Nacionales
República Dominicana rumbo a sus primeras primarias simultáneas con voto automatizado
- El PRM utilizará su propio padrón electoral para escoger sus candidatos a cargos electivos
- Están llamados a participar los ciudadanos que así lo deseen en el proceso del PLD
La República Dominicana se prepara para celebrar el 6 de octubre próximo, las primeras elecciones primarias simultáneas con voto automatizado donde los dos principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) escogerán 11,427 candidatos a cargos electivos.
El evento será similar a un proceso de elecciones, al que están llamados a votar los 7,422,416 ciudadanos que integran el padrón oficial de la Junta Central Electoral (JCE).
Las votaciones se llevarán a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en una contienda donde todo el que así lo desea podrá participar en el proceso del PLD, mientras en el PRM solo podrán hacerlo quienes están inscritos en su padrón de electores.
En las primarias trabajarán cerca de 138 mil personas entre miembros de mesas, supervisores, técnicos, facilitadores, militares y delegados de los partidos.
La JCE es el organismo que tiene a su cargo el montaje y arbitraje del evento que tendrá un costo de RD$2,416,845,800.00 y para cuyo proceso serán habilitas 7,372 mesas electorales, con un tope de votantes de 1,200 personas cada una.
Según ha manifestado el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, el día de las primarias serán inspeccionadas el 20% de las mesas electorales para contar de manera física los votos depositados en las urnas.
Para el evento político, además las autoridades del sector energético han garantizado un servicio sin interrupciones, aunque la JCE ha señalado que cada mesa de votación tendrá su inversor, que están debidamente cargados al 100%.
Del modelo de votación
Para las elecciones primarias del PLD y PRM se usará el voto automatizado, una tecnología creada por técnicos de la JCE y que de ser aprobada por los partidos se usaría en los comicios del 2020.
La solución informática está compuesta por control de acceso, registro de asistencia y votación automatizada. Permite al elector ejercer el sufragio en menos de un minuto.
Para su funcionamiento se necesitan diversos tipos de computadoras, unas con lector de código de barras y otras con pantalla táctil, así como se requiere de impresoras térmicas.
Cómo votar
Para utilizar el sistema del voto automatizado, los electores deben portar cédula de identidad y electoral. Una vez en el recinto de votación se formarán en fila y cuando le toque su turno entregarán la cédula, con el equipo lector de códigos se procederá a leer el código QR que está al dorso del documento para comprobar la identidad del elector. Una mini laptop reproducirá una foto del ciudadano(a) dejando constancia de que está habilitado para votar.
De inmediato, el ciudadano pasará a la cabina donde estará un equipo con pantalla táctil y podrá ejercer el voto.
Al término del proceso, se imprimirá un recibo, el que será depositado en una urna, pasando a firmar el padrón físico y el personal procederá a devolver la cédula.
Los ciudadanos también pueden practicar con el voto automatizado entrando en el simulador disponible a través de la página web, elecciones2020.do de la Junta Central Electoral.
De igual modo, pueden probar el sistema en las estaciones del metro de Santo Domingo y en diferentes plazas comerciales donde han sido instalados módulos educativos.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.