Opinión
Rebelión popular en Haití apunta contra forma imperial a favor del caos
Por: Narciso Isa Conde
En Haití, el pasado viernes 16 de septiembre, los movimientos sociales en lucha, coordinados en el espacio de unidad que responde al nombre de «KONBIT DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES Y POPULARES», emitió una nota de prensa, cuyos párrafos fundamentales merecen ser destacados en este esfuerzo de aproximación a lo que acontece en ese país hermano, estremecido por una nueva rebelión de su empobrecido pueblo:
– El KONBIT (1) saludó «el coraje y la determinación del pueblo que reivindica en las calles sus derechos y que se puso de pie para exigir el derrocamiento de este sistema de opresión.
– Planteó que el presidente Ariel Henry» debe dejar el poder de inmediato, un nuevo equipo de gobierno debe tomar la jefatura del Estado permitiendo así una transición soberana para sentar las bases de otro Estado que exige el pueblo».
– Aplaudió a las masas populares «que se levantaron en los cuatro rincones del país para denunciar la inseguridad, el hambre, el aumento criminal de los precios de los combustibles y la injerencia del CORE GROUP (2) y, sobre todo, para exigir la salida de Ariel Henry y sus acólitos de la dirección del Estado».
-Denunció que el PHTK (3), partido de gobierno, la burguesía mafiosa y sus aliados de la comunidad internacional «pretenden hacer de nuestro país un infierno donde los pandilleros, que son los operadores políticos del PHTK y del CORE GROUP, hacen lo que quieren» como forma de crear «todo tipo de inseguridad que les permita robar varias riquezas de nuestro país.»
– El Konbit exhortó a la población en general a que «levante aún más altas las barricadas para obligar a Ariel Henry a dejar el poder de inmediato.»
-Llamó a los actores del Acuerdo de Montana (4) y a todos los sectores que velan por los intereses del país «que comprendan la necesidad de una unidad urgente para encontrar rápidamente una solución correcta en el interés de las masas que se levantan en todo el país» para «encontrar rápidamente un acuerdo sobre el equipo de gobierno que debe reemplazar rápidamente al equipo de facto de Ariel Henry», y acordar «un programa político, económico, social que debe implementarse para aliviar al pueblo que está reclamando sus derechos en las calles…»
La nota de prensa fue responsablemente firmada por cinco de los líderes del KONBIT: Patrick Joseph / Guy Numa /Jean-Paul Bastien/ Olrich Jean Pierre /Josué Merilien.
· EL VALOR DE LA ACTITUD DEL KONBIT.
Esta nota tiene la virtud de poner en evidencia a los responsables de un caos fríamente calculado y provocado, a cuyos protagonistas y beneficiarios de dentro y fuera de Haití solo podría derrotar una gran determinación del pueblo haitiano movilizado, que concite a la vez un gran respaldo de fuerzas antiimperialistas, alternativas a la Comunidad Internacional imperialista.
El pueblo haitiano ha sido víctima histórica del colonialismo que no le permitió consolidar su hazaña del 1804 (primera independencia de nuestra América, revolución social antiesclavista, república soberana negra) y también de una larga y cruel etapa de neocolonialismo imperialista; que ahora, a cargo de EE.UU –tal y como lo describe Jorge Beinstein(5) en su libro «ILUSIÓN DEL METACONTROL IMPERIAL DEL CAOS» – incluye modificaciones en su sistema de intervención militar para sembrar el caos (Marxismo Crítico, 11-03-2013).
· JORGE BEINSTEIN, HAITÍ Y LAS MUTACIONES DE LAS GUERRAS IMPERIALISTAS.
Beinstein define de la siguiente manera la fórmula con la que el Pentágono ha variado su sistema de intervención militar más allá de «la guerra de baja intensidad» aplicada en Nicaragua y Centro América en la décadas de los 80, desarrollando y superando también la llamada «guerra de cuarta generación» en boga en las últimas décadas:
-Es una guerra –puntualiza de entrada- en la que «son borradas las fronteras entre las áreas civil y militar: toda la sociedad enemiga en especial su identidad cultural pasa a ser el objetivo de la guerra.»
La define como una guerra «descentralizada, poniendo el énfasis en la utilización de fuerzas militares «no estatales» (es decir paramilitares), empleando tácticas de desgaste propias de las guerrillas, etc. A ello se agrega el empleo intenso del sistema mediático tanto focalizado contra la sociedad enemiga como abarcando a la llamada «opinión pública global» (el pueblo enemigo es al mismo tiempo atacado psicológicamente y aislado del mundo) combinado con acciones de guerra de alto nivel tecnológico.»
«En este último caso-agrega– se trata de aprovechar la gigantesca brecha tecnológica existente entre el imperio y la periferia para golpearla sin peligro de respuesta, es lo que los especialistas denominan confrontación asimétrica «high-tech/no-tech». (OBRA CITADA)
En lo que se refiere a Haití, es notorio que ha sido una intervención persistente de una especie de «lumpen imperialismo», que promueve un capitalismo para élites gansterizadas.
De una intervención cívico-militar dirigida «contra la identidad cultural» de esa Nación «como objetivo de guerra» que combina unidades militares gubernamentales (policía regular) con bandas paramilitares y mercenarios extranjeros (sobre todo colombianos).
