Nacionales
Reformas y economía: retos de Abinader en rendición de cuentas
Santo Domingo, R.D.-A poco tiempo de iniciado su mandato presidencial, Luis Abinader anunció un paquete de reformas que serían implementadas en la República Dominicana para mejorar aspectos como la educación, la seguridad ciudadana, el sector eléctrico o la transparencia.
Ahora, con casi cuatro años al frente del Poder Ejecutivo, los diputados y senadores esperan que el presidente enumere los avances en las referidas reformas y explique ante la Asamblea Nacional por qué algunas siguen retrasadas y sin avistamiento de progreso.
Este martes 27 de febrero, Abinader acudirá ante el Congreso para rendir cuentas a la Asamblea Nacional sobre su gestión y entregar las memorias de los distintos ministerios a los diputados y senadores, de acuerdo con lo que establece la Constitución en su artículo 114.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, consideró que la economía y el «alto endeudamiento» en que ha incurrido la actual gestión gubernamental, deben ser puntos claves en la alocución del mandatario este 27 de febrero.
Economía no crece
menor porcentaje de crecimiento económico, comparado con otros años.
El vocero senatorial del PLD agregó que el costo de la canasta básica familiar también debe ser tocado «por obligación» en la rendición de cuentas ya que, como expresó, los alimentos han registrado un alza «injustificable» desde el 2020.
En ese sentido, el congresista instó a Abinader a ejecutar soluciones para los temas cruciales del país y alejarse de «las justificaciones» en su próximo discurso de entrega de memorias.
Indexar salarios
El equilibrio entre los salarios y el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) también debe ser un aspecto a abordar por Abinader en su discurso, según consideró el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del partido Frente Amplio.
El legislador expresó que el cobro del ISR debe ajustarse para que no sea aplicado a los salarios más bajos del país, por lo que sugirió un debate sobre los sueldos y su posible inclusión en la próxima rendición de cuentas.
También, el diputado coincidió en que la economía del país «es un tema clave y neurálgico» que debe ser tratado en el discurso del presidente ya que, a su parecer, la concentración de la riqueza monetaria «está en las manos de unos pocos» en el país.
Otros puntos
Los legisladores Lorenzo y Rodríguez Restituyo coincidieron en que la entrega del documento de las memorias del Poder Ejecutivo también debe integrarlos avances en la anunciada reforma al sector de los hidrocarburos, la seguridad social, los niveles de pobreza en el territorio nacional, la construcción del muro divisorio entre República Dominicana y Haití o los servicios sanitarios en el país.
Ambos manifestaron que la mayoría de promesas, reformas o anuncios expuestos en las anteriores rendiciones de cuentas no han sido materializadas en el tiempo prometido por Abinader.
De hecho, el diputado Rodríguez Restituyo criticó la poca fiscalización del Congreso a las memorias depositadas por Abinader desde el 2021 y propuso una reforma para que, en la rendición de cuentas, los asambleístas puedan cuestionar al presidente sobre las ejecutorias en su mandato.
27 de febrero
La programación por la rendición de cuentas de Abinader este 27 de febrero incluye la apertura de las legislaturas ordinarias en ambas cámaras congresuales, que luego se unirán para el discurso.
A diferencia de los opositores, los legisladores oficialistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados defendieron la gestión de Abinader argumentando que el mandatario ha sabido manejar la economía y ha avanzado con las reformas prometidas a lo largo de su gestión.Los diputados Ramón Bueno y Amado Díaz vaticinaron que el presidente «tendrá mucho que anunciar» ya que, a su consideración, la eficientización del gasto ha permitido que el mandatario ejecute la mayoría de las promesas que ha expuesto en sus anteriores rendiciones de cuentas.Ante la crítica de la oposición, ambos diputados instaron a los opositores a ver los resultados de las últimas elecciones municipales, celebradas el 18 de febrero, donde el partido gobernante resultó favorecido con la mayoría de las alcaldías del país «gracias a la gestión» encabezada por Abinader.El diputado Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aseguró que el presidente tiene mucho que exhibir en su próxima rendición de cuentas y le sugirió hacer un llamado a la unidad en su gobierno para lograr más reformas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.