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Hasta 40 años de prisión para traficantes con inmigrantes en Reforma migratoria.
Santo Domingo, R.D.-El consultor jurídico del Poder Ejecutivo depositó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de ley que servirá de “reforma migratoria” para endurecer las sanciones en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En cumplimiento a las “15 medidas” anunciadas el domingo por el presidente Luis Abinader, para “proteger la soberanía y recuperar el control migratorio del país”, el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, entregó la pieza al presidente del Senado Ricardo de los Santos.
El primer mandatario se refirió en su alocución dirigida a la ciudadanía a una reforma migratoria, lo que fue interpretado en una parte de la sociedad como una modificación en la Ley 285-04 de Migración, que tiene 20 años de vigencia.
Sin embargo, la pieza final dispuesta por la Presidencia únicamente contempla alteraciones a cuatro artículos de la Ley 137-03, con lo que buscan garantizar penas severas para quienes trafiquen extranjeros indocumentados.
Según explicó Peralta, en el artículo 2 del marco legal sugieren ampliar la definición, agregando los elementos constituyentes del tráfico ilícito de migrantes, “debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público”.
Mientras que en el artículo 5 agrega la tipificación de delitos por omisión. Uno de los casos mencionados por Peralta será cuando él gente sea garante de la protección de un bien jurídico o de la vigilancia de un determinado foco de peligro, siempre que exista la obligación legal o actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas.
Sanciones y penalizaciones
El jurista informó que en el artículo 6, el cual versa por igual sobre la complicidad, fue agregada una penalización de 10 años, hasta 15 años de reclusión y la multa será de 350, hasta 750 salarios mínimos del sector público, junto a la suspensión de los derechos de ciudadanías.
Mientras que en el artículo 7 el delito de tráfico ilegal de migrantes, de ser aprobada por los legisladores, pasaría de la pena del rango de 10 a 15 a de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios, “al rango de 12 a 20 años de presión y la multa de 750 a 1.500 salarios mínimos del sector público y la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”.
Además, Peralta dijo que aumentaría el castigo para quienes utilicen armas, el daño a personas mayores de edad o la muerte de la persona objeto del tráfico.
“Para estas y otras circunstancias similares se establecen distintas penas agravadas que pueden alcanzar hasta los 40 años de prisión y 6,000 salarios de multa”, aseveró Peralta.
En tanto, el presidente del Senado, De los Santos aseguró que mañana será enviada al estudio de comisión, con el objetivo de garantizar que sea aprobada de urgencia.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó el proyecto de ley al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.
Una propuesta similar
El pasado miércoles, el senador Rafael Duluc depósito una propuesta para modificar la Ley de Migración. El presidente De los Santos informó que esperaran la pieza del Poder Ejecutivo para definir cual será el procedimiento legislativo al que someterán a ambas piezas.
En el proyecto entregado el pasado 3 de abril, el legislador Duluc buscar crear un “registro biométrico obligatorio” para todos los extranjeros en el país y un Sistema Integral de Información Migratoria (SIIM). “Mayor rigurosidad” en los requisitos para permisos de residencia y trabajo.
Establecería, además, “procedimientos expeditos” para la deportación de extranjeros y edificaría un protocolo de seguridad migratoria en zonas fronterizas, aeropuertos y puertos.
Duluc también intentar obligar, por medio del documento legislativo, a los hoteles, empleadores y centros educativos reportar informaciones sobre los extranjeros.
Medidas de Abinader
Dentro de las 15 acciones expuestas por el presidente Abinader se encuentran la ampliación de la supervisión por parte de las tres brigadas fronterizas actuales, en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior.
Además, prometió reforzar la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales que se unen a los 9,500 que prestan servicio en las provincias de la línea divisora. Al igual que incorporarán 750 agentes de Migración.
Acelerarán la construcción del muro fronterizo, con el inicio inmediato de la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro existentes.
También, modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales, solicitará colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones. Recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) edificar una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios e instauró un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.