Un comerciante fue engañado por supuestos compradores que utilizaron un comprobante de pago falsificado para retirar mercancías anunciadas en Facebook Marketplace.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Agentes de la Policía Nacional recuperaron varios electrodomésticos valorados en RD$288,500 que habían sido entregados por un comerciante a presuntos estafadores, quienes utilizaron una falsa transferencia bancaria para simular el pago de los artículos.

La recuperación se produjo mediante una operación conjunta de unidades investigativas, luego de que las autoridades recibieran informaciones sobre un camión que transportaba mercancías sospechosas desde Santo Domingo hacia la provincia Santiago.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones y de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad de Tamboril.

De acuerdo con el informe policial, los artículos pertenecen al comerciante Jesús Alfredo Santos Frías, quien denunció haber sido víctima de una maniobra fraudulenta después de colocar varios productos a la venta en la plataforma Facebook Marketplace.

Delincuentes simularon haber realizado transferencia bancaria

Las investigaciones preliminares establecen que los presuntos responsables contactaron al vendedor haciéndose pasar por compradores interesados en adquirir los electrodomésticos.

Una vez acordada la negociación, enviaron una captura de pantalla que aparentaba ser el comprobante de una transferencia bancaria por el valor de la mercancía.

Confiando en la autenticidad del documento, el comerciante autorizó la entrega de los artículos a un conductor que acudió en un camión para retirarlos.

Sin embargo, posteriormente descubrió que el dinero nunca había ingresado a su cuenta bancaria, por lo que presentó la denuncia ante las autoridades.

Recuperan mercancías durante operativo policial

Como resultado de las labores investigativas, los agentes lograron localizar y recuperar cuatro artículos que habían sido retirados mediante la operación fraudulenta.

Entre los bienes recuperados figuran un frízer vertical marca Oster, dos hornos eléctricos y un tanque de gas con capacidad para 100 libras.

La Policía Nacional informó que el valor conjunto de las mercancías asciende a RD$288,500.

La institución mantiene abiertas las investigaciones para identificar a las personas involucradas en el fraude, determinar cómo fue organizada la operación y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Fraudes digitales representan un riesgo para comerciantes

El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos asociados a las operaciones comerciales realizadas mediante plataformas digitales, particularmente cuando los vendedores aceptan comprobantes electrónicos sin verificar previamente la recepción efectiva del dinero.

Una de las modalidades utilizadas por los estafadores consiste en enviar imágenes manipuladas o documentos que aparentan confirmar transferencias bancarias inexistentes.

Este mecanismo puede provocar pérdidas económicas significativas, especialmente cuando los productos son entregados a terceros encargados de transportarlos hacia otras localidades.

Ante este tipo de situaciones, resulta fundamental que los comerciantes comprueben directamente en sus cuentas bancarias que los fondos se encuentran disponibles antes de autorizar el retiro o despacho de las mercancías.

También se recomienda conservar los mensajes intercambiados con los compradores, los números telefónicos utilizados y cualquier otra información relacionada con las negociaciones, ya que estos elementos pueden resultar útiles para las investigaciones.

La Policía Nacional continúa las diligencias destinadas a localizar a los responsables de este caso, mientras la recuperación de los electrodomésticos evita, por el momento, que el comerciante pierda definitivamente las mercancías sustraídas mediante el presunto engaño.

Más de 15 mil personas permanecen en prisión sin condena definitiva, mientras los centros penitenciarios alojan casi siete mil internos por encima de su capacidad.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La sobrepoblación penitenciaria y el elevado número de personas sometidas a prisión preventiva continúan representando importantes desafíos para el sistema de justicia dominicano, según advirtió la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), al presentar su informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión correspondiente al año 2025.

El documento establece que, al finalizar el pasado año, las cárceles dominicanas albergaban 23,270 personas privadas de libertad, a pesar de contar con una capacidad instalada para 16,357 internos.

Esta diferencia representa un excedente de 6,913 reclusos y coloca la ocupación penitenciaria en un 142.26 % de su capacidad, equivalente a un 42.26 % por encima del límite previsto para los establecimientos carcelarios.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la cantidad de personas que permanecen encarceladas sin haber recibido una sentencia condenatoria definitiva.

De acuerdo con las cifras presentadas por el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, 15,025 internos se encontraban bajo prisión preventiva, lo que representa el 64.57 % de la población penitenciaria.

