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Sigue misterio e incógnitas sobre cocaína decomisadas en Caucedo
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por el Banco de Reservas la solicitud de embargo a los fondos de la Junta Central Electoral (JCE) por parte de la empresa estadounidense Latin Events, LLC.
Banreservas denegó la solicitud en virtud de la Ley 86-11 y la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que establece que las entidades de intermediación financiera están impedidas de inmovilizar fondos públicos, salvo que se trate de una sentencia con carácter definitivo.
La empresa pretendió trabar el embargo retentivo a los fondos de la JCE por una supuesta deuda ascendente a los 108,720,000 pesos con los intereses.
La JCE informó que interpuso formalmente un recurso de apelación en donde cita y emplaza a dicha empresa para que comparezca ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La apelación, de fecha 16 de julio de 2026, fue interpuesta a propósito del auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera, solicitada por Latin Events.
La JCE reitera que no existe evidencia alguna donde conste la aprobación ni autorización por parte de su Pleno ni de su presidente para la adquisición de presuntos servicios que la parte demandante alega fueron requeridos por la institución.
La JCE afirma que demostrará en sus recursos judiciales que no fue asumida tal obligación que demanda la sociedad comercial en aras de preservar el correcto uso de los fondos públicos del pueblo dominicano.
El documento de la sentencia, homologada en el país el pasado 29 de junio, establece que la JCE firmó un acuerdo con Latin Events el 30 de octubre de 2023, por 1,000,000 de dólares para que esta empresa preste servicios en relación con una campaña de registro de votantes, dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos.
Santo Domingo, R.D.-Treinta y dos cambios a 24 articulos del Codigo Penal introdujo la Cámara de Diputados en primera lectura este sabado.
Los artículos modificados fueron el 11, 121, 122, 123, 124, 141, 144, 176, 177, 192, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 248, 269, 303, 310 y 354.
Algunas de las modificaciones establecidas son las siguientes:
En cuanto a la sanción, amplía la pena menor hasta quince días, la cual está en el modelo actual en seis meses. La máxima continúa en hasta un año de prisión.
Además, busca eliminar del nuevo Código Penal la sanción en los casos cuando el contenido falso sea elaborado por medio de montajes.
La pena actual del artículo 208 sobre la difamación es de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, sugieren disminuirla de uno a dos años de prisión.
Además, aclara que no será sancionada si se registra en medios de comunicación, streaming y en el ciberespacio.
No obstante, aclara que las declaraciones serán permitidas solo cuando estas estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información.
El artículo 121, que incluía la tipificación del bullying, cambia completamente el concepto y lo nombra únicamente como hostigamiento.
Además, disminuye la pena a entre cinco y diez años cuando el hecho cause el suicidio de un menor de edad.
El artículo 123 cambiaría su título a hostigamiento cibernético, en la actualidad nombrado como ciberbullying.
Además, establece que, para constituirse, este delito debe ser de manera reiterada y sistemática.
La modificación elimina que los comentarios de redes sociales sean considerados como un método para aplicar el hostigamiento en contra de una persona y mantendría la pena igual: de dos a cinco años.
Mientras que el artículo 142 sobre el exhibicionismo eximiría de responsabilidad penal a quien se desnude en actividades artísticas, culturales, científicas o educativas.
En tanto, el artículo 144, que contempla el acoso agravado, aumentaría la sanción actual, de dos a tres años de prisión, elevándola de dos a cinco años.
El artículo 176 sobre proxenetismo aumentaría la pena. Incrementándola de dos a tres años de prisión, hasta de dos a cinco años.
La violación de propiedad establecida en el artículo 269 sería sancionada con entre dos y cinco años de prisión.
Los congresistas incluyeron la tipificación de la violencia física en los casos de agresiones entre familiares.
Por otro lado, el artículo 354 amplía el campo de sanciones para los médicos que expidan un certificado sobre la existencia o inexistencia de una enfermedad, ya que también incluye a los doctores forenses del sector privado. La pena sería de dos a tres años de prisión.
El artículo 303 sanciona la malversación de fondos públicos para aquellos funcionarios que desvíen los recursos del Estado. En este apartado, aumentaría la pena de cinco a diez años. En el marco vigente, está entre dos y tres años de prisión.
Santo Domingo, R.D.-La cancelacion de múltiples vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas como consecuencia de las intensas lluvias e inundaciones repentinas que afectan a varias ciudades de Estados Unidos han dejado decenas de pasajeros varados tanto en la terminal dominicana como en diferentes aeropuertos estadounidenses.
Desde las primeras horas del día se observaron largas filas de viajeros frente a los mostradores de las aerolíneas y en las oficinas de servicio al cliente dentro del AILA, donde cientos de personas buscaban reprogramar sus vuelos, cambiar fechas de viaje o recibir información sobre el estado de sus itinerarios.
La situación generó momentos de tensión y preocupación entre los pasajeros, muchos de los cuales tenían compromisos familiares, personales y de negocios impostergables en territorio estadounidense.
Otros manifestaron que permanecerán atentos a las informaciones de las aerolíneas con la esperanza de poder abordar los primeros vuelos que sean autorizados una vez las condiciones climáticas permitan la normalización de las operaciones aéreas.
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) confirmó que las cancelaciones obedecen a las severas condiciones meteorológicas que afectan el noreste y otras zonas de Estados Unidos, donde las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas han provocado interrupciones en las operaciones de numerosos aeropuertos.
Entre los vuelos cancelados figuran los de JetBlue 09 y JetBlue 609, procedentes del Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York; el Delta Air Lines 1908, también desde esa terminal neoyorquina; y el vuelo Arajet 2315, procedente del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR).
Asimismo, quedaron suspendidas las salidas del vuelo JetBlue 210 y del Delta Air Lines 1863 con destino a Nueva York, además del JetBlue 2510 hacia Orlando y el JetBlue 330 con destino a Boston.
Las fuertes precipitaciones registradas en ciudades como Nueva York, Boston, Newark y otras localidades del noreste estadounidense han ocasionado inundaciones en carreteras, interrupciones en el transporte terrestre y restricciones operacionales en varios aeropuertos, obligando a las aerolíneas a cancelar o retrasar numerosas operaciones para preservar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.
Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas continuaba el flujo de viajeros que acudían a los mostradores de las líneas aéreas para gestionar la reprogramación de sus boletos y asegurar un asiento en los próximos vuelos disponibles cuando las autoridades estadounidenses autoricen la reanudación normal de las operaciones.