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Aprobarán en el país en los próximos días código de ética de inteligencia artificial.
Santo Domingo, R.D.-Mediante decreto la República Dominicana anunció este jueves que aprobará en los próximos días su Código de Ética de Inteligencia Artificial, un instrumento que busca regular el desarrollo, adquisición e implementación de estas tecnologías en el sector público.
En el marco de la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, inaugurada este jueves en Santo Domingo, la vicepresidenta Raquel Peña destacó que el país se encamina a convertirse en uno de los primeros de América Latina y el Caribe en contar con un marco ético nacional para el uso de la inteligencia artificial elaborado mediante un proceso de participación multisectorial.
«En los próximos días este marco referencial será oficialmente aprobado mediante decreto por el presidente de la República, Luis Abinader, de forma que queremos ser de los primeros países en la región en regular el desarrollo, adquisición e implementación de la inteligencia artificial en el sector público sobre la base de un código de ética cocreado con todos los sectores de la vida nacional», afirmó.
Peña explicó que el documento fue elaborado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto y la participación de más de 100 organizaciones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
La vicepresidenta señaló, además, que la aprobación de la Declaración de Santo Domingo y la presentación de la Hoja de Ruta Regional sobre Ética de la Inteligencia Artificial 2026-2027 permitirán fortalecer la cooperación regional, promover el intercambio de conocimientos y avanzar hacia una gobernanza alineada con los principios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Por su parte, el director general de la Ogtic, Edgar Batista, sostuvo que la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta presente en la prestación de servicios públicos, la gestión de datos y la toma de decisiones institucionales.
«La inteligencia artificial ha dejado de ser un tema de futuro. La inteligencia artificial se ha convertido en parte esencial de los sistemas económicos, administrativos y sociales. La tecnología hoy influye en absolutamente todo», comentó.
- En ese contexto, indicó que el Código Nacional de Ética para la Inteligencia Artificial servirá como un instrumento transversal de política pública basado en estándares internacionales y principios de protección de los derechos humanos, transparencia y confianza digital.
«Este código está concebido como un instrumento de políticas públicas para orientar el desarrollo, la adquisición e implementación de estas tecnologías en el país», afirmó Batista, quien además destacó la necesidad de fortalecer capacidades nacionales en áreas como ciberseguridad, infraestructura tecnológica y formación de talento especializado.
«La pregunta ya no es si los países van a incorporar inteligencia artificial en sus procesos institucionales y de estado, si no, ¿cuáles serán las condiciones de gobernanza? ¿Qué nivel de transparencia y cuál es el mecanismo de supervisión y control?», cuestionó Batista.
- El funcionario aseguró que lo importante es crear «un ecosistema digital confiable e inclusivo«.
En tanto, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, destacó que América Latina y el Caribe se ha convertido en la región que más activamente ha impulsado la implementación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por unanimidad por los Estados miembros de la organización en 2021.
«La inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias, pero nuestra responsabilidad es decidir cómo se desarrollará, cómo servirá al interés general y cómo construiremos una inteligencia artificial de confianza», expresó.
Lemaistre advirtió que la región enfrenta desafíos relacionados con la preparación de los sistemas educativos, la protección de la integridad de la información, la defensa de la democracia y la lucha contra la desinformación.
Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor cooperación regional para desarrollar infraestructura tecnológica, talento especializado y marcos regulatorios comunes que contribuyan a la construcción de una soberanía digital latinoamericana.
«Elegir cómo la IA se va a utilizar en el futuro, cómo hacer IA de confianza«, reiteró como la meta a corto plazo.
Mientras tanto, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, aseguró que la inteligencia artificial representa una transformación profunda que impactará la economía, la educación, la salud, el mercado laboral y el funcionamiento de las instituciones públicas.
Asinelli resaltó que la región necesita definir reglas, capacidades institucionales y mecanismos de gobernanza que permitan aprovechar las oportunidades de esta tecnología sin descuidar los riesgos asociados.
«La inteligencia artificial no es solamente una cuestión técnica, sino que tiene que ver con nuestras instituciones y con los valores que le vamos a poner para que podamos construir sociedades mejores», manifestó.
El ejecutivo de CAF señaló que América Latina y el Caribe cuenta con el talento y los recursos necesarios para desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero insistió en que las políticas públicas deben mantener al ser humano como eje central de la transformación tecnológica.
