Nacionales
Paliza rechaza nuevas propuestas y Pacheco se opone al proyecto de Genao.
Santo Domingo. – Los principales actores políticos del país en medio de un intenso debate sobre una posible reforma fiscal, se han opuesto a una posible reforma fiscal que busca cambiar el panorama económico de la nación.
El comentario más reciente vino del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que no habrá una nueva reforma fiscal durante el mandato del presidente Luis Abinader.
La declaración llega después de que se conociera el contenido de un nuevo proyecto de ley sometido por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, el cual plantea eliminar incentivos fiscales para el sector turismo, una propuesta que recuerda a la reforma fiscal que fue retirada en octubre de 2024.
Esta situación ha desatado reacciones de diversas figuras políticas, especialmente de aquellos que consideran que una reforma fiscal en este momento sería perjudicial para sectores clave de la economía.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró firme en su oposición al proyecto de ley propuesto por el diputado Rogelio Genao Lanza. En declaraciones recientes, Pacheco aseguró que el momento actual no es el más adecuado para impulsar una nueva reforma fiscal.
“Las cámaras legislativas nunca aprobarán proyectos que puedan lesionar el interés de los sectores productivos”, afirmó, haciendo referencia a los posibles impactos negativos que la eliminación de incentivos fiscales podría tener sobre las industrias turísticas y otros sectores económicos.
El presidente de la Cámara también remarcó que el gobierno ya había retirado una propuesta similar el año pasado, tras escuchar las quejas y protestas de diversos sectores, incluyendo empresarios y trabajadores.
El proyecto de Genao Lanza
El proyecto de ley sometido por el diputado Rogelio Genao Lanza propone una serie de cambios significativos, que incluyen la eliminación de incentivos fiscales para los inversores y promotores turísticos en varias regiones del país.
Esto afectaría especialmente a zonas clave para el desarrollo turístico, como Samaná, Barahona y Montecristi, entre otras, que actualmente gozan de beneficios fiscales bajo la Ley 158-01, conocida como Confotur.
Los cambios propuestos incluyen la eliminación de artículos específicos de esta ley, entre los que se destacan los párrafos II, III y IV del artículo 1, el artículo 2, y los artículos 4, 5, 6, 7 y 14, que otorgan exoneraciones fiscales a proyectos turísticos en distintas provincias y municipios.
De ser aprobado, este proyecto podría modificar de manera considerable la dinámica del sector, reduciendo la competitividad de ciertas zonas para la inversión en infraestructura turística.
Además, el proyecto también aborda otros aspectos relacionados con el sector de los juegos de azar, incluyendo una modificación del artículo 2 de la Ley 96-88, que establece nuevos requisitos para la importación y operación de máquinas tragamonedas.
Según la propuesta, esta importación estará sujeta al pago de impuestos y tasas, y las máquinas se consideraran propiedad del Estado dominicano mientras permanezcan en el país.
Otro aspecto clave del proyecto es la modificación del arancel de aduanas, aumentando el gravamen a un 20% para ciertos productos, así como una revisión de las exenciones fiscales para las asociaciones sin fines de lucro, en especial aquellas dedicadas a la educación.
Lanza se defiende
A pesar de la postura expresada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el diputado Rogelio Genao Lanza mantiene firme su posición sobre el polémico proyecto de ley.
Genao Lanza defiende la necesidad urgente de eliminar los regímenes de exenciones y privilegios fiscales, argumentando que el creciente déficit fiscal del país obliga al Estado a recurrir a préstamos, una situación que, según él, debe cambiar para asegurar la estabilidad económica del país.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.