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R.D. plantea ante la OEA salida democrática realista en Venezuela
Santo Domingo, R.D.-Una serie de naciones reunidas este martes extraordinariamente en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) coincidieron en que luego de la detención de Nicolás Maduro, Venezuela necesita un proceso de transición democrática.
Los países reunidos este martes con el objetivo de debatir los recientes hechos en Venezuela también consideraron que se debe evitar cualquier tipo de escalada del conflicto y así mantener la paz en la región.
Al hablar durante la sesión, Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral de República Dominicana, manifestó que en la actual situación existen dos prioridades inmediatas, una es la preservación del funcionamiento básico de las instituciones la otra es la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática.
Recordó que, tras las elecciones del 28 de julio del 2024, República Dominicana no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro y que, junto con otros Estados, exigió la publicación íntegra de las actas electorales y su verificación internacional, pero que la respuesta a ese legítimo reclamo fue la expulsión de Venezuela de los representantes diplomáticos y consulares dominicanos.
«Así como no reconocimos la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tampoco podemos conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular. República Dominicana no convalida hechos consumados», dijo.
La delegación de Estados Unidos ante la OEA aseguró que su país no invadió a Venezuela, sino que se trató de una acción de la fuerza pública que resultó en el arresto de una persona que ha sido acusada para que enfrente la justicia de ese país.
«Estas acciones no fueron tomadas a la ligera, el presidente Donald Trump le ofreció a Maduro diferentes vías de escape y él se rehusó a tomarlas, a tomar estas salidas.
Agregó que «no podemos seguir teniendo las mayores reservas petroleras del mundo bajo el control de adversarios del hemisferio occidental, mientras que el pueblo venezolano no tienen luz, no tienen calidad de vida y los petroleros no benefician al pueblo venezolano«.
Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Asuntos Bilaterales de Colombia, manifestó el rechazo de su país a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela.
Hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa.
«Colombia considera que las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional. Estas acciones contravienen el principio fundamental de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados, salvo en circunstancias estrictamente delimitadas en la Carta de las Naciones Unidas», manifestó.
Consideró que la intervención constituye un precedente sumamente preocupante por amenazar la paz y la seguridad regional, así como el orden internacional basado en normas.
Colombia reiteró el ofrecimiento de sus buenos oficios para contribuir a una salida diplomática a la situación actual e hizo un llamado para abstenerse de acciones que puedan escalar las tensiones o afectar la seguridad regional.
Chile sostuvo que estas acciones (0:42) constituyen un precedente peligroso para la paz y la seguridad regionales y para el orden (0:47) internacional basado en normas y pone en riesgo a la población civil. En este marco reiteramos (0:54) nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la solución pacífica (0:59)
con los principios que guían la política exterior de mi país, expresamos una profunda (0:20) preocupación y condena por las acciones militares unilaterales sobre el territorio de Venezuela, (0:26) las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la (0:31) prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad (0:35) territorial de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
De su lado, la delegación de Canadá propuso el inicio de un proceso de transición en Venezuela mediante el diálogo.
«Canadá ha apoyado este proceso de paz y una transición, digamos, liderada por Venezuela que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano. Y nosotros estamos con el pueblo venezolano y el derecho soberano que tienen para decidir su propio futuro una sociedad democrática. Ellos merecen un futuro construido en justicia, transparencia y libertades fundamentales», dijo.
Agregó que el régimen de facto venezolano no cuenta con ninguna legitimidad democrática responsable por violaciones a los derechos humanos, la destrucción de la economía venezolana y de detenciones arbitrarias de cientos de disidentes y opositores.
«Le hacemos un llamado a los Estados miembros para que coordinen los esfuerzos para que podamos compartir información, apoyar iniciativas que promuevan el diálogo«, destacó.
La representación de Guatemala expresó que el pueblo venezolano ahora tiene la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática, mientras que la comunidad internacional tiene el compromiso de apoyar sus esfuerzos en el marco del derecho internacional.
«Al mismo tiempo reafirmamos el respaldo al derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro en libertad mediante procesos auténticamente democráticos y respetuosos de la voluntad popular«, dijo.
En el caso de México, su delegación reiteró su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación de mayores consecuencias.
«La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno», agregó.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.