Nacionales
Rector UASD garantiza habrá paz y sosiego en la academia
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Mateo Aquino Febrillet, garantizó este miércoles que en el centro de altos estudios habrá paz y sosiego para que el Presidente electo, licenciado Danilo Medina, asuma los destinos de la nación en medio de un ambiente de tranquilidad, como lo amerita un acontecimiento de esa magnitud.
Durante una asamblea de profesores realizada en el Aula Magna, el principal funcionario de la academia estatal dijo que además están pendientes en la institución la inauguración de la Torre Administrativa y del nuevo Comedor Universitario, por lo que debe primar la tranquilidad y la paz en la primada de América.
Afirmó que en la casa de altos estudios las labores administrativas se mantienen normales durante el día de hoy, así como algunas actividades académicas de postgrado.
Cambiarán inicio semestre para el 20 de agosto
En otro orden, Aquino Febrillet dijo que las autoridades someterán ante el Consejo Universitario la propuesta de que el último semestre del presente año inicie el 20 de agosto, en vez del lunes 30 de julio, como en principio estuvo programado, debido a que se registraron algunos problemas en la plataforma que retrasaron el proceso de reinscripción.
En ese sentido, dijo que será necesario extender por varios días el proceso de reinscripción, para que los estudiantes que no han podido matricularse, ingresen a la plataforma y seleccionen sus asignaturas.
Asimismo, dijo que con todo y los inconvenientes que se han registrado, a la fecha se han inscrito cerca de 130 mil estudiantes.
Pago del verano
Al hablar sobre el curso de verano en su discurso, la máxima autoridad de la UASD anunció para este jueves 26 el pago de la segundo partida a las profesores con fondos que serán aportados por las distintas facultades, hasta tanto se haga efectivo el desembolso de los 30 millones de pesos que aportará el Gobierno.
Estudiantes con más de 8 años en la institución
Sobre la propuesta de la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de que en la Universidad debe producirse una profilaxis en la matrícula estudiantil, el rector dijo que solicitó un informe a la Dirección de Registro para evaluar los casos de los bachilleres que tienen más de ocho años en la academia y determinar cuáles merecen seguir dentro del centro de altos estudios.
Incursión policial en el campus
Sobre la incursión policial que se registró el pasado viernes en el campus de la UASD, Aquino Febrillet reiteró que dicha solicitud está amparada en el artículo 38, literal P, que establece que se puede apelar a esa posibilidad cuando la “seguridad personal de los universitarios y universitarias y los bienes de la institución se encuentren en peligro”, como aconteció ese día.
“En cuanto al hecho siempre indeseable y odioso de la intervención de la fuerza pública en la academia estatal, es mi deber señalar que el artículo 38, literal p, faculta al rector a llamar en auxilio de la fuerza pública, en caso de que la seguridad personal de los universitarios y universitarias y los bienes de la institución se encuentren en peligro”, puntualizó.
Sobre la actualización de las tarifas académicas, dijo que las medidas tomadas por las autoridades de la UASD responden al imperativo de garantizar la cobertura y calidad de los procesos académicos e institucionales del centro de altos estudios.
Precisó que el Consejo Universitario se vio compelido a realizar un reajuste a las tarifas debido al de incumplimiento de la Ley 57-78, que otorga un 5 % del presupuesto nacional para la Universidad del Estado.
Dijo que las tarifas académicas aprobadas “no buscan, de ninguna manera, privatizar la universidad, ni lanzar por la borda el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, tal y como lo consagra la Constitución de la República”.
En sus palabras finales, El rector de la UASD reiteró su denuncia de la existencia de un anteproyecto que persigue eliminar la ley 57-78, que otorga el 5 % a la academia estatal del Presupuesto Nacional y derogar la ley 139-01 de Educación Superior, lo que calificó como un atentado contra la autonomía universitaria.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.