El funcionario sostuvo que esta situación evidencia la necesidad de garantizar el carácter excepcional de esa medida de coerción, en lugar de convertirla en una práctica habitual dentro de los procesos penales.

Condiciones de internamiento agravan situación de los reclusos

La investigación también documentó las dificultades que enfrentan los privados de libertad debido a la insuficiencia de espacios físicos, las deficiencias sanitarias y las limitaciones en el acceso a servicios esenciales.

Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que el exceso de internos obliga a numerosas personas a descansar directamente sobre el suelo, ocupar pasillos o utilizar espacios improvisados debajo de los camarotes.

Estas condiciones se suman a la escasez de medicamentos, equipos médicos y servicios especializados para atender problemas de salud mental.

El informe señala, además, deficiencias alimentarias y limitaciones en la disponibilidad de vehículos para transportar reclusos a tribunales y centros hospitalarios.

Entre los recintos identificados con condiciones preocupantes figura la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde fueron detectados problemas de humedad, insalubridad, deterioro de sus instalaciones y presencia de plagas.

Población penitenciaria está compuesta mayoritariamente por hombres

Las estadísticas oficiales recogidas en el informe indican que 22,563 personas privadas de libertad son hombres, equivalentes al 96.96 % del total, mientras que las mujeres representan el 3.04 %, con 707 internas.

Estos datos permiten dimensionar las necesidades de infraestructura, servicios de salud, seguridad y programas de rehabilitación que enfrenta el sistema penitenciario nacional.

Defensa Pública reconoce avances en infraestructura penitenciaria

A pesar de las dificultades identificadas, la institución valoró algunas iniciativas desarrolladas para mejorar las condiciones de internamiento.

Entre ellas destacó el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado progresivo de internos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

También reconoció el fortalecimiento de los programas educativos y de capacitación destinados a facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Igualmente, resaltó los esfuerzos para construir un centro especializado para adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia La Vega.

Prisión preventiva y derechos fundamentales

La situación descrita por la Defensa Pública vuelve a colocar en el debate nacional la aplicación de la prisión preventiva y la obligación del Estado de garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana.

La Constitución dominicana reconoce la presunción de inocencia y establece garantías relacionadas con la libertad y la seguridad personal, principios que deben observarse durante todas las etapas del proceso penal.

En ese contexto, el uso prolongado o injustificado de la prisión preventiva puede agravar la sobrepoblación de los centros penitenciarios y dificultar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

El informe pone de manifiesto que la solución al hacinamiento carcelario no depende exclusivamente de construir nuevos establecimientos, sino también de fortalecer la gestión judicial, garantizar la revisión oportuna de las medidas de coerción y desarrollar políticas efectivas de rehabilitación y reinserción social.

De acuerdo con los hallazgos de la Defensa Pública, reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de reclusión siguen siendo tareas pendientes para asegurar que el cumplimiento de las decisiones judiciales se realice dentro del respeto a la dignidad humana y las garantías constitucionales.

Un hombre señalado de ingresar con un machete al centro educativo fue detenido, pero la preocupación persiste entre las familias. El director reclama vigilancia policial y asistencia psicológica para los estudiantes.

BARAHONA, República Dominicana. – El arresto de un hombre acusado de amenazar de muerte al director de la Escuela Primaria Mencía, ubicada en el municipio de Paraíso, no ha sido suficiente para devolver la tranquilidad a la comunidad educativa, donde este martes se registró una ausencia masiva de estudiantes debido al temor generado por el incidente.

De una matrícula de 800 alumnos, apenas 102 asistieron a clases, lo que representa una ausencia cercana al 87 % de la población estudiantil del plantel.

La situación se produjo después de que un individuo identificado como Algenis Ferreras presuntamente penetrara al recinto escolar portando un machete y profiriera amenazas contra el director, Joselin Lebrón, durante la tarde del lunes.

Según explicó el educador, el hombre habría ingresado saltando la pared perimetral de la parte trasera de la escuela, provocando momentos de angustia entre estudiantes y profesores.

Estudiantes manifiestan miedo de regresar a las aulas

El impacto emocional del incidente ha trascendido las instalaciones escolares y mantiene preocupadas a numerosas familias.

Lebrón relató que, desde el día de las amenazas, comenzó a recibir llamadas de padres cuyos hijos presentaban temor de regresar al centro educativo.

Algunos estudiantes habrían experimentado dificultades para dormir, mientras otros manifestaron su negativa a asistir nuevamente a clases por miedo a encontrarse en una situación semejante.