«Esta la moneda de la inteligencia artificial tiene dos caras. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todas las oportunidades, pero también a todos los riesgos que nos está trayendo», advirtió.
La cumbre se desarrolla los días 25 y 26 de junio y aborda temas relacionados con gobernanza digital, innovación responsable, fortalecimiento institucional y cooperación regional, con la participación de más de 20 países.
Como parte de los resultados del encuentro, República Dominicana asumirá la Presidencia Pro Tempore del mecanismo regional sobre ética de la inteligencia artificial, consolidando su posición como uno de los principales actores latinoamericanos en la construcción de políticas públicas para el uso responsable de esta tecnología.
SANTO DOMINGO.- Hombres que han cometido violaciones sexuales y delitos relacionados con violencia de género han recibido penas severas por violaciones por parte de tribunales de distintas provincias del territorio nacional.
Este jueves se informó sobre una sentencia de 20 años de prisión que el Tribunal Colegiado de Las Matas de Farfán impuso a un hombre procesado por violar repetidamente a una adolescente de 15 años de edad. Este ùltimo fue identificado como Garrido Encarnación Díaz, quien, según la acusación, cometió los delitos en una vivienda donde la víctima residía con sus abuelos entre 2022 y 2024.
El procesado aprovechaba las horas de la madrugada, cuando los familiares de la víctima dormían, para ingresar a la vivienda y cometer los hechos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Garrido deberá cumplir la pena en la cárcel de San Juan de la Maguana, provincia San Juan.
En Santiago otro tribunal condenó a 10 años de prisión a Julio César Eusebio Pérez (César), tras hallarlo culpable de agredir sexualmente y amenazar de muerte a una adolescente de 13 años en hechos ocurridos en esta provincia en 2024.
La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, que acogió la solicitud del Ministerio Público luego de valorar las pruebas presentadas durante el proceso judicial.
Durante el juicio, la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez explicó que el condenado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con la víctima para cometer los abusos, incluso en la vivienda donde residía una de sus abuelas.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, tras la denuncia interpuesta por familiares de la menor.
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Con 64 años de labor sacerdotal muere monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega.
Santo Domingo, R.D.-Antonio Camilo Gonzalez, obispo emérito de la Diocesis de La Vega, Falleció este viernes tras enfrentar quebrantos de salud.
Su partida lleva el luto a la comunidad católica dominicana, a la que sirvió durante 64 años de vida sacerdotal.
Monseñor estaba viviendo en el Santo Cerro de La Vega, santuario de la virgen de Las Mercedes, con el cual tenía conexión desde los 10 años cuando entró al seminario Padre Fantino.
“Ha muerto monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega. No hay lágrima que contenga el dolor que produce su muerte. He vuelto a quedar huérfano pues Camilo se constituyó en mi padre de amor y siempre estuvo atento a mí. Padre Camilo siempre estarás en mi corazón” escribió en X el también director del Periódico El Día.
Hace 17 días celebraron el 64 aniversario de su ordenación prebisteral.
El pasado primero de julio, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra celebró los 64 años de su ordenación presbiteral, con un mensaje de felicitaciones.
“Damos gracias a Dios por su entrega, testimonio y servicio a la iglesia durante todos estos años. Que el Señor continúe colmándolo de salud, paz y abundantes bendiciones.
“Vicario cooperador de la Parroquia Santo Cura de Ars, Santo Domingo (1962-1966); fundador y asesor de los Cursillos de Vida (1964-1966); párroco de la Parroquia Corazón de Jesús, Cambita, San Cristóbal (1966-1971); vicario encargado de la Catedral Primada de América, Santo Domingo (1971-1972); encargado de la Parroquia San Gabriel Arcángel, Santo Domingo ( 1972-1975); vice-rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (1971-1972); párroco de San Isidro (1971-1975) y capellán mayor de la Fuerza Aérea Dominicana.
Fue vicario cooperador de la Parroquia Santo Cura de Ars, Santo Domingo (1974-1975); párroco de la Parroquia Corazón de Jesús, Cambita (1975-1977) y de la Parroquia Nuestra Señora de Regla, Baní (1977-1982). Fue párroco de San Juan Bautista, Bayaguana (1982-1984); profesor de Letras en la Universidad Central del Este, Recinto de Bayaguana (1982-1984); párroco de San Pablo Apóstol, Santo Domingo (1984-1992); director del Instituto Nacional de Pastoral (1984-1988); vicario general de Santo Domingo (1988); y director espiritual del Senatus de la Legión de María, Santo Domingo (1989-1992).
