Nacionales
República Dominicana mejora posición en informe de EE. UU. sobre trata de personas
El país fue colocado en el Nivel 2 tras reportar mayores investigaciones, inspecciones laborales, procesos judiciales y asistencia a víctimas de explotación
SANTO DOMINGO.– República Dominicana fue ubicada en el Nivel 2 del más reciente informe de Estados Unidos sobre trata de personas, luego de registrar avances en la persecución de este delito, la protección de víctimas y las acciones preventivas desarrolladas por distintas instituciones del Estado.
La nueva clasificación reconoce un incremento de las investigaciones penales, mayores inspecciones laborales, cambios en la legislación y esfuerzos dirigidos a combatir la explotación sexual y el trabajo forzoso.
Aunque el ascenso representa una mejor valoración de las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas, el Nivel 2 también significa que el país todavía no cumple plenamente con todos los estándares establecidos para la eliminación de la trata de personas.
Más investigaciones y procesos judiciales
De acuerdo con los datos presentados en el informe, las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones relacionadas con trata de personas y procesaron a 50 sospechosos al amparo de la legislación especializada.
También fueron investigados ocho funcionarios por su posible participación o complicidad en actividades vinculadas con este delito, mientras que tres de ellos fueron sometidos a procesos judiciales.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos dirigidos a enfrentar posibles vínculos entre redes de trata y miembros de instituciones públicas o cuerpos de seguridad.
Cambios en la legislación
Otro de los aspectos destacados es la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La reforma procura adecuar la legislación dominicana a estándares internacionales, especialmente en los casos que involucran a menores de edad, eliminando la necesidad de demostrar fuerza, fraude o coacción para configurar determinadas situaciones de trata infantil.
Asimismo, fue aprobado y financiado el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, con medidas orientadas a fortalecer la prevención, persecución y atención a las víctimas.
El informe también menciona la Resolución 13-2024, relacionada con mecanismos para facilitar documentos de identificación a personas apátridas.
Intensifican inspecciones laborales
El Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores considerados vulnerables a posibles situaciones de trabajo forzoso, principalmente agricultura, construcción e industria azucarera.
Como resultado de estos operativos fueron suspendidas las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios que ameritaban investigaciones adicionales.
Además, mediante un programa piloto de registro migratorio, más de 7,400 trabajadores fueron formalizados mediante contratos laborales, según los datos suministrados.
Asistencia a víctimas
Las autoridades identificaron 136 víctimas de trata de personas, de las cuales 134 recibieron servicios financiados por el Estado.
La asistencia incluyó atención médica, apoyo psicológico, orientación legal y servicios de traducción.
En estas acciones participaron la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
También continuaron funcionando refugios especializados y mecanismos de protección destinados a víctimas y testigos involucrados en procesos judiciales.
Un avance que todavía exige resultados
Estar en el Nivel 2 significa que República Dominicana realiza esfuerzos considerados significativos para combatir la trata de personas, aunque todavía mantiene aspectos pendientes para alcanzar plenamente los estándares mínimos establecidos internacionalmente.
La efectividad de las investigaciones, las condenas contra responsables, la protección de víctimas y la vigilancia sobre los sectores más vulnerables seguirán siendo determinantes para evaluar el desempeño futuro del país.
El ascenso, por tanto, representa una mejoría en la respuesta institucional, pero no significa que el problema haya sido superado.
El Ministerio Público atribuye al imputado violación sexual agravada, feminicidio y otros delitos contra dos menores de edad
SANTIAGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, señalado como responsable de agredir sexualmente a dos adolescentes y causar la muerte de una de ellas, cuyo cadáver fue recuperado posteriormente en las aguas del río Yaque del Norte, en Villa Bisonó, Navarrete.
La medida de coerción será conocida este viernes 9 de octubre de 2026 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
De acuerdo con la investigación preliminar, el imputado habría ofrecido transportar en motocicleta a las adolescentes, de 13 y 14 años, para comprar alimentos.
Según la acusación, posteriormente las condujo hacia una zona apartada, próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad Capilla y cercana al río Yaque del Norte.
Una de las menores logró sobrevivir
El órgano persecutor sostiene que Rodríguez Cruz habría amenazado a ambas menores con un arma blanca y cometido agresiones sexuales.
La adolescente de 13 años habría intentado escapar, pero fue alcanzada y atacada con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte.
Posteriormente, siempre según la versión del Ministerio Público, el cuerpo fue lanzado al río Yaque del Norte.
La otra adolescente, de 14 años, logró ocultarse entre los matorrales y permaneció allí hasta el amanecer, lo que le permitió sobrevivir.
El cadáver de la menor fallecida fue localizado dos días después de su desaparición durante un operativo de búsqueda desarrollado por las autoridades.
Cargos provisionales
El Ministerio Público atribuye al imputado varios delitos contemplados en el Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 44-26, entre ellos violación sexual agravada, violencia de género agravada, tortura o actos de barbarie, trato cruel e inhumano, uso de arma blanca y feminicidio agravado.
