner en evidencia a los responsables de un caos fríamente calculado y provocado, a cuyos protagonistas y beneficiarios de dentro y fuera de Haití solo podría derrotar una gran determinación del pueblo haitiano movilizado, que concite a la vez un gran respaldo de fuerzas antiimperialistas, alternativas a la Comunidad Internacional imperialista.
El pueblo haitiano ha sido víctima histórica del colonialismo que no le permitió consolidar su hazaña del 1804 (primera independencia de nuestra América, revolución social antiesclavista, república soberana negra) y también de una larga y cruel etapa de neocolonialismo imperialista; que ahora, a cargo de EE.UU –tal y como lo describe Jorge Beinstein(5) en su libro «ILUSIÓN DEL METACONTROL IMPERIAL DEL CAOS» – incluye modificaciones en su sistema de intervención militar para sembrar el caos (Marxismo Crítico, 11-03-2013).
· JORGE BEINSTEIN, HAITÍ Y LAS MUTACIONES DE LAS GUERRAS IMPERIALISTAS.
Beinstein define de la siguiente manera la fórmula con la que el Pentágono ha variado su sistema de intervención militar más allá de «la guerra de baja intensidad» aplicada en Nicaragua y Centro América en la décadas de los 80, desarrollando y superando también la llamada «guerra de cuarta generación» en boga en las últimas décadas:
-Es una guerra –puntualiza de entrada- en la que «son borradas las fronteras entre las áreas civil y militar: toda la sociedad enemiga en especial su identidad cultural pasa a ser el objetivo de la guerra.»
La define como una guerra «descentralizada, poniendo el énfasis en la utilización de fuerzas militares «no estatales» (es decir paramilitares), empleando tácticas de desgaste propias de las guerrillas, etc. A ello se agrega el empleo intenso del sistema mediático tanto focalizado contra la sociedad enemiga como abarcando a la llamada «opinión pública global» (el pueblo enemigo es al mismo tiempo atacado psicológicamente y aislado del mundo) combinado con acciones de guerra de alto nivel tecnológico.»
«En este último caso-agrega– se trata de aprovechar la gigantesca brecha tecnológica existente entre el imperio y la periferia para golpearla sin peligro de respuesta, es lo que los especialistas denominan confrontación asimétrica «high-tech/no-tech». (OBRA CITADA)
En lo que se refiere a Haití, es notorio que ha sido una intervención persistente de una especie de «lumpen imperialismo», que promueve un capitalismo para élites gansterizadas.
De una intervención cívico-militar dirigida «contra la identidad cultural» de esa Nación «como objetivo de guerra» que combina unidades militares gubernamentales (policía regular) con bandas paramilitares y mercenarios extranjeros (sobre todo colombianos).
Y uno de los recursos de esa intervención para torpedear y dinamitar la fuerte identidad nacional de ese pueblo hermano, es la desintegración social vía formación de bandas armadas; que bandas que delimitan sus propios territorios, fracturan la sociedad y hacen la guerra entre sí y contra todos los objetivos útiles para manutención y enriquecimiento.
La más reciente intervención militar de EEUU, apoyada por Francia, Canadá, Brasil y otros países -bendecida y bautizada por la ONU con el nombre de MINUSTAH (6)- fue usada para apoyar la Mafia Política-Empresarial del PHTK (Partido de las Cabezas Raspadas) y sostener los gobiernos gansteriles de Martely y Moises; continuados ahora por el repudiado e inepto régimen que preside Ariel Henry, con apoyo estadounidense y protección mediática global.
La MINUSTAH se encargó de crear la Policía Nacional, que al servicio de los gobiernos de turnos, la CÍA, la Mosaad (7) y la fábrica de mercenarios colombianos, se involucró en la formación, alimentación y protección de las bandas civiles ya descritas; avitualladas desde La Florida-EE.UU, mediante contrabando tolerado de modernos equipos militares. Modalidad paramilitar haitiana concebida para generar caos.