Toda persona que tenga una pension por discapacidad podrá conservarla de por vida y, cuando alcancen la edad de retiro, pueden decidir si optan por una por vejez o si mantiene la prestación que les resulte más favorable, según dispuso el Tribunal Constitucional (TC).
La decisión quedó incorporada al artículo 47 de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, mediante una sentencia aditiva con la que la alta corte acogió parcialmente una acción directa de inconstitucionalidad presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular). Además, otorgó al Congreso Nacional un plazo de dos años para adecuar la legislación.
El Tribunal concluyó que la ley regulaba la pensión por discapacidad, pero dejaba sin respuesta una situación cada vez más frecuente: qué ocurre cuando un afiliado que ya recibe esa prestación alcanza también la edad para pensionarse por vejez.
Por esa razón declaró que el artículo 47 presentaba una omisión legislativa relativa, una figura que se produce cuando el Congreso sí legisla sobre una materia, pero lo hace de forma incompleta, dejando sin regular un aspecto indispensable de la norma.
Para corregir ese vacío, el Tribunal incorporó un nuevo párrafo al artículo 47. En él establece que la pensión por discapacidad tendrá carácter vitalicio, que el beneficiario podrá optar por la pensión por vejez cuando reúna los requisitos para recibirla y que, si esta última resulta inferior, conservará la pensión por discapacidad por ser la prestación más favorable.
El TC recordó que ya había adelantado esos criterios en decisiones anteriores. En la sentencia TC/0051/20 determinó que no podía suspenderse la pensión por discapacidad mientras se tramitaba la de vejez y que debía prevalecer la prestación más beneficiosa para el afiliado. Más adelante, mediante la TC/0305/25, eliminó el límite de 65 años para recibir esa pensión al considerar que la ley nunca estableció una edad máxima.
Sin embargo, el Tribunal entendió que esos precedentes judiciales no sustituían la obligación del legislador de incorporar esas reglas directamente en la Ley 87-01, por lo que decidió completar el artículo 47 mediante una sentencia aditiva.
La administradora explicó que el sistema actual se sostiene mediante un seguro complementario de discapacidad y sobrevivencia, financiado con una prima equivalente al 0.95 % del salario cotizable, y alegó que ese esquema fue diseñado para cubrir la prestación solo hasta que el afiliado alcanzara la edad de retiro.
Por ello pidió al Tribunal exhortar al Congreso para modificar el artículo 56 de la Ley 87-01 y aumentar esa prima, de manera que pudiera financiar el pago vitalicio de la pensión. Esa solicitud fue declarada inadmisible porque, según el TC, la accionante no desarrolló argumentos suficientes para demostrar que el monto actual de la prima vulneraba la Constitución.
No obstante, el Tribunal reconoció que la decisión tiene un impacto estructural sobre el sistema de pensiones y que será el Congreso quien deberá definir, dentro de un plazo de dos años, las fórmulas técnicas y financieras necesarias para garantizar la sostenibilidad del régimen y armonizar la protección de los derechos fundamentales con el equilibrio económico del sistema.
La sentencia también rechazó la solicitud de declarar inconstitucional el artículo 60 de la Ley 87-01 para utilizar el Fondo de Solidaridad Social como fuente subsidiaria de financiamiento. El TC consideró que la Constitución no obliga a destinar ese fondo a ese propósito y que corresponde al legislador decidir cuáles serán las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones.
El nuevo texto incorporado al artículo 47
Como parte de la sentencia, el Tribunal Constitucional agregó un párrafo III al artículo 47 de la Ley 87-01 con el siguiente contenido:
Párrafo III. La pensión por discapacidad tendrá carácter vitalicio. El beneficiario tendrá el derecho de optar por la pensión de vejez al cumplir los requisitos legales, en cuyo caso deberá garantizarse la continuidad del pago de la prestación por discapacidad hasta la efectiva entrada en vigencia de la pensión de vejez, sin que existan interrupciones durante el proceso de transición. Si el monto de la pensión por vejez resultase inferior al que percibía el afiliado por concepto de discapacidad, este conservará el monto de la pensión por discapacidad, prevaleciendo siempre la prestación que resulte más favorable.