La preocupación no se limita a quienes presenciaron directamente el incidente, debido a que la información se extendió rápidamente entre los residentes de la comunidad.

Ante esta realidad, el director considera indispensable que las autoridades educativas dispongan asistencia psicológica y actividades de orientación para ayudar a los alumnos a recuperar su confianza.

Director pide investigar posible participación de terceros

Aunque el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades por sus familiares, el director solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio Público profundizar las investigaciones para determinar las verdaderas circunstancias del suceso.

Lebrón expresó sospechas sobre la posibilidad de que otras personas pudieran haber influido en el comportamiento del detenido, aunque aclaró que no dispone de elementos concluyentes para responsabilizar a terceros.

El educador explicó que Ferreras era conocido por el personal del centro, debido a que acostumbraba acudir a solicitar alimentos y recibía comida regularmente.

Incluso, aseguró que el mismo día del incidente el hombre había visitado el plantel y se le había ofrecido alimentación.

Por esa razón, manifestó que desconoce qué pudo motivar las amenazas, especialmente porque, según afirmó, nunca había tenido conflictos personales con el detenido.

Las sospechas expresadas por el director deberán ser verificadas por los organismos investigadores antes de establecer cualquier responsabilidad adicional.

Un estudiante alertó sobre el peligro

Al describir lo ocurrido, Lebrón explicó que se encontraba almorzando en la biblioteca cuando un estudiante llegó visiblemente alterado para advertirle que un hombre había penetrado al plantel y amenazaba con quitarle la vida.

Posteriormente, otros alumnos y profesores confirmaron la presencia del individuo y la situación de tensión que se desarrollaba dentro de la escuela.

El director indicó que varios niños reaccionaron con llanto y nerviosismo.

También señaló que recibió versiones sobre la posible presencia de un arma de fuego, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con los relatos conocidos por el educador, el incidente podría estar relacionado con una supuesta situación en la que estudiantes lanzaban piedras fuera del recinto escolar.

Sin embargo, sostuvo que ninguna circunstancia de esa naturaleza justificaría que una persona ingresara armada a una institución educativa y amenazara a sus integrantes.

Denuncian falta de policías escolares

El episodio también ha puesto de manifiesto las preocupaciones existentes sobre las condiciones de seguridad en la Escuela Primaria Mencía.

Su director aseguró que, antes de producirse las amenazas, había remitido comunicaciones al Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo solicitando la asignación de agentes de la Policía Escolar.

Según explicó, esos requerimientos no habían recibido la respuesta esperada, pese a que el plantel alberga diariamente a cientos de niños.

Lebrón afirmó que conserva constancias de las solicitudes depositadas ante las autoridades y reiteró la necesidad de contar con personal de vigilancia que permita controlar el acceso de personas ajenas a la comunidad educativa.

También indicó que existen otras necesidades pendientes, entre ellas el nombramiento de docentes para cubrir determinadas funciones.

Educación ofrece acompañamiento

Pese a sus cuestionamientos por la falta de vigilancia, el director reconoció el respaldo recibido de la Regional 01 de Educación de Barahona y del Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo.

Explicó que las autoridades regionales se han mantenido en comunicación con él y han manifestado disposición para brindarle acompañamiento jurídico.

Asimismo, agradeció las expresiones de solidaridad de padres, estudiantes y residentes de Paraíso, quienes acudieron al centro educativo para manifestarle apoyo después de conocer las amenazas.

El profesor aseguró que continuará desempeñando sus funciones y trabajando por el bienestar de los alumnos.

Autoridades deberán restablecer la confianza

El detenido se encuentra a disposición de los organismos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Hasta el momento de las informaciones divulgadas, no se habían ofrecido detalles sobre la calificación jurídica que recibiría el caso ni sobre una eventual solicitud de medidas de coerción.

Entretanto, la principal preocupación de la comunidad educativa gira en torno a las condiciones necesarias para garantizar el regreso seguro de los estudiantes.

La ausencia de casi 700 alumnos en una sola jornada evidencia la magnitud del temor generado por el episodio y la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar la normalidad escolar.

El caso deja planteada una situación que va más allá de las amenazas contra un educador: la importancia de garantizar mecanismos efectivos de vigilancia, prevención de la violencia y protección emocional en los centros educativos del país.

Para las familias de Paraíso, el desafío inmediato es recuperar la confianza de que sus hijos pueden acudir a recibir enseñanza sin temor a que su integridad física y emocional se encuentre amenazada.