«La conformación –añade Beinstein- de fuerzas clandestinas no-mercenarias de elite, respaldadas por un aparato tecnológico sofisticado capaz de descargar golpes puntuales demoledores contra el enemigo… son buenos instrumentos terroristas pero no remplazan las funciones de un ejército de ocupación…» Pero así – y eso es lo que se persigue- la guerra «se elitiza, se transforma en un conjunto de operaciones mafiosas, se aleja físicamente de la población norteamericana y su cúpula dominante empieza a percibirla como un juego virtual dirigido por gangsters.»
Todavía, tal fase de ese tipo de guerra imperialista, que NO es similar a una guerra civil entre facciones intestinas, no ha sido desplegada por EEUU en Haití, pero podría estar en gestación; como cualquier otra modalidad que implique mayor presencia de fuerzas militares regulares, si es que el caos bajo «control» imperial se descontrola a consecuencia de una rebelión popular soberana con fuerza para derrotar el régimen impuesto.
· PERSPECTIVAS DE LA FÓRMULA IMPERIAL EN HAITÍ Y MÁS ALLÁ.
De todas maneras Jorge Beinstein enfatizó «que el horizonte objetivo…de la «nueva estrategia» no es el establecimiento de sólidos regímenes vasallos, ni la instalación de ocupaciones militares duraderas controlando territorios de manera directa sino más bien desestabilizar, quebrar estructuras sociales, identidades culturales, degradar o eliminar dirigentes, las experiencias de Irak y Afganistán (y México) y más recientemente las de Libia y Siria confirman esta hipótesis.»
Que más bien «se trata de la estrategia del caos periférico, de la transformación de naciones y regiones más amplias en áreas desintegradas, balcanizadas, con estados-fantasmas, clases sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas sin capacidad de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de Occidente que podrían así depredar impunemente sus recursos naturales, mercados y recursos humanos (residuales). Este imperialismo tanático del siglo XXI, se corresponde con tendencias desintegradoras en las sociedades capitalistas dominantes, en primer lugar la de los Estados Unidos.»
Tal reflexión debe tenerse bien presente acerca del modo proceder de un imperialismo occidental decadente frente a toda la isla que compartimos con Haití, en la que no es secreto la existencia de litio, tierras raras y titanio, e identidades culturales rechazadas por un poder transnacional implacable en el que se incuba cada vez con más intensidad el delirio de la supremacía blanca, como componente de la expansión del neo-fascismo imperialista.
Porque ciertamente, como sentenció este gran pensador argentino y continental, «se presenta entonces la ilusión de una suerte de meta-control estratégico desde las grandes alturas, desde las cumbres de Occidente sobre las tierras bajas, periféricas, donde pululan miles de millones de seres humanos cuyas identidades culturales e instituciones son vistas como obstáculos a la depredación. Las elites de Occidente, el imperio colectivo hegemonizado por los Estados Unidos, están cada día más convencidas de que dicha depredación prolongará su vejez, alejará el fantasma de la muerte».
El desafío de estos millones de seres humanos y sus nuevas vanguardias revolucionarias es sumar luchas y rebeldías transformadoras, para mediante una insurgencia cada vez más global, acortar al máximo esa vejez imperial con todas sus crueldades.
Un nuevo paso en esa dirección es la actual protesta multitudinaria del empobrecido pueblo haitiano por el desplazamiento del régimen imperante y la construcción de una transición y una alternativa soberanas, al margen y arrinconando –como está aconteciendo- a los pandilleros que sirven al Core Group, al PHTK y al imperialismo occidental.
(1) KONBIT: Convite, unión, junta de movimientos sociales.
(2) CORE GROUP: formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OE
(3) PHTK (3): Partido de las Cabezas Peladas de Haití, actualmente en el gobierno.
(4) ACUERDO DE MONTANA: firmado por cientos de organizaciones y gremios para las plataformas y para designar personalidades para los puestos de Jefe de Estado y primer ministro como parte de su propuesta de gobierno de transición de dos años, que permita sortear la aguda crisis de Haití.
(5) MINUSTAH: fuerza de intervención militar de EEUU y otros países avalada por la ONU (2004-2017)
(6) JORGE BEINSTEIN: combatiente revolucionario, intelectual marxista, académico, y economista-investigador argentino, ya fallecido.
(7) MOSAD: agencia de inteligencia israelí.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.