Nacionales
Demandas de cambios en reforma fiscal plantean en vistas públicas.
Santo Domingo, R.D.-Centenares de observaciones han sido hechas por la sociedad en la apertura de las vistas públicas al proyecto legislativo de “Transformación Fiscal” o reforma fiscal depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
Desde primeras horas de la mañana, diversas personas del ámbito empresarial y social han acudido al llamado realizado por la comisión de Hacienda, quien debe estudiar lo contenido en el documento.
No obstante, sin dejar a un lado las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores, los exponentes utilizaron su turno a la palabra para destacar el rechazo que siente ante la visión tributaria plasmada por el Gobierno dominicano, destacando la falta de consenso con la que fue preparada.
Fiduciarias y constructores
El representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), Crhistian Molina, aseguró que lo planteado con esta reforma afecta a este sector y busca acabar con la comercialización de las viviendas en el territorio nacional.
Entiende que el enfoque de los tributos no debería afectar a las fiduciarias para continuar con el desarrollo del país.
“Esto afecta la vivienda porque amenaza que 6 de cada 10 dominicanos se queden sin acceso a su primer. Un retroceso de décadas en la compra de viviendas accesibles”, manifestó.
Además, expresó que estos impuestos violarían un derecho tan importante para todos los ciudadanos, como lo dictan la Constitución y las leyes.
Meléndez estableció que la eliminación de las tasas diferenciadas a los fideicomisos de casas causaría un aumento de 12.5% para los consumidores.
También, teniendo en cuenta que de ser agravada la materia prima utilizada por los constructores, las edificaciones continuarán elevando a un más su costo.
Con la eliminación de las exenciones y la reducción de nueve a cinco millones de pesos el pago de Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), aproximadamente sería el 59% de los hogares de bajo costo que saldrían de esta clasificación. Disminuyendo en 57 mil millones de pesos lo aportado por el sector.
Protección al cine
Por otro lado el presidente Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), Hans García, recordó esa industria está conformada en la actualidad por 135 empresas que pagan impuestos, generan empleos y hacen inversiones millonarias.
Según explicó, son 1,200 estudiantes, muchos provenientes de las provincias del interior, los que pertenecen a la industria cinematográfica, que aporta 25,000 empleos.
Hans defendió los incentivos fiscales que recibe el cine, por medio de la Ley 108-10, destacando otros beneficios que simboliza para el Estado.
“El 55% de quienes ocupan los puestos son las mujeres. El cine lo hacen las mujeres”, apuntó.
Resaltó que el 85% de los gastos, registrados al producir una película, están limitados en la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del comercio local, utilizando más de 200,000 habitaciones de hoteles.
“Compramos más de 1,400 millones en combustible y vehículo de alquileres en todo el país”, apuntó.
Hans reconoció que es necesaria una readecuación de la ley. Pero, pidió no lacerar el desarrollo económico de los cineastas.
Ejes centrales
Además de estas, diversas entidades presentaron su posición ante el pleno de los congresistas de la cámara baja.
Estas son el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Colegio Médico Dominicano (CMD), sector textil, asociaciones de detallistas, organizaciones políticas, entre otras.
Además de no alterar las exenciones, los planteamientos de los voceros sociales y empresariales parecían estar unificadas, como el aumento del salario mínimo, reducción de la nómina pública, disminución de la pérdida en energía eléctrica, reducción de la publicidad gubernamental y la nómina pública, fiscalización a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Igualmente proteger a los alimentos y productos que conforman la canasta básica familiar de los impuestos.
Asimismo, consideraron como necesaria ampliar la ejecución de fiscalización y reducir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para garantizar una mayor mitigación a la evasión de impuestos. El Itbis pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por otro lado, representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) pidieron cuidar y fomentar los ahorros, teniendo en cuenta que existen artículos en el documento legislativo que afectarán al sistema bancario, incluyendo a las transferencias digitales.
“Reforma fiscal inconstitucional”
Por otro lado, el activista político Carlos Peña mostró su preocupación con lo planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo, asegurando una supuesta ilegalidad.
Peña dijo que viola el artículo 251 de la Constitución, donde establece la creación el Consejo Económico Social (CES).
“Si la aprueban sería caer en un acto de inconstitucional. Es por eso que llegaríamos una instancia al TC para declarar la reforma fiscal como Inconstitucional”, subrayó.
Peña aseguró que el Gobierno del presidente Luis Abinader superó, durante su primer cuatrienio en 2020-2024, la deuda obtenida en más de 700 años con la adquisición de 45 mil millones de dólares en préstamos.
“Planteamos no modificación ni revisión de nada, pedimos plenamente el retiro del proyecto”, acotó.
De manera similar la excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), Virginia Antares, también acudió a este mecanismo de participación ciudadana para calificar de injusta la pieza entregada por el Ministerio de Hacienda.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.