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Rent cars formales mueven 8 mil turistas por mes en el país

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Hertz es una de las 14 empresas formales que ofrecen el servicio de renta de autos en la en República Dominicana.

Hertz es una de las 14 empresas formales que ofrecen el servicio de renta de autos en la en República Dominicana.

En República Dominicana unos 8,000 turistas se movilizan cada mes en vehículos rentados a empresas formalmente constituidas del ramo y una cantidad no determinada a través de negocios que operan informalmente.

Las empresas-franquicias internacionales de rent cars formales que operan en el país son 14 y se distinguen de las “criollas”, primero porque cuentan con una serie de permisos que se requieren para eso y porque pagan sus impuestos correspondientes.

Los 14 rent cars tienen presencia no solo en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo), sino en los principales puntos turísticos, como Bávaro, La Romana, Puerto Plata y Santiago, entre otros. Esa característica de los negocios constituye a la vez una garantía y una diferencia respecto a quienes operan sin control, que suelen tener apenas un punto u oficina en un lugar específico. Algunos de éstos tienen un local, por ejemplo, en La Caleta de Boca Chica o quizás una en Santiago.

Cuando una persona (en este caso un extranjero) necesita un carro en un país desconocido no quiere arriesgarse a contratar el servicio con una persona que no pueda responder luego, si se presentara un evento inesperado. Es ahí donde las compañías formales llevan la mejor parte. La mayor cantidad de unidades que tiene una empresa formal de renta de vehículos en el país oscila entre 600 y 700. Pero el promedio por empresa es de 200 y 300 unidades. Es decir, que de manera global las empresas formales de rent cars poseen entre 3,000 y 5,000 unidades. Y de esas unidades se alquila (se denomina nivel de ocupación) alrededor del 75% en temporada alta. El promedio de alquiler de autos es semanal, de acuerdo a datos ofrecidos por la presidenta y el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rent Cars (ANDRI), Joan C. Flaquer, y Enrique Fernández, respectivamente.

Para operar formalmente como rent  car se requiere contar con una serie de permisos que otorga el Gobierno vía el Ministerio de Turismo (al menos para  zonas con actividad turística), y se requiere contar con un registro mercantil y un RNC, este último otorgado por la Dirección de Impuestos Internos. Con nada de eso cuentan las compañías informales, de las cuales pueden existir cientos en el territorio dominicano. Entre las rent cars formales presentes el país, cuyas empresas madres se ubican en el extranjeras figuran Hertz, AVIS, American International, Alamo, Dollar, Budget, National, Thrifty, Nelly, Ozavi, Advantage, Payless Car Rental y Europcar.

¿Cómo evitan el fraude?

Las principales compañías de rent cars formales para hacer las transacciones con las tarjetas de crédito utilizan como intermediario a la empresa Card Net, institución que ofrece a los rentadores capacitaciones sobre cómo identificar una tarjeta fraudulenta. Lo propio hace otro banco del país, que imparte seminarios sobre la materia. “Si uno recibe un documento falso, se identifica y existe un procedimiento sobre qué hacer al respecto”, indica Flaquer. “Y de hecho, la tarjeta en sí es un cedazo bastante poderoso, porque es difícil que un delincuente consiga una tarjeta de crédito legal”, agrega Enrique Fernández. Lo que quiere decir este conocedor del negocio, es que “desde que un cliente viene con una tarjeta, te la presenta y si está buena, significa que hay un banco que tuvo la confianza de extenderle un crédito abierto. Eso es una garantía para el cliente”.

El principal requisito para alquilar un auto es que el solicitante cuente con una tarjeta de crédito con suficiente disponibilidad. Algo así como una tarjeta “responsable”. Aunque no es muy común que se cometan hechos delictivos utilizando vehículos rentados, no significa que esos negocios estén totalmente libres de que eso ocurra. Flaquer sostiene que cuando eso sucede se genera un problema y una pérdida de ingreso porque, aunque no tiene nada que ver con el hecho, usualmente el vehículo, que es un activo de la empresa, queda retenido como evidencia del caso. En cuanto a las tarifas, hay que incluyen un día de renta (por ejemplo, de 10:00 de la mañana de un día a esa misma hora del día siguiente), tarifas semanales y mensuales (básicamente para compañías) que requieren el servicio.

Conocedores del negocio

Joan C. Flaquer
Presidenta de Asociación de Rent Cars
“La tarifa diaria más económica que tiene un rent cars es de US$22.00 y la más elevada US$26.00, en el carro más pequeño. Si el vehículo es superior el monto sube. Las empresas formales están orientadas a distintos segmentos del mercado. Pero sin duda hay para todos”.

Enrique Fernández
Director ejecutivo de ANDRI
“Entre los concesionarios de marcas de autos y los rent cars hay una relación comercial estrecha. Y eso se da porque las empresas que rentan autos normalmente lo hacen con unidades nuevas que les compran, precisamente, a los concesionarios del país”.

EL CARIBE

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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