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Se retira Pared Perez y crea peligroso fraccionamiento en el danilismo
Pared Perez, quien además es presidente del Senado, consideró que con la campaña electoral que realiza Castillo, se violenta todas las normas de equidad y de justicia, ya que por más de un año él estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno que provoca desequilibrio”.
“Se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”, agrego Pared Pérez durante la rueda de prensa en el Hotel Crowne Plaza.
Y por esa razón, agregó, “he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD… pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial, han variado de forma injusta y de total parcialización”.
Amarante Baret también había motivado su renuncia a la precandidatura presidencial bajo los mismos alegatos de que que el Gobierno está parcializado a favor de Gonzalo Castillo.
“Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a tranzar”, dijo Amarante Baret.
Santo Domingo, R.D.-Sera el lunes 17 de agosto cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La decisión, que originalmente se conocería este miércoles, fue reprogramada de manera administrativa por la secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado además por las juezas Yisell Soto y Clara Castillo.
Los abogados del exprocurador, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, argumentando que el proceso está a punto de superar los seis años de duración, un retraso que, según sostienen, es enteramente atribuible al ministerio público.
Explicaron que la fase investigativa se extendió por casi dos años, a lo que se añadió una prórroga de cuatro meses pedidos por el órgano acusador y una intimación judicial posterior para que esta finalizara. La defensa afirma que dos tribunales ya han determinado que esas dilaciones no son responsabilidad del imputado, quien además permaneció privado de libertad durante cuatro años.
Como sustento legal, invocaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece en cuatro años el plazo razonable en materia penal, así como la Ley 97-25, que restringe las causales para prorrogar ese plazo a casos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas mediante resolución motivada emitida en su momento circunstancias que, según la defensa, no se configuran en este expediente.
El órgano acusador pidió rechazar la petición, al considerar que carece de fundamento jurídico y que ha sido el propio imputado quien ha buscado dilatar el conocimiento del proceso y de las pruebas en su contra.
El director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirta Ortiz, argumentaron que la extinción procesal es una sanción reservada para casos de inactividad o conducta defectuosa de las partes, no un recurso aplicable cuando el retraso se debe a la complejidad del expediente.
Ortiz precisó que aplazamientos por motivos de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la propia defensa, derechos del personal judicial y la carga de trabajo de los tribunales no pueden atribuirse al órgano persecutor.
Citó como precedente la resolución del mismo tribunal del 17 de marzo de 2025 en el caso contra Juan Alexis Medina Sánchez, cuando también fue rechazada una solicitud similar.
Según la funcionaria, el retraso alegado responde a una estrategia dilatoria de las defensas, y mencionó que una de ellas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones.
Santo Domingo, R.D.-Fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos por la República Dominicana David Armando Brito Brito (El Jamaquen) acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.
Se recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del arresto de este hombre el pasado mes de mayo, tras varios allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia en seguimiento a la Operación PT7.
La autorización de la extradición de David Armando Brito Brito se realizó a través del decreto 346-26 y salió del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue entregado a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia hacia Puerto Rico para responder en un tribunal las acusaciones que pesan en su contra.
El dominicano se enfrenta cargos de continuación de organización criminal, conspiración para importar hacia los Estados Unidos, desde un lugar fuera de su territorio, cinco kilogramos o más de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína, posesión de armas de fuego, conspiración para cometer delito de lavado de activos, entre otras acusaciones.
“La captura y posterior extradición del dominicano es parte del trabajo conjunto, la cooperación y el intercambio constante de información entre la Republica Dominicana y Estados Unidos para capturar a fugitivos buscados por cometer delitos de narcotráfico, fraudes, lavado, asesinatos, violaciones, entre otros”, explicaron las autoridades.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la República Dominicana aclararon que el informe de la Casa Blanca titulado “La Gran Estafa del Transbordo”, el cual analiza prácticas ilegales mediante las cuales mercancías procedentes de países con aranceles más altos, especialmente China, podrían ser enviadas a terceros países para luego reexportarse a los Estados Unidos, no involucra, en términos generales al país en acciones ilícitas de esa naturaleza.
A través de un comunicado, enviado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se informó que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.
El MICM señala que en el caso específico de República Dominicana, el informe la ubica dentro de un grupo de economías de menor escala que, por contar con zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense, pudieran resultar atractivas para operadores ilícitos.
“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.
El MICM subrayó que comparte plenamente el objetivo de los Estados Unidos de impedir que cualquier empresa utilice territorio dominicano para evadir ilegalmente aranceles, falsear el origen de una mercancía, reetiquetar productos o vulnerar compromisos comerciales asumidos con socios estratégicos.
“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.
El Ministerio señaló que las empresas que participan en la cadena logística internacional, así como en los servicios y la manufactura de exportación, están sujetas a procesos de verificación, fiscalización y cumplimiento que procuran asegurar que las operaciones respondan a producción real, transformación sustancial cuando corresponda y documentación trazable.
Asimismo, el MICM informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades aduaneras y comerciales nacionales, y que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses competentes para entender los indicadores específicos señalados en el informe y fortalecer aún más la trazabilidad, los controles y los mecanismos de cooperación bilateral.
“El objetivo del Gobierno dominicano es claro: distinguir entre la triangulación ilegal y la producción legítima que ocurre cuando una empresa invierte, produce, emplea dominicanos y transforma bienes en la República Dominicana. Esa distinción es fundamental para proteger la reputación del país, defender el comercio formal y preservar la confianza de nuestros socios comerciales”, agregó el MICM.
El Ministerio reafirmó que continuará respaldando toda iniciativa orientada a proteger la integridad del comercio internacional, combatir las prácticas ilícitas y consolidar a la República Dominicana como destino confiable para la manufactura, la logística, las zonas francas, el nearshoring y las exportaciones.