Opinión
Repatriación de haitianos por mecanización
Por Oscar López Reyes
¡Albricia!
¡Qué pena!
Superiorizando la rentabilidad económica particular, desdeñando la protección del territorio nacional y poniéndose de espaldas a la mecanización espoleada valerosamente por el Gobierno para disminuir la intervención laboral foránea, portavoces de la construcción y la agropecuaria están solicitando que regularicen a 115 mil vecinos geográficos, lo que recrudecerá la haitianización. La experiencia testifica que una amplia porción se traslada a otras actividades, como el transporte público, el motoconcho y la venta de frutas y cocos.
Con su muy pronunciada actitud de no querer hacer el más mínimo sacrificio pro-Nación, ni reemplazar la fuerza humana por equipos y herramientas automatizadas, empresarios agrícolas y de la construcción inducen a interpretar que están montando una resistencia tenaz a la iniciativa presidencial para disminuir la mano de obra extranjera bruta, barata e indocumentada. ¡La contratación de haitianos es imprescindible e insustituible!, encapsula como su invariable consigna.
En línea contraria ha marchado el Gobierno, facilitando recursos para la reconversión en aras de aumentar la producción y la competitividad, y eludir más quebrantamiento a las leyes migratorias y laborales. Con ese propósito, tres instituciones oficiales les está ofertando en créditos más de 10 mil millones de pesos. Pero los acomodados no escuchan el rechazo colectivo por la masiva presencia de esos nacionales, y para que la seguridad alimentaria no siga en manos de adversarios ocultos.
Sin argumentos excusativos, y como ejemplo de una nueva visión y buena disposición para el cambio, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ya ha mecanizado el 85% del corte de la caña que, en San Pedro de Macorís, procesa el Ingenio Porvenir, el único que regentea el Estado, lo que ha reducido la mano de obra haitiana. Repatrió a 250 trabajadores haitianos que zajaban los tallos en los juncos, y próximamente otros serán devueltos a su país, para completar el 100%.
No es una, sino que son tres las fuentes de financiamiento para ayudar, cual si fuera un bastón en su mendigo e infortunado derrotero, a los citados patronos a que incorporen novedosas técnicas en la producción, vía la mecanización:
1.- El 6 de noviembre de 2023, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona anunció, en la Semanal, el programa de mecanización de los sectores agrícola y construcción, con la disposición de 3,000 millones de pesos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). Y el 14 de mayo de 2025 esta institución reveló que había prestado la citada cantidad de pesos, incluidos estos dos sectores de la economía, con una tasa preferencial de 9.5% anual, y realzó que en el área del arroz se han registrado hasta 70% de reducción en el uso de mano de obra y una subida de 20% en la productividad.
2.- El 25 de marzo de 2025, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) informó que tiene en reserva 60 millones de pesos para un novedoso proceso de mecanización de los cultivos en el campo, mediante la autogestión productiva.
3.- El 29 de mayo de 2025, el Banco Agrícola anunció una línea de crédito por más de 120 millones de dólares para la mecanización agrícola, especialmente para la compra de equipos tecnológicos.
Los constructores piden 87 mil “permisos” o regularización, indicando que están en el rango del 20% de la mano extranjera que establece el Código de Trabajo, en tanto que los agrícolas son más modestos: quieren 28 mil haitianos que, sumados a los 280 mil migrantes en la producción y cosecha de alimentos, serían 308 mil.
Por lo visto, la mecanización agrícola cumple por lo menos tres objetivos: 1) Achica la mano de obra, como ha ocurrido en la producción de arroz y en el Ingenio Porvenir, 2) Eficientiza el cultivo y la producción, menguando la pérdida de alimentos, y 3) Acorta las emisiones de gases de efecto invernadero.
Compilando, la República Dominicana está girando en un péndulo: seguir cerrando (mecanización y repatriación) o abrise (regularización o permisos), teniendo como telón de fondo un peligroso trance de múltiples vertientes (Haití), que se agudiza en cada soplo; y un flujo masivo humano hacia el territorio dominicano que se traduce en una sangría en los gastos del presupuesto nacional y un choque socio-cultural, que empeoraría con una eclosión de violencia.
Abrirse acarrea reconocer a personas sin tener documentos identificativos, o sea, sin saber de quién se trata. Sería contraproducente repetir el fracasado Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en el cual el gobierno de Danilo Medina Sánchez auspició, pérfidamente, la Ley 169-2014, buscando sepultar la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que establece con claridad que sólo son dominicanos los nacidos en suelo nacional de padres dominicanos o residentes legales. En el 2015, ese mandatario tiró al zafacón más de dos mil millones de pesos, ya que de 288 mil 466 que se inscribieron para obtener el estatus migratorio legal, apenas calificaron 239.
Y cerrar implica continuar deshaitianizando a la República Dominicana. En los primeros cinco meses del 2025, el Gobierno del presidente Abinader Corona repatrió a 153 mil ilegales, fecundando sosiego en un alargado segmento poblacional. Si se le arrincona para soltar la válvula o llave, con la llegada o legitimación de indocumentados -un grupo ahora y otro más tarde- el suelo de la patria se calentará aún más.
En ese enfervorizar en el calenturón -rememorando a Antonio Duvergé, Juan Bautista Cambiaso, José María Imbert, Fernando Valerio y otros héroes de las batallas contra los haitianos, pedazos de esa tierra saltarían como la irrupción de un volcán y más adelante, en su devota crispación, coetáneos contemplarían de reojo a emprendedores y desarrollados con la imagen del Dios Mercurio, y en esas miradas furtivas y acusatorias tumbarían muros y ventanas, arados y espigas, fuentes bautismales, púlpitos y otros mobiliarios sagrados. Pluguiera a Dios que no tengamos que ducharnos en esa lluvia.
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El autor: Miembro de número del Instituto Duartiano.
18 de junio de 2025.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.