Latinoamericanas
Reforma que permite reelección de Daniel Ortega inicia proceso parlamentario
MANAGUA.- La propuesta de reforma a la Constitución de Nicaragua que abriría la vía a una nueva reelección del presidente Daniel Ortega, quien además sumaría más poder junto a los militares, inició hoy su andadura en el Parlamento, donde el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobarla.
El proyecto, que incluye la modificación e incluso eliminación de varios artículos de la Constitución, fue enviada ayer miércoles a una comisión especial que la estudiará antes de su discusión en el pleno parlamentario.
La presidenta de la comisión especial, la sandinista Alba Palacios, afirmó que la propuesta de reforma constitucional presentada el viernes pasado por la bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se discutirá en primera lectura en el pleno antes del 15 de diciembre.
La opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) advirtió que la reforma incluye la reelección presidencial perpetua, «responsable de guerras, muertes y exilio». La propuesta de modificación de la Constitución representa un «ataque frontal a la democracia representativa, valores, principios de las instituciones democráticas y estado de derecho», dijo el jefe del BDN, Luis Callejas.
Según datos filtrados a la prensa, la reforma constitucional elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016. También establece que el presidente de la República sea electo con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios, a diferencia de ahora, que puede ser elegido con al menos el 40 % de los votos o si obtiene el 35% y supera en al menos cinco puntos porcentuales al candidato en segundo lugar.
La reforma faculta además al presidente del país a dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley, y a nombrar a militares en servicio activo en cargos públicos. La propuesta sandinista «demuele el Estado de derecho al eliminar la supremacía del poder civil sobre el poder militar», declaró el diputado Callejas a los periodistas.
El BDN consideró que esa reforma compromete la «neutralidad política del Ejército», al proponer que los militares activos puedan optar a cargos en el Estado, e instaura organismos «parapartidarios y represores como órganos rectores de la vida familiar y comunitaria». Callejas sostuvo que la propuesta sandinista deroga reformas de la Constitución de 1995 que establecían «controles, pesos y contrapesos a excesos del poder presidencialista».
También coarta la libertad de búsqueda de información y comunicación por medio de las redes sociales, internet y telefonía celular, al no permitir utilizar la comunicación vía satélite fuera del control del régimen con el alegato de la defensa y seguridad nacional.
La propuesta adecúa la Carta Magna a los compromisos de la concesión para la construcción de un canal interoceánico, que es «lesiva a nuestra soberanía», agregó el líder de la minoritaria bancada opositora nicaragüense.
Los sandinistas no se han referido a las denuncias opositoras y de momento se han limitado a señalar que las reformas se centran en cuatro temas: geografía nacional, diálogo tripartito del Gobierno con los empresarios y sindicalistas, adopción de la declaración del bien común y porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.
El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, ha advertido que permanecer «mucho tiempo» en el poder, al final siempre resulta en «una cosa negativa» y que, a su juicio, es mejor dejar que los militares activos «se desarrollen a plenitud».
Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60% de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos. La Asamblea Legislativa está controlada por los sandinistas, que tienen 63 diputados que les da la mayoría absoluta, suficiente para reformar la Constitución sin la necesidad de alianzas ni de contar con la oposición.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.