Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina anunció que promoverá en el Congreso varias leyes de vital importancia, como son la Reforma de Policía Nacional, de la Ley del 9-1-1; la de Control y Regulación de Armas de Fuego, que contribuirán a dar un paso de gigante hacia un país más seguro, confiable y en paz.Nacionales
Medina promete reforma policial y leyes para aumentar la seguridad ciudadana
Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina anunció que promoverá en el Congreso varias leyes de vital importancia, como son la Reforma de Policía Nacional, de la Ley del 9-1-1; la de Control y Regulación de Armas de Fuego, que contribuirán a dar un paso de gigante hacia un país más seguro, confiable y en paz.Al participar como orador en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, Medina presentó las medidas que implementará para mejorar la seguridad ciudadana.
Dijo que se requiere contar con una policía moderna, cercana a la gente, mejor preparada y con condiciones de trabajo dignas.
Expresó que otras de las medidas para mejorar la seguridad ciudadana consisten en el hecho de que la policía generalizará el sistema de cuadrantes como método de prevención y que para eso se monitoreará todo el territorio y las zonas con más presencia de crímenes.
Sostuvo que además, aprovecharán la tecnología y crearán una base de datos común entre todas las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, para hacer más efectiva la persecución del crimen.
Dijo que también se promoverá el fortalecimiento de las áreas de Análisis Criminal del Ministerio Público y la Policía Nacional y se fomentará el uso de la tecnología en las labores de persecución del delito.
Informó que se establecerá un laboratorio y banco de ADN, especialmente para sospechosos de agresiones sexuales.
En cuanto a la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados endurecerá las normas para el porte y tenencia de armas, de forma que personas con antecedentes o casos pendientes de violencia no tengan acceso a licencias. Señaló que paralelamente se impulsarán planes de recolección de armas de fuego ilegales y de aquellas cuya tenencia o porte no puedan ser justificadas.
“Asimismo, en consonancia con nuestra firme compromiso de tolerancia cero con la violencia contra la mujer, aumentaremos las Unidades de Violencia de Género en todo el país, hasta que cada provincia cuenta con una”, expresó.
Protegerán a las mujeres contra la violencia
Medina también que en su próxima gestión, en caso de ganar las elecciones el 15 de mayo, se implementará un sencillo, pero eficiente dispositivo para proteger a las mujeres contra sus agresores, que ya está obteniendo excelentes resultados en otros países, sobre el cual adelantó que se trata de “un Botón Antipánico que no sólo alerta a la policía y evita la agresión, sino que además graba el audio de lo sucedido, y así sirve como prueba judicial”.
Afirmó que continuarán el Sistema 9-1-1, en la zona norte del país y después en las regiones Este y Sur y multiplicaremos la presencia de cámaras de videovigilancia en los principales núcleos urbanos, porque ya han demostrado sobradamente su eficacia en el combate a la criminalidad.
Listindiario
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, respondió este lunes al octavo informe presentado por la organización Participación Ciudadana, en el que se analiza el proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años, rechazando su contenido y alegando que contiene “informaciones falsas o manipuladas”.
En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Rodríguez sostiene que el informe busca “imponer una narrativa” que presiona al sistema de justicia, especialmente ante el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales establecido en el Código Procesal Penal.
El exfuncionario afirma que la prolongación del caso no es atribuible a su defensa, sino exclusivamente a supuestas negligencias del Ministerio Público.
- Según su versión, la investigación se ha visto afectada por retrasos en la presentación de la acusación, manejo inadecuado de evidencias digitales y múltiples aplazamientos.
Rodríguez destacó que pasó cuatro años en prisión preventiva y que, durante todo el proceso, ha asistido a cada audiencia sin solicitar suspensiones, lo que a su juicio contradice cualquier intención de dilatar el caso.
También aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y millones de archivos digitales, lo que habría contribuido a extender los plazos judiciales.
En su respuesta, el exprocurador cuestionó duramente a Participación Ciudadana, al que calificó de “ente desacreditado”, alegando que su informe omite elementos clave del expediente judicial y utiliza jurisprudencia desactualizada.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público habría incurrido en demoras desde las etapas iniciales del proceso, incluyendo extensiones en la fase de investigación, fallos en la gestión de evidencias y decisiones contradictorias sobre la estructura del expediente.
Entre los señalamientos, también mencionó supuestos retrasos derivados de errores en el manejo de pruebas digitales, incumplimientos en la entrega de evidencias de descargo y decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez insistió en que la normativa vigente establece límites claros para la duración de los procesos penales y que cualquier extensión debe ser autorizada por un juez en caso de dilaciones atribuibles a la defensa, lo cual según afirma no ha ocurrido en su caso.
Sostuvo además que en varias ocasiones los tribunales han rechazado alegatos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia de que los retrasos han sido generados por el órgano acusador.
Finalmente, el exprocurador convocó a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, donde su equipo legal presentará documentación y explicaciones detalladas sobre el proceso y el informe de Participación Ciudadana.
En ese encuentro, afirmó, se ofrecerán evidencias para responder a lo que califica como “planteamientos falsos” difundidos en el documento de la organización
Santo Domingo, R.D.- La decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G se conocerá el próximo jueves cuando las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se pronuncien al respecto, cuyo desfalco en contra del Estado alcanza los 4 mil quinientos millones de pesos, recursos que habrian sido utilizados para beneficios personales.
Este martes, la magistrada presidenta, Gisselle Méndez, junto a las demás juezas del tribunal, recesó la audiencia hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a las condiciones climáticas del país.
Ese día serán escuchados varios imputados del caso Coral y Coral 5G: los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Luego de ser escuchados, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes y se retirarán a deliberar para valorar la acusación del Ministerio Público y las evidencias presentadas en el proceso. También estudiarán los argumentos de la defensa y las pruebas aportadas por los abogados de los imputados.
Una vez se retiren, las magistradas deberán emitir la decisión dentro de un plazo de 30 días, contado desde el momento en que se reserven el fallo.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los imputados. Posteriormente, los abogados de los encartados refutaron los hechos imputados a sus defendidos. Luego, el órgano acusador presentó su réplica y, a su vez, la defensa realizó la contrarréplica.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual manera, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción impuestas, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluyendo cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
El próximo jueves, varios imputados del caso Coral y Coral 5G agotarán su turno de intervención ante el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Cinco de cárcel le impuso la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional a Elizabeth Silverio por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.
«Aún no me han podido demostrar con hechos que fueron dañados (niños), afectados o que fueron medicados como alegaban», acotó Silverio después de salir de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.
Conforme al Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
De igual forma, Magalys Sánchez Guzmán, fiscal del Distrito Nacional, expresó que Silverio “se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios profesionales”.
“Esta señora, haciendo ese uso de esa calidad falsa, estafó; además, violó la Ley de Salud, que establece claramente que para ejercer la profesión se necesitan los estudios superiores y obtener el exequatur para ejercer en República Dominicana”, comentó Sánchez Guzmán.
La representante del órgano persecutor explicó que Silverio falsificó un exequatur para así “poder demostrar a los padres y engañarlos”.
Sin embargo, Waldo Paulino, abogado de Silverio, aseguró que apelaran la sentencia y explicó que no se pudo comprobar que Silverio “realizo un titulo falso”.
“No se pudo demostrar que Elizabeth realizó un título falso, lo que se está hablando es del uso del mismo y de una falsa calidad. Dando la motivación la juez, está dando la dicotomía y los motivos para nosotros recurrir en apelación”, reveló Paulino.
Cabe destacar que el órgano fiscal estableció que la señalada violó los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.