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Opinión

Reforma fiscal progresiva contra regresión tributaria

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Por Narciso Isa Conde

Una reforma fiscal progresiva implicaría modificar y ampliar las fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos, pagar servicios de deudas, mejorar la producción nacional, recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias, tecnologías de punta y humanidades.

En consecuencia, también conlleva, aumentar los ingresos del estado, revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y corruptelas…

En ese tipo de reforma es fundamental, por tanto, definir y precisar el propósito general de la misma.

Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas las edades de la fuerza humana laboral disponible.

En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o más bien, contra-reforma.

Pero, además:

· -Ante la enorme degradación ambiental, las carencias y déficits brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,

· -Frente a un alto desempleo, enorme subempleo, dramática marginalidad, y graves problemas de salud, seguridad social y seguridad ciudadana…

· -En situaciones de altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un estado delincuente, dependencia galopante y significativos déficits en la producción nacional y la balanza comercial…

La REFORMA FISCAL, para ser tal, debe estar centrada en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todos esos capítulos interrelacionados.

Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no pueden ser “equitativas” en cuanto a su impacto sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.

No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.

Las reformas deben parcializarse; esto es, destinarse a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados. Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.

Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a la pobrecía y a sectores de las capas medias.

Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes, para distribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que menos tienen,

Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas, ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al patrimonio público y natural del país.

Las reformas deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante, sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO TRABAJADOR.

Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso reformar y superar.

Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean afectados los/as de abajo y los/as del medio.

El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas, y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de toda fortuna. La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones.

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Opinión

Estados Unidos se queda sin moral para exigir a otros respeto por la ley.

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Por José Cabral.

Este pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones en los Estados Unidos en las que fue escogido como presidente de la nación más poderosa del mundo un criminal convicto.

Donald Trump ha sido condenado por una serie de delitos civiles y penales y todavía tiene otros pendientes, los cuales de seguro serán sobreseídos hasta que ocupe la jefatura del Estado.

Pero poca importa que las cosas ocurran de ese modo, porque ya Trump tiene un sello como un criminal convicto que desde cualquier perspectiva que se vea impacta negativamente a los Estados Unidos.

Es la primera vez que en este país se escoge un presidente condenado por la comisión de delitos comunes, lo cual deja mucho que decir.

Esta elección tiene dos aristas a analizar, la primera es que la alta votación del ciudadano norteamericano en su favor no deja dudas de que este hombre recibe todo el apoyo de su pueblo, lo que quiere decir que aplaude y aprueba sus andanzas.

Lo otro es que, con la elección de un criminal convicto, los Estados Unidos no pueden pedirles a los demás países una conducta diferente a la que ha tenido Trump.

Presionar y exigir que los actores políticos, por ejemplo, de Latinoamérica que usan la corrupción administrativa en el manejo del Estado, sería como pedir lo que no se puede dar, es decir, demandar una conducta moral que difiere de la que ha exhibido el jefe del Poder Ejecutivo en la potencia de norte.

Se puede decir, entonces, que de ahora en adelante no se le puede tolerar a los Estados Unidos que publique informes sobre la corrupción que se produce desde los gobiernos en Latinoamérica y el mundo, porque no tiene la moral para ello.

Cómo pedirle, por ejemplo, a los haitianos que no involucren el Estado con acciones al margen de la ley cuando su presidente está metido hasta los tuétanos en esos asuntos.

Lo otro es que los ciudadanos de los Estados Unidos deben sentirse orgullosos de su presidente electo, pese a sus condenas por la comisión de una serie de actos que riñen con la ley.

Las cosas son así de sencillas, pero también de complejas.

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Opinión

Reavivando la Indignación

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Por Isaías Ramos

En una era marcada por el caos y la desilusión, la fatiga de la indignación se ha infiltrado profundamente en nuestras vidas, amortiguando la llama de la empatía y la acción colectiva.

Nos rodeamos de injusticias que, aunque nos afectan diariamente, a menudo no logran despertar nuestra indignación. Este adormecimiento emocional no solo amenaza nuestra moralidad individual, sino también el tejido de nuestra sociedad democrática.

La indignación, lejos de ser un sentimiento negativo, es un catalizador poderoso para el cambio y una respuesta vital ante la injusticia. En el corazón de cada movimiento significativo que ha cambiado el curso de la historia, ha estado la indignación convertida en acción.

Así fue con nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuya respuesta a las provocaciones despectivas fue transformar su indignación en una fuerza constructiva que desafió el status quo y forjó un camino hacia la democracia y la justicia social.

Juan Pablo Duarte, enfrentado a desafíos y provocaciones, encarnó la respuesta más fértil a la injusticia. Su experiencia es emblemática; durante una ocasión notable, un capitán español, en un acto de desprecio flagrante, le espetó a Duarte y a sus compatriotas: «Ustedes no tienen nombre, porque ni ustedes ni sus padres merecen tenerlo, porque son cobardes y serviles, inclinan la cabeza bajo el yugo de los esclavos». Estas palabras, lejos de quebrantar el espíritu de Duarte, encendieron una chispa de indignación que se transformó en un impulso revolucionario.

Hoy, nos enfrentamos a una encrucijada crítica: podemos seguir siendo testigos pasivos de la erosión de nuestros principios y valores fundacionales, o podemos optar por reavivar nuestra capacidad de indignarnos.

Cada uno de nosotros posee el poder de efectuar cambios significativos. Las grandes olas de reforma social siempre han comenzado con el despertar de la conciencia colectiva, tal como lo demostró Duarte.

Es hora de rechazar la resignación y la apatía que han calado en nuestras vidas. Debemos conectar con nuestros sentimientos más profundos de justicia y equidad para reclamar un sistema en el que la corrupción y la opresión  no sean las normas, sino la excepción; un sistema donde la igualdad de oportunidades no sea un lema vacío, sino una realidad palpable.

Este cambio comienza con la educación y la información. Debemos estar informados sobre las acciones de aquellos en el poder y ser críticos con la información que consumimos. Participar activamente en los procesos cívicos y sociales es crucial. El derecho a elegir y ser elegibles para los cargos, consagrado en nuestra Constitución y reafirmado por sentencias judiciales, es un faro de luz que no debemos desperdiciar.

La pasividad nos convierte en cómplices del deterioro de nuestro entorno. Pero al optar por la indignación activa, nos convertimos en arquitectos de nuestro futuro. Desde el Frente Cívico y Social, te invitamos a indignarte no solo por ti, sino por aquellos que han perdido su voz en el estruendo de la indiferencia. Transformemos esa indignación en un movimiento imparable hacia un futuro donde prevalezca el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades bajo un Estado profundamente comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos.

Estamos convencidos de que este es nuestro momento para actuar y redefinir el curso de nuestra historia, tal como hizo Duarte en su tiempo. La fatiga de la indignación puede ser superada; solo requiere que cada uno de nosotros decida despertar y actuar. La esperanza de un mañana mejor está en nuestras manos.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Derechos de las personas durante la investigación  de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

En las investigaciones  realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal  Internacional  nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

En el proceso de investigación de la Corte Penal  Internacional , quien haya de ser interrogado  en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.

De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser  interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá  el derecho a ser informada.

Dentro de los derechos que tiene  una  persona  en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional  el Estatuto de Roma señala el de ser informada  de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.

Antes del interrogatorio  la persona  también deberá ser informada  de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.

Cabe destacar que en  el  proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.

Finalmente, la persona tendrá  el derecho  a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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