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República Dominicana y Haití cara a cara en Jimaní
JIMANÍ.- La segunda reunión de la comisión binacional de alto nivel República Dominicana-Haití inició con más de una hora retraso, para abordar temas comerciales, agrícolas, seguridad, migración y medioambiente.
El encuentro se desarrolla en el local del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, en Jimaní, donde los representantes de ambos países comenzaron a llegar vía área, desde las 10:30 de la mañana.
La reunión concluirá con la lectura de las declaraciones conjuntas de ambos gobiernos y del sector privado. También serán firmados acuerdos interinstitucionales.
Durante la reunión participarán los empresarios dominicanos José Singer, Juan Vicini, Manuel Diez y Fernando Capellán, quienes abordarán temas de interés con representantes empresariales de Haití.
Luego de agotada la agenda de temas, observadores internacionales tendrán la oportunidad de hacer preguntas y recomendaciones en torno a los diferentes temas tratados.
La comisión dominicana la integran el presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo y de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, el canciller en funciones, José Manuel Trullols y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio
Como invitados especiales estarán los ministros de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez y de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez; así como el director de Aduanas, Fernando Fernández y los jefes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Máximo Castro Castillo y Julio César Souffront Velázquez, respectivamente.
Además, participan el embajador dominicano en Haití, Rubén Silié; el vice ministro de la Presidencia, Luis Henry Molina; el asesor del viceministerio de la Presidencia, Josué Fiallo, y el director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.
En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores están presentes César Dargán, Miguel Pichardo y Roberto Martínez.
Mientras que la delegación haitiana está compuesta por el primer ministro, Laurent Lamothe; el ministro de Asuntos Exteriores, Pierre Richard Casimir, el ministro de Economía y de Finanzas, Wilson Laleau, el ministro de Interior y de las Colectividades Territoriales, David Bazile y M. Nesmy Manigat, director regional de Aid et Action, entre otros.
En el encuentro también participan el canciller de Venezuela, Elias Jaua, y observadores de la Unión Europea y del Caricom.
Además, fungen como observadores internacionales los representantes del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana y Haití, Lorenzo Jiménez de Luis y Peter De Clerq respectivamente; al igual que los jefes de la Delegación Europea en ambos países, embajadores Alberto Navarro y Javier Niño Pérez.
Previo a la reunión, un grupo de haitianos del Movimiento Reconocido, encabezado por el padre Mario Serrano, se apostaron frente al local donde se desarrolla el encuentro para reclamar que el Plan de Regularización de Extranjeros entre en vigor lo más pronto posible. Además, sugieren integrar a la agenda binacional el tema de la niñez vulnerable y que haya una efectiva presencia de la sociedad civil en el proceso de regulación migratoria.
El poblado de Jimaní se encuentra custodiado por varias unidades de la Policía y de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y las actividades comerciales se desarrollan de manera normal.
El pasado 7 de enero tuvo lugar en la localidad fronteriza de Ouanaminthe (Haití) la primera reunión formal entre ambos países tras el encuentro que sostuvieron Medina y Martelly en noviembre en Venezuela, donde con la mediación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidieron reanudar el diálogo bilateral.
En esta primera reunión, entre otros asuntos, se trató el tema migratorio, un problema que enfrentó a los dos países tras la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional dominicano sobre la nacionalidad, que afecta especialmente a descendientes de haitianos.
El fallo, emitido el pasado mes de septiembre, establece los criterios para adquirir la nacionalidad y afecta principalmente a los hijos de padres haitianos indocumentados nacidos es este país.
En el primer encuentro los dos países establecieron compromisos, entre otros, Haití reconoció el derecho de su vecino de aplicar las leyes migratorias que considere convenientes y República Dominicana respondió que avanzará en la legislación adicional que completará un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que aplica el Gobierno desde finales del año pasado.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.