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República Dominicana y Haití cara a cara en Jimaní
JIMANÍ.- La segunda reunión de la comisión binacional de alto nivel República Dominicana-Haití inició con más de una hora retraso, para abordar temas comerciales, agrícolas, seguridad, migración y medioambiente.
El encuentro se desarrolla en el local del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, en Jimaní, donde los representantes de ambos países comenzaron a llegar vía área, desde las 10:30 de la mañana.
La reunión concluirá con la lectura de las declaraciones conjuntas de ambos gobiernos y del sector privado. También serán firmados acuerdos interinstitucionales.
Durante la reunión participarán los empresarios dominicanos José Singer, Juan Vicini, Manuel Diez y Fernando Capellán, quienes abordarán temas de interés con representantes empresariales de Haití.
Luego de agotada la agenda de temas, observadores internacionales tendrán la oportunidad de hacer preguntas y recomendaciones en torno a los diferentes temas tratados.
La comisión dominicana la integran el presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo y de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, el canciller en funciones, José Manuel Trullols y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio
Como invitados especiales estarán los ministros de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez y de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez; así como el director de Aduanas, Fernando Fernández y los jefes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Máximo Castro Castillo y Julio César Souffront Velázquez, respectivamente.
Además, participan el embajador dominicano en Haití, Rubén Silié; el vice ministro de la Presidencia, Luis Henry Molina; el asesor del viceministerio de la Presidencia, Josué Fiallo, y el director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.
En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores están presentes César Dargán, Miguel Pichardo y Roberto Martínez.
Mientras que la delegación haitiana está compuesta por el primer ministro, Laurent Lamothe; el ministro de Asuntos Exteriores, Pierre Richard Casimir, el ministro de Economía y de Finanzas, Wilson Laleau, el ministro de Interior y de las Colectividades Territoriales, David Bazile y M. Nesmy Manigat, director regional de Aid et Action, entre otros.
En el encuentro también participan el canciller de Venezuela, Elias Jaua, y observadores de la Unión Europea y del Caricom.
Además, fungen como observadores internacionales los representantes del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana y Haití, Lorenzo Jiménez de Luis y Peter De Clerq respectivamente; al igual que los jefes de la Delegación Europea en ambos países, embajadores Alberto Navarro y Javier Niño Pérez.
Previo a la reunión, un grupo de haitianos del Movimiento Reconocido, encabezado por el padre Mario Serrano, se apostaron frente al local donde se desarrolla el encuentro para reclamar que el Plan de Regularización de Extranjeros entre en vigor lo más pronto posible. Además, sugieren integrar a la agenda binacional el tema de la niñez vulnerable y que haya una efectiva presencia de la sociedad civil en el proceso de regulación migratoria.
El poblado de Jimaní se encuentra custodiado por varias unidades de la Policía y de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y las actividades comerciales se desarrollan de manera normal.
El pasado 7 de enero tuvo lugar en la localidad fronteriza de Ouanaminthe (Haití) la primera reunión formal entre ambos países tras el encuentro que sostuvieron Medina y Martelly en noviembre en Venezuela, donde con la mediación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidieron reanudar el diálogo bilateral.
En esta primera reunión, entre otros asuntos, se trató el tema migratorio, un problema que enfrentó a los dos países tras la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional dominicano sobre la nacionalidad, que afecta especialmente a descendientes de haitianos.
El fallo, emitido el pasado mes de septiembre, establece los criterios para adquirir la nacionalidad y afecta principalmente a los hijos de padres haitianos indocumentados nacidos es este país.
En el primer encuentro los dos países establecieron compromisos, entre otros, Haití reconoció el derecho de su vecino de aplicar las leyes migratorias que considere convenientes y República Dominicana respondió que avanzará en la legislación adicional que completará un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que aplica el Gobierno desde finales del año pasado.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.