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Se declaran culpables en EE.UU. de tráfico de drogas regidor del PRM y general retirado.
Se declararon culpables de trafico de cocaína en los Estados Unidos el regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de esa nación, según documentos depositados en una corte de allí.
“Y si esta Oficina lo solicita, trabajar de forma encubierta bajo la supervisión y en cumplimiento de las normas de los agentes del orden público. Además, el acusado se compromete a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información u omisión falsas, a no implicar falsamente a ninguna persona o entidad y a no cometer nuevos delitos”, dice parte del texto que fue firmado por ambos individuos.
El regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez
Un tercer hombre, de nombre José Eduviges Aponte Torres, también aceptó su culpabilidad en el caso de tráfico de cocaína desde la República Dominicana y hasta el sur de la Florida.
El trio de narcotraficantes se declaró culpable del primer cargo que le imputaban las autoridades de Estados Unidos, mientras que los cargos segundo y tercero fueron retirados por las autoridades estadounidenses para llegar al acuerdo.
El cargo que admitieron es el de conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.
Los confesos narcos se comprometieron a hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera. “La comparecencia ante el gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, según lo requiera esta Oficina”, dice el texto firmado por el regidor del PRM y el general retirado de la Policía Nacional dominicana.
El regidor estuvo basada en República Dominicana durante la conspiración y su participación consistió en la planificación del tráfico con al menos otros dos co-conspiradores
El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el 18 de septiembre pasado. El acuerdo también está firmado por Genesis Peduto, su abogada y Kevin Gerarde, fiscal a cargo.
El regidor Herrera Silvestre, del gobernante Partido Revolucionario Moderno en la capital dominicana, firmó su colaboración y culpabilidad el pasado 6 de octubre. Junto a él estamparon su firma su abogado Kevin Conway y Kevin Gerarde, fiscal del caso.
El 10 de julio anterior, el regidor se había declarado no culpable de los tres cargos que pesaban en su contra en Estados Unidos.
La acusación contra el trío de narcotraficantes fue fechada el 5 de marzo del presente año y la lectura de las sentencias será de la siguiente forma: Aponte Torres tiene cita para el 5 de diciembre, a las 11:00 AM; el general retirado Durán Jerez, escuchará el dictamen en su contra el 11 de diciembre, a las 10:00 AM y el regidor Herrera Silvestre lo hará el 8 de enero de 2026, a las 9:30 AM.
Estas son las fechas en las que los acusados llegaron a acuerdos en las autoridades de Estados Unidos y los días en que escucharán sus sentenciasNotebookLM
Herrera Silvestre fue electo regidor en febrero del año 2020. En esos comicios obtuvo 3,731 votos preferenciales que le valieron su espacio en el concejo de regidores del Distrito Nacional.
Para 2024, el regidor Herrera Silvestre fue reelecto por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con 3,032 votos a su favor, según datos de la Junta Central Electoral. Es conocido como “Yeyea” en círculos políticos.
Fue suspendido provisionalmente por el Concejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional el pasado mes de septiembre por haber faltado durante tres meses.
El PRM, al enterarse del caso en abril de 2025, dijo que quien infrinja las normas legales deberán asumir personalmente las consecuencias de sus actos.
Los acusados pueden ser condenados de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. La corte tomará en cuenta la colaboración que han prestado para ahorrarle al Estado llegar a un juicio de fondo, donde según los documentos de las autoridades serían encontrados culpables de todas formas por la abundante carga probatoria del expediente.
Una de las posibilidades es que, una vez cumplida la pena de prisión, los acusados pasen a un periodo probatorio de al menos cinco años que, incluso, podría ser mucho mayor.
Los narcotraficantes fueron acusados por los Estados Unidos de conseguir cocaína en Suramérica, desde donde la transportaban a República Dominicana que les servía como punto de almacenamiento. Luego era trasladada al sur de la Florida, en los Estados Unidos.
Una vez distribuida la cocaína, el dinero recolectado era enviado a la República Dominicana y las ganancias repartidas en los integrantes de la organización criminal.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.