Nacionales
República Dominicana y Haití avanzan pautas en comercio y migración
Jimaní. El ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y el primer ministro de Haití, anunciaron pasadas la 1:00 de la madrugada los acuerdos a que arribaron las comisiones que participaron en la segunda jornada del diálogo binacional celebrado ayer en este municipio de la provincia de Independencia.
Al leer la versión en español Montalvo destacó el buen momento que atraviesan las relaciones entre ambas naciones y la voluntad de ambos gobiernos, al tiempo que agradeció la presencia del canciller de Venezuela, Elías Jaua Milano.
Los acuerdos abarcaron los temas de migración, aduanas, agricultura, medio ambiente, y un plan de cooperación entre las policías de ambas naciones, que incluye la búsqueda de prófugos, y un convenio entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la policía haitiana para perseguir el narcotráfico.
Montalvo dijo que en el encuentro el gobierno dominicano ofreció detalles de la puesta en marcha del Plan de Regularización Extranjeros, mediante el cual se facilitará visa para entrada de trabajadores temporeros y una normativa para estudiantes extranjeros que incluyendo otorgar les la visa. En tanto, Haití se comprometió a agilizar la emisión de pasaportes a sus ciudadanos
Mostraron satisfacción por el acuerdo aduanero logrado para intercambiar información, lo que se interpreta como el primer paso para fortalecer el control y supervisión fronteriza e interconectar los sistemas de información, gestionar asistencia técnica; establecer un canal de contacto oficial y crear un comité de trabajo conjunto.
«Estos avances constituyen un hito muy significativo, y muestran el alcance de este diálogo», consideró Montalvo.
En el área de medio ambiente se asumió un protocolo para la protección de los recursos naturales de ambos países y el establecimiento de un observatorio binacional financiado por la UE, para dar seguimiento a los temas de ambas naciones.
Reconocen que la comisión mixta bilateral debe jugar un rol protagónico reuniéndose periódicamente, y acordaron incorporar representantes del sector privado de ambas naciones, lo que fue calificado como uno de los logros mas importantes.
Migración
En cuanto al Plan de Regularización Migratoria, Montalvo informó que este mes se iniciará una campaña de información pública y masiva en las provincias, y directamente a los sectores agrícola y de la construcción, para comenzar a formalizar solicitudes de regularización de extranjeros haitianos en República Dominicana.
No obstante, advirtió que por disposición de la legislatura dominicana, «ningún extranjero sin pasaporte, o que no satisfaga los requisitos mínimos establecidos» podrá beneficiarse del plan que dijo estará vigente hasta mayo del próximo año.
Montalvo indicó que corresponde a los países de los que son nacionales los residentes irregulares, proporcionarles documentación.
«Apoyamos cualquier iniciativa que busque asegurar que los nacionales de la República de Haití se hagan de una documentación oficial».
Recordó además que el Consejo Nacional de Migración aprobó la creación de un nuevo visado para los trabajadores temporeros, cuyo costo será sustancialmente menor para aquellos que califiquen.
De igual modo, más temprano en la noche, el Ministro de la Presidencia refirió que el Gobierno dominicano afina los términos de la legislación especial que presentará como fórmula para atender la situación de las personas nacidas en territorio dominicano y que en la actualidad no poseen ningún tipo de documentación, para ser presentada al Congreso Nacional en la legislatura que inicia el próximo 27 de febrero.
Seguridad, Medio Ambiente y salud
También los temas de seguridad y medio ambiente fueron tratados en la reunión bilateral entre RD y Haití. Sobre el primero, el ministro de la Presidencia sugirió el acercamiento de los poderes judiciales de ambos países para mejorar el intercambio de información que ayude a la prevención y persecución de las actividades ilícitas «Entendemos prudente se instalen oficinas de enlace de la Policía Haitiana en las sedes centrales de la Policía dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Santo Domingo y, de forma recíproca, hacerlo también en Haití. Esto facilitará el intercambio de información en lo concerniente a la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos», expresó Gustavo Montalvo.
Mientras que en el aspecto medioambiental, el funcionario propuso incorporar al diálogo en encuentros futuros temas relativos a la salud, que aseguró es «un asunto prioritario para nuestra población», así como el manejo y la conservación del agua, además el sector minero, que consideró un sector estratégico para el desarrollo.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.