También se invocan disposiciones de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las imputaciones tienen carácter provisional mientras continúan las diligencias destinadas a reunir pruebas y establecer con mayor precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Investigación multidisciplinaria
La investigación está siendo desarrollada por un equipo del Ministerio Público integrado por representantes de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, la Unidad de Atención a la Violencia de Género y el Departamento de Violencias Físicas de la Fiscalía.
Las autoridades continúan recopilando elementos periciales, documentales y materiales para sustentar la acusación.
El caso ha generado conmoción en Navarrete y otras comunidades de Santiago debido a la edad de las víctimas y las circunstancias bajo investigación.
Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Defensa de la República Dominicana informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo municiones de origen dominicano, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo, según un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El documento internacional señala que más de 900,000 municiones habrían terminado en poder de grupos armados haitianos. De acuerdo con los hallazgos citados, 908,001 unidades fueron desviadas de la Policía Nacional dominicana, lo que ha generado interrogantes sobre los mecanismos de distribución, custodia y control de estos materiales.
Entre las municiones identificadas figuran más de 489,000 cartuchos de 9 milímetros, unos 230,000 de calibre 5,56 x 45 mm, aproximadamente 26,000 de 7,62 x 39 mm y alrededor de 93,000 cartuchos para escopetas.
El informe advierte que resulta difícil establecer con exactitud qué cantidad de ese material llegó a Haití. Sin embargo, expertos en seguridad dominicanos consultados por el grupo de Naciones Unidas consideraron probable que una parte considerable de las municiones de calibres 5,56 x 45 mm y 7,62 x 39 mm cruzara la frontera, debido a la limitada demanda de estos cartuchos en el mercado dominicano y a su uso frecuente por parte de las bandas haitianas.
Defensa reconoce que aún no determina el origen del desvío
En un comunicado, el Ministerio de Defensa explicó que las municiones calibre .50 señaladas en las informaciones corresponden a material de antigua fabricación, cuya trayectoria no ha podido establecerse hasta el momento.
La institución atribuyó esa dificultad al tiempo transcurrido y a los distintos procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país. No obstante, aseguró que continúa trabajando para reconstruir la trazabilidad de las municiones, esclarecer las circunstancias de su llegada a territorio haitiano e identificar posibles responsables.
El organismo también precisó que la coincidencia entre los calibres, las marcas o las características de las municiones encontradas en Haití y las adquiridas legalmente por República Dominicana no constituye, por sí sola, una prueba de que las instituciones militares autorizaran su transferencia.
Oficial detenido por transportar municiones
Como parte de las actuaciones contra el tráfico irregular de municiones, el Ministerio de Defensa recordó que en diciembre de 2025 miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un segundo teniente de esa institución y a un ciudadano haitiano.
Ambos fueron interceptados en la sección La Tinaja, provincia San Juan, mientras transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta.
Según la institución, el oficial fue sometido a la justicia por presuntas violaciones de las disposiciones legales vigentes y permanece bajo prisión preventiva mientras el proceso continúa en los tribunales competentes.
Defensa indicó que el caso fue comunicado por los canales oficiales y presentado como parte de la colaboración del país con los organismos internacionales que investigan el posible desvío de municiones hacia Haití.
Cooperación internacional y controles militares
El Ministerio de Defensa señaló que mantiene una comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual ha respondido a los requerimientos del Grupo de Expertos de la ONU.
Las informaciones suministradas incluyen datos sobre la adquisición, distribución y control de municiones, así como detalles de las investigaciones realizadas ante posibles irregularidades.
La institución también destacó que el informe de Naciones Unidas reconoce como una buena práctica el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas, un mecanismo que permite facilitar su identificación y seguimiento ante eventuales desvíos.
Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su política de cero tolerancia frente a las actuaciones ilícitas de miembros de las Fuerzas Armadas y aseguró que cualquier persona involucrada deberá responder ante las autoridades correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Mientras continúan las investigaciones, permanece sin esclarecer la ruta específica por la que las municiones de antigua fabricación, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo
Nacionales
Senado aprueba reforma que cambia la designación de procuradores adjuntos y adapta el Ministerio Público a la Constitución
La iniciativa modifica la Ley Orgánica 133-11 para adecuar la estructura y los mecanismos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2024.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto legislativo que introduce modificaciones a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, con el propósito de armonizar su funcionamiento y organización institucional con las disposiciones de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024.
La iniciativa, presentada por el senador Ramón Rogelio Genao, procura actualizar las normas relacionadas con la designación del procurador general de la República y sus adjuntos, así como incorporar los cambios constitucionales en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la nueva distribución de competencias para seleccionar a los procuradores adjuntos, estableciendo la participación del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio procurador general en esos nombramientos.
