Latinoamericanas
Relevan a jefes policiales que ordenaron operativo contra comerciantes en Lima
El director de la Policía Nacional del Perú (PNP), el general Raúl Salazar, informó sobre el relevo de sus cargos de los jefes policiales que ejecutaron el operativo durante los disturbios registrados en el mercado mayorista de alimentos La Parada (Lima), que culminó con dos muertos. Funcionarios del organismo de seguridad rechazan la medida.
La Policía de Perú anunció este jueves el relevo de sus cargos de los jefes policiales que ejecutaron el operativo por los disturbios registrados en el mercado mayorista de alimentos La Parada (Lima), que culminó con dos muertos el pasado jueves, porque la intervención no contó con una orden superior.
El general Raúl Salazar, director de la Policía Nacional del Perú (PNP), dijo que «se ha dispuesto el relevo de altos mandos que tuvieron a su cargo la operación en La Parada jueves 25 de octubre por haber actuado sin ninguna orden superior».
Salazar indicó que ese día hubo dos muertos y que el operativo quedó frustrado, lo que fue resuelto el sábado con una nueva acción más coordinada que logró bloquear finalmente los accesos al centro de abastos La Parada, ubicado el distrito limeño de La Victoria.
Los relevados son el jefe de la VII Región Policial, el general Aldo Miranda Soria; el jefe de la Unidad de Servicios Especiales, Hernán Valdiviezo Carpio; el jefe de la Oficina Regional de Inteligencia, William Santillán Núñez; el jefe de la División Territorial Centro 2, Fernando Espinoza Barrientos; y el jefe de Planeamiento Operativo del Estado Mayor, Antonio Ramírez López.
El director de la policía aseguró que «no se le informó del día y hora del operativo» al tiempo que indicó que esa acción se realizó con imprecisión.
«La Inspectoría General de la policía está a cargo de las investigaciones y a los oficiales se le ha relevado del cargo para que exista una investigación imparcial», añadió.
El enfrentamiento se produjo cuando la Municipalidad de Lima colocaba bloques de concreto para impedir el ingreso al mercado mayorista de camiones con productos alimenticios que vienen de la zona central del país, lo que generó el rechazo de los comerciantes que lanzaron piedras, palos y botellas a la policía, que a su vez reaccionó esparciendo gases lacrimógenos.
En esa acción violenta murieron dos civiles y más de 100 resultaron heridos, entre ellos, varios policías.
El pasado sábado, un nuevo operativo encabezado por el director de la policía peruana, Raúl Salazar, logró colocar los bloques de cemento, aunque el saldo fue de otros dos muertos y unos 100 detenidos.
Funcionarios rechazan la medida
Tras la destitución del coronel Hernán Valdivieso Carpio y de otros altos mandos policiales, un sector de la Policía Nacional amenazó con una huelga nacional indefinida si el director general de su institución, Raúl Salazar, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, no ponen sus respectivos cargos a disposición.
En declaraciones publicadas por Canal N, un vocero de la Unidad de Servicios Especiales de Lima (que prefirió mantener su nombre en el anonimato) cuestionó el maltrato de las autoridades hacia los efectivos que participaron en la operación realizada en el centro de abastos y les dio un plazo de 72 horas antes de que los efectivos se plieguen a una huelga indefinida.
“Por una ignorancia de unos generales que son de escritorio, que no conocen de operatividad, que no conocen lo que es estar en la calle, que no conocen un plan de inteligencia, de un momento a otro, nos hicieron cambiar para ir el día jueves (a La Parada) para que nos masacren, y regresar el día sábado como si nada hubiese pasado”, señaló el agente.
“¿Por qué tanto apuro y por qué tanta necesidad de mandarnos a nosotros solamente con una vara y un escudo, sabiendo que es una parte delincuencial?”, se preguntó el policía, quien mostró en todo momento su respaldo hacia el coronel Hernán Valdivieso Carpio, encargado de la División de Servicios Especiales (Divseresp), sindicado como el responsable de señalar la hora y fecha del primer ‘bloqueo’ fallido en el mercado.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.