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Se declaran culpables en EE.UU. de tráfico de drogas regidor del PRM y general retirado.
Se declararon culpables de trafico de cocaína en los Estados Unidos el regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez, tras llegar a un acuerdo con las autoridades de esa nación, según documentos depositados en una corte de allí.
“Y si esta Oficina lo solicita, trabajar de forma encubierta bajo la supervisión y en cumplimiento de las normas de los agentes del orden público. Además, el acusado se compromete a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información u omisión falsas, a no implicar falsamente a ninguna persona o entidad y a no cometer nuevos delitos”, dice parte del texto que fue firmado por ambos individuos.
El regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez
Un tercer hombre, de nombre José Eduviges Aponte Torres, también aceptó su culpabilidad en el caso de tráfico de cocaína desde la República Dominicana y hasta el sur de la Florida.
El trio de narcotraficantes se declaró culpable del primer cargo que le imputaban las autoridades de Estados Unidos, mientras que los cargos segundo y tercero fueron retirados por las autoridades estadounidenses para llegar al acuerdo.
El cargo que admitieron es el de conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.
Los confesos narcos se comprometieron a hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera. “La comparecencia ante el gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, según lo requiera esta Oficina”, dice el texto firmado por el regidor del PRM y el general retirado de la Policía Nacional dominicana.
El regidor estuvo basada en República Dominicana durante la conspiración y su participación consistió en la planificación del tráfico con al menos otros dos co-conspiradores
El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el 18 de septiembre pasado. El acuerdo también está firmado por Genesis Peduto, su abogada y Kevin Gerarde, fiscal a cargo.
El regidor Herrera Silvestre, del gobernante Partido Revolucionario Moderno en la capital dominicana, firmó su colaboración y culpabilidad el pasado 6 de octubre. Junto a él estamparon su firma su abogado Kevin Conway y Kevin Gerarde, fiscal del caso.
El 10 de julio anterior, el regidor se había declarado no culpable de los tres cargos que pesaban en su contra en Estados Unidos.
La acusación contra el trío de narcotraficantes fue fechada el 5 de marzo del presente año y la lectura de las sentencias será de la siguiente forma: Aponte Torres tiene cita para el 5 de diciembre, a las 11:00 AM; el general retirado Durán Jerez, escuchará el dictamen en su contra el 11 de diciembre, a las 10:00 AM y el regidor Herrera Silvestre lo hará el 8 de enero de 2026, a las 9:30 AM.
Estas son las fechas en las que los acusados llegaron a acuerdos en las autoridades de Estados Unidos y los días en que escucharán sus sentenciasNotebookLM
Herrera Silvestre fue electo regidor en febrero del año 2020. En esos comicios obtuvo 3,731 votos preferenciales que le valieron su espacio en el concejo de regidores del Distrito Nacional.
Para 2024, el regidor Herrera Silvestre fue reelecto por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con 3,032 votos a su favor, según datos de la Junta Central Electoral. Es conocido como “Yeyea” en círculos políticos.
Fue suspendido provisionalmente por el Concejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional el pasado mes de septiembre por haber faltado durante tres meses.
El PRM, al enterarse del caso en abril de 2025, dijo que quien infrinja las normas legales deberán asumir personalmente las consecuencias de sus actos.
Los acusados pueden ser condenados de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. La corte tomará en cuenta la colaboración que han prestado para ahorrarle al Estado llegar a un juicio de fondo, donde según los documentos de las autoridades serían encontrados culpables de todas formas por la abundante carga probatoria del expediente.
Una de las posibilidades es que, una vez cumplida la pena de prisión, los acusados pasen a un periodo probatorio de al menos cinco años que, incluso, podría ser mucho mayor.
Los narcotraficantes fueron acusados por los Estados Unidos de conseguir cocaína en Suramérica, desde donde la transportaban a República Dominicana que les servía como punto de almacenamiento. Luego era trasladada al sur de la Florida, en los Estados Unidos.
Una vez distribuida la cocaína, el dinero recolectado era enviado a la República Dominicana y las ganancias repartidas en los integrantes de la organización criminal.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.