Y uno de los recursos de esa intervención para torpedear y dinamitar la fuerte identidad nacional de ese pueblo hermano, es la desintegración social vía formación de bandas armadas; que bandas que delimitan sus propios territorios, fracturan la sociedad y hacen la guerra entre sí y contra todos los objetivos útiles para manutención y enriquecimiento.
La más reciente intervención militar de EEUU, apoyada por Francia, Canadá, Brasil y otros países -bendecida y bautizada por la ONU con el nombre de MINUSTAH (6)- fue usada para apoyar la Mafia Política-Empresarial del PHTK (Partido de las Cabezas Raspadas) y sostener los gobiernos gansteriles de Martely y Moises; continuados ahora por el repudiado e inepto régimen que preside Ariel Henry, con apoyo estadounidense y protección mediática global.
La MINUSTAH se encargó de crear la Policía Nacional, que al servicio de los gobiernos de turnos, la CÍA, la Mosaad (7) y la fábrica de mercenarios colombianos, se involucró en la formación, alimentación y protección de las bandas civiles ya descritas; avitualladas desde La Florida-EE.UU, mediante contrabando tolerado de modernos equipos militares. Modalidad paramilitar haitiana concebida para generar caos.
«La conformación –añade Beinstein- de fuerzas clandestinas no-mercenarias de elite, respaldadas por un aparato tecnológico sofisticado capaz de descargar golpes puntuales demoledores contra el enemigo… son buenos instrumentos terroristas pero no remplazan las funciones de un ejército de ocupación…» Pero así – y eso es lo que se persigue- la guerra «se elitiza, se transforma en un conjunto de operaciones mafiosas, se aleja físicamente de la población norteamericana y su cúpula dominante empieza a percibirla como un juego virtual dirigido por gangsters.»
Todavía, tal fase de ese tipo de guerra imperialista, que NO es similar a una guerra civil entre facciones intestinas, no ha sido desplegada por EEUU en Haití, pero podría estar en gestación; como cualquier otra modalidad que implique mayor presencia de fuerzas militares regulares, si es que el caos bajo «control» imperial se descontrola a consecuencia de una rebelión popular soberana con fuerza para derrotar el régimen impuesto.
· PERSPECTIVAS DE LA FÓRMULA IMPERIAL EN HAITÍ Y MÁS ALLÁ.
De todas maneras Jorge Beinstein enfatizó «que el horizonte objetivo…de la «nueva estrategia» no es el establecimiento de sólidos regímenes vasallos, ni la instalación de ocupaciones militares duraderas controlando territorios de manera directa sino más bien desestabilizar, quebrar estructuras sociales, identidades culturales, degradar o eliminar dirigentes, las experiencias de Irak y Afganistán (y México) y más recientemente las de Libia y Siria confirman esta hipótesis.»
Que más bien «se trata de la estrategia del caos periférico, de la transformación de naciones y regiones más amplias en áreas desintegradas, balcanizadas, con estados-fantasmas, clases sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas sin capacidad de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de Occidente que podrían así depredar impunemente sus recursos naturales, mercados y recursos humanos (residuales). Este imperialismo tanático del siglo XXI, se corresponde con tendencias desintegradoras en las sociedades capitalistas dominantes, en primer lugar la de los Estados Unidos.»
Tal reflexión debe tenerse bien presente acerca del modo proceder de un imperialismo occidental decadente frente a toda la isla que compartimos con Haití, en la que no es secreto la existencia de litio, tierras raras y titanio, e identidades culturales rechazadas por un poder transnacional implacable en el que se incuba cada vez con más intensidad el delirio de la supremacía blanca, como componente de la expansión del neo-fascismo imperialista.
Porque ciertamente, como sentenció este gran pensador argentino y continental, «se presenta entonces la ilusión de una suerte de meta-control estratégico desde las grandes alturas, desde las cumbres de Occidente sobre las tierras bajas, periféricas, donde pululan miles de millones de seres humanos cuyas identidades culturales e instituciones son vistas como obstáculos a la depredación. Las elites de Occidente, el imperio colectivo hegemonizado por los Estados Unidos, están cada día más convencidas de que dicha depredación prolongará su vejez, alejará el fantasma de la muerte».
El desafío de estos millones de seres humanos y sus nuevas vanguardias revolucionarias es sumar luchas y rebeldías transformadoras, para mediante una insurgencia cada vez más global, acortar al máximo esa vejez imperial con todas sus crueldades.
Un nuevo paso en esa dirección es la actual protesta multitudinaria del empobrecido pueblo haitiano por el desplazamiento del régimen imperante y la construcción de una transición y una alternativa soberanas, al margen y arrinconando –como está aconteciendo- a los pandilleros que sirven al Core Group, al PHTK y al imperialismo occidental.
(1) KONBIT: Convite, unión, junta de movimientos sociales.
(2) CORE GROUP: formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OE
(3) PHTK (3): Partido de las Cabezas Peladas de Haití, actualmente en el gobierno.
(4) ACUERDO DE MONTANA: firmado por cientos de organizaciones y gremios para las plataformas y para designar personalidades para los puestos de Jefe de Estado y primer ministro como parte de su propuesta de gobierno de transición de dos años, que permita sortear la aguda crisis de Haití.
(5) MINUSTAH: fuerza de intervención militar de EEUU y otros países avalada por la ONU (2004-2017)
(6) JORGE BEINSTEIN: combatiente revolucionario, intelectual marxista, académico, y economista-investigador argentino, ya fallecido.
(7) MOSAD: agencia de inteligencia israelí.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.