Latinoamericanas
Reforma que permite reelección de Daniel Ortega inicia proceso parlamentario
MANAGUA.- La propuesta de reforma a la Constitución de Nicaragua que abriría la vía a una nueva reelección del presidente Daniel Ortega, quien además sumaría más poder junto a los militares, inició hoy su andadura en el Parlamento, donde el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobarla.
El proyecto, que incluye la modificación e incluso eliminación de varios artículos de la Constitución, fue enviada ayer miércoles a una comisión especial que la estudiará antes de su discusión en el pleno parlamentario.
La presidenta de la comisión especial, la sandinista Alba Palacios, afirmó que la propuesta de reforma constitucional presentada el viernes pasado por la bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se discutirá en primera lectura en el pleno antes del 15 de diciembre.
La opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) advirtió que la reforma incluye la reelección presidencial perpetua, «responsable de guerras, muertes y exilio». La propuesta de modificación de la Constitución representa un «ataque frontal a la democracia representativa, valores, principios de las instituciones democráticas y estado de derecho», dijo el jefe del BDN, Luis Callejas.
Según datos filtrados a la prensa, la reforma constitucional elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016. También establece que el presidente de la República sea electo con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios, a diferencia de ahora, que puede ser elegido con al menos el 40 % de los votos o si obtiene el 35% y supera en al menos cinco puntos porcentuales al candidato en segundo lugar.
La reforma faculta además al presidente del país a dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley, y a nombrar a militares en servicio activo en cargos públicos. La propuesta sandinista «demuele el Estado de derecho al eliminar la supremacía del poder civil sobre el poder militar», declaró el diputado Callejas a los periodistas.
El BDN consideró que esa reforma compromete la «neutralidad política del Ejército», al proponer que los militares activos puedan optar a cargos en el Estado, e instaura organismos «parapartidarios y represores como órganos rectores de la vida familiar y comunitaria». Callejas sostuvo que la propuesta sandinista deroga reformas de la Constitución de 1995 que establecían «controles, pesos y contrapesos a excesos del poder presidencialista».
También coarta la libertad de búsqueda de información y comunicación por medio de las redes sociales, internet y telefonía celular, al no permitir utilizar la comunicación vía satélite fuera del control del régimen con el alegato de la defensa y seguridad nacional.
La propuesta adecúa la Carta Magna a los compromisos de la concesión para la construcción de un canal interoceánico, que es «lesiva a nuestra soberanía», agregó el líder de la minoritaria bancada opositora nicaragüense.
Los sandinistas no se han referido a las denuncias opositoras y de momento se han limitado a señalar que las reformas se centran en cuatro temas: geografía nacional, diálogo tripartito del Gobierno con los empresarios y sindicalistas, adopción de la declaración del bien común y porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.
El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, ha advertido que permanecer «mucho tiempo» en el poder, al final siempre resulta en «una cosa negativa» y que, a su juicio, es mejor dejar que los militares activos «se desarrollen a plenitud».
Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60% de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos. La Asamblea Legislativa está controlada por los sandinistas, que tienen 63 diputados que les da la mayoría absoluta, suficiente para reformar la Constitución sin la necesidad de alianzas ni de contar con la oposición.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
of-am