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Se declaran culpables en EE.UU. de tráfico de drogas regidor del PRM y general retirado.
Se declararon culpables de trafico de cocaína en los Estados Unidos el regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de esa nación, según documentos depositados en una corte de allí.
“Y si esta Oficina lo solicita, trabajar de forma encubierta bajo la supervisión y en cumplimiento de las normas de los agentes del orden público. Además, el acusado se compromete a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información u omisión falsas, a no implicar falsamente a ninguna persona o entidad y a no cometer nuevos delitos”, dice parte del texto que fue firmado por ambos individuos.
El regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez
Un tercer hombre, de nombre José Eduviges Aponte Torres, también aceptó su culpabilidad en el caso de tráfico de cocaína desde la República Dominicana y hasta el sur de la Florida.
El trio de narcotraficantes se declaró culpable del primer cargo que le imputaban las autoridades de Estados Unidos, mientras que los cargos segundo y tercero fueron retirados por las autoridades estadounidenses para llegar al acuerdo.
El cargo que admitieron es el de conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.
Los confesos narcos se comprometieron a hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera. “La comparecencia ante el gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, según lo requiera esta Oficina”, dice el texto firmado por el regidor del PRM y el general retirado de la Policía Nacional dominicana.
El regidor estuvo basada en República Dominicana durante la conspiración y su participación consistió en la planificación del tráfico con al menos otros dos co-conspiradores
El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el 18 de septiembre pasado. El acuerdo también está firmado por Genesis Peduto, su abogada y Kevin Gerarde, fiscal a cargo.
El regidor Herrera Silvestre, del gobernante Partido Revolucionario Moderno en la capital dominicana, firmó su colaboración y culpabilidad el pasado 6 de octubre. Junto a él estamparon su firma su abogado Kevin Conway y Kevin Gerarde, fiscal del caso.
El 10 de julio anterior, el regidor se había declarado no culpable de los tres cargos que pesaban en su contra en Estados Unidos.
La acusación contra el trío de narcotraficantes fue fechada el 5 de marzo del presente año y la lectura de las sentencias será de la siguiente forma: Aponte Torres tiene cita para el 5 de diciembre, a las 11:00 AM; el general retirado Durán Jerez, escuchará el dictamen en su contra el 11 de diciembre, a las 10:00 AM y el regidor Herrera Silvestre lo hará el 8 de enero de 2026, a las 9:30 AM.
Estas son las fechas en las que los acusados llegaron a acuerdos en las autoridades de Estados Unidos y los días en que escucharán sus sentenciasNotebookLM
Herrera Silvestre fue electo regidor en febrero del año 2020. En esos comicios obtuvo 3,731 votos preferenciales que le valieron su espacio en el concejo de regidores del Distrito Nacional.
Para 2024, el regidor Herrera Silvestre fue reelecto por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con 3,032 votos a su favor, según datos de la Junta Central Electoral. Es conocido como “Yeyea” en círculos políticos.
Fue suspendido provisionalmente por el Concejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional el pasado mes de septiembre por haber faltado durante tres meses.
El PRM, al enterarse del caso en abril de 2025, dijo que quien infrinja las normas legales deberán asumir personalmente las consecuencias de sus actos.
Los acusados pueden ser condenados de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. La corte tomará en cuenta la colaboración que han prestado para ahorrarle al Estado llegar a un juicio de fondo, donde según los documentos de las autoridades serían encontrados culpables de todas formas por la abundante carga probatoria del expediente.
Una de las posibilidades es que, una vez cumplida la pena de prisión, los acusados pasen a un periodo probatorio de al menos cinco años que, incluso, podría ser mucho mayor.
Los narcotraficantes fueron acusados por los Estados Unidos de conseguir cocaína en Suramérica, desde donde la transportaban a República Dominicana que les servía como punto de almacenamiento. Luego era trasladada al sur de la Florida, en los Estados Unidos.
Una vez distribuida la cocaína, el dinero recolectado era enviado a la República Dominicana y las ganancias repartidas en los integrantes de la organización criminal.
Nacionales
Se repite el discurso de Luis Henry Molina de que se han eliminado más de 40 años de mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina dijo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhibe como logro haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, quien agregó que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.
Dijo que detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, por lo que el principal objetivo era erradicar la mora. “Una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad”.
Luis Henry Molina y el presidente Luis Abinader encabezan misa solemne por el Día del Poder JudicialJosé Alberto Maldonado
Molina citó que el 87% de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se mantiene actualizada en línea.
“Se redujeron los asuntos administrativos (que no implican conflictos entre partes) del 49% al 36%, permitiendo a los jueces centrarse en su función constitucional”, destacó en su discurso por el Día del Poder Judicial.
Destacó las reformas legales: y dijo que ese avance fue respaldado por leyes clave como la Ley de uso de medios digitales, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables, por lo que abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que cubren todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
“Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero”.
Santo Domingo, R.D.-Posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad para el Gobierno y la falta de una supervisión democrática; estas son algunas de las falencias registradas por representantes opositores de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa, aprobada este miércoles en la cámara baja en segunda discusión, será tramitada al Senado de la República, donde los legisladores tendrán la decisión de ponerla a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazarla.
La pieza fue favorecida por el bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no obstante, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al Gobierno para ejercer las labores de inteligencia.
Así lo manifestó el diputado Danilo Díaz, quien considera que las disposiciones redactadas en el documento que elaboró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.
Además, expresó su inquietud, ya que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que el proyecto de ley especifique el alcance.
“Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”, versa una de las atribuciones establecidas en el artículo 10.
“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.
“No hay contrapeso”
Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.
“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso”, dijo.
El dirigente peledeísta entiende que esta institución, en caso de ser finalmente creada, no debería estar encargada de gestionar el control de los extranjeros en los aeropuertos, muelles y la zona fronteriza del territorio nacional.
“Tratar de sustituir a la Dirección General de Migración con el control de los extranjeros; no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad. El DNI haga una relación de lo que puede ser y lo notifique a Migración, no que el DNI tenga la autoridad operativa”, resaltó.
Díaz aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado, sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.
“No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.
Protección a la fuente de información
El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.
“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.
Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que coliden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.
“Una mejor regulación”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, empatizó con las preocupaciones expresadas por las bancadas opositoras, pero respondió indicando la necesidad que tiene el país de modernizar la regulación de la forma aplicada por las autoridades para obtener informaciones e investigar asuntos extraoficiales.
“Lo más saludable es que los aspectos con los que se regula la seguridad nacional estén bien normados con una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación a muchísimos aspectos que hoy no están regulados y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene libre albedrío”, expresó.
Momentos después, los oficialistas del PRM y bloques políticos aliados lograron terminar la discusión con 112 votos a favor, superando a los opositores que, en su mayoría, prefirieron abstenerse.
Tras abusar sexualmente de la niña Brianna Genao González, un tio de la manor habria confesado a la Policía Nacional que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, habría confesado tras varios días de interrogatorio en torno al crimen ocurrido en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata.
Fuentes indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, pero que «no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta».
Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del general Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles del caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.
Este miércoles continuó la búsqueda de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.
Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.