Procurador general podrá seleccionar parte de sus adjuntos
De acuerdo con el artículo 31 del proyecto aprobado, el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos.
La mitad de estos funcionarios será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, y deberá reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ocupar la Procuraduría General.
Los siete puestos restantes serán seleccionados por el procurador general entre los procuradores generales de Cortes de Apelación que cumplan las condiciones establecidas para ejercer esas funciones.
Esta distribución busca adecuar la estructura del Ministerio Público al esquema institucional surgido de la reforma constitucional de 2024.
Reforma constitucional cambió el mecanismo de designación
Uno de los principales cambios introducidos en la Constitución de 2024 fue la modificación del procedimiento para nombrar al procurador general de la República.
Anteriormente, su designación correspondía directamente al presidente de la República mediante decreto.
Con el nuevo modelo constitucional, el mandatario presenta una propuesta de candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que corresponde decidir sobre su designación.
Otra modificación importante fue la salida del procurador general de la composición del CNM, órgano del que formaba parte desde la reforma constitucional de 2010.
Su lugar pasó a ser ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional, como parte de la reorganización del organismo responsable de determinadas designaciones de altas autoridades del sistema de justicia.
La reforma aprobada por el Senado procura eliminar las contradicciones entre la legislación orgánica vigente y las nuevas disposiciones constitucionales.
Continúa pendiente discusión de regulación de conflictos de intereses
Durante la misma jornada legislativa, los senadores avanzaron en el conocimiento del proyecto de Ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas.
La propuesta, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras, fue leída hasta el artículo 20 y posteriormente quedó sobre la mesa para continuar su discusión en otra sesión.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a establecer reglas sobre los conflictos de intereses que pueden surgir en el desempeño de responsabilidades públicas.
Verón-Punta Cana avanza hacia su conversión en municipio
En otro punto de la agenda, el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
La propuesta fue presentada por el senador Rafael Varón Duluc y busca modificar la categoría político-administrativa de esa demarcación, caracterizada por su importante actividad turística.
También recibió aprobación la iniciativa que establece el 2 de diciembre de cada año como Día de la Mujer Municipalista, procedente de la Cámara de Diputados.
Aprueban solicitudes de obras y servicios comunitarios
El pleno senatorial acogió diversas resoluciones dirigidas a promover proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.
Entre ellas figura una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), presidido por Guido Gómez Mazara, para ampliar los servicios de telefonía e internet en comunidades de El Seibo.
Asimismo, los legisladores aprobaron iniciativas para solicitar la habilitación de una funeraria municipal en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y la donación de dos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de El Valle y Sabana de la Mar.
En materia de propiedad agraria, se acogió una resolución que solicita avanzar en la titulación de terrenos correspondientes a los proyectos Villela, Yerba Buena, Palmarejo, Los Castellanos, Capote, Los Guayo, Piñita y San Rafael, en Hato Mayor.
Estas últimas propuestas fueron impulsadas por el senador Cristóbal Venerado Castillo.
Salud, deportes y cultura también figuran entre las prioridades
En el ámbito sanitario, los senadores aprobaron una iniciativa presentada por María Mercedes Ortiz Diloné para solicitar la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia Hermanas Mirabal.
También fue acogida una resolución del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes orientada a impulsar la terminación del proyecto denominado Colector 10, localizado en la zona este de Santiago.
En materia deportiva, se aprobaron solicitudes para ampliar y remodelar la cancha bajo techo de Laguna Salada, provincia Valverde, y remozar el Coliseo de Boxeo Pepe Mallén, en San Pedro de Macorís.
Las propuestas fueron presentadas por los senadores Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez y Aracelis Villanueva Figueroa, respectivamente.
En el área cultural, el Senado respaldó iniciativas destinadas a reconocer las trayectorias de los artistas Facundo Peña, por sus aportes al merengue típico, y Máximo Antonio del Rosario Almonte, conocido popularmente como Toño Rosario, por su contribución a la música dominicana.
Senado aprueba protocolo internacional sobre ciberdelincuencia
Como parte de sus trabajos, la Cámara Alta también aprobó, en única lectura, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado el 12 de mayo de 2022.
El instrumento internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, está relacionado con el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y el intercambio de pruebas electrónicas en investigaciones de delitos informáticos.
Legisladores rinden homenajes póstumos
Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de varias personas fallecidas.
Entre ellas estuvieron el niño Justin Rafael, hijo de un colaborador del área de informática del Senado; Alejandro Peña, fallecido en un accidente de tránsito; Raúl Martínez, hermano de un colaborador de la Oficina Senatorial de La Vega, y el médico Luis Eduardo Soto, de San José de Ocoa.
Al concluir los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores para una nueva sesión el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 de la tarde.
La aprobación en segunda discusión de la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público constituye un avance en el proceso de adecuación de la legislación dominicana a la reforma constitucional de 2024, aunque la iniciativa deberá completar los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley vigente.