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Los derechos de la mujer son prioridad en el Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de derechos de las mujeres ante situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, y recordó que “promover la dignidad de las personas no es un slogan, sino una actitud diaria, que comienza por la dignidad de aquellos que tenemos cerca, nuestra familia, por supuesto, y también nuestros compañeros y compañeras en el trabajo diario”.
Henry Molina se expresó así al encabezar el acto de presentación de un informe estadístico realizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, el cual reveló que el 8% de las decisiones emitidas por la Sala Penal de la SCJ durante el año 2022 corresponden a violencia doméstica, delitos sexuales y violencia contra la mujer.
El informe fue presentado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, durante el cual también fue publicado el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
En ese sentido, el juez presidente de la SCJ adelantó que el Poder Judicial está en un proceso de transformación que ha hecho posible, entre otros avances, que sea el primero de Centroamérica y el Caribe que logra el sello “Igualando RD” que otorga el PNUD. Además, cuenta ya con una Política de Igualdad de Género y una guía de buenas prácticas para casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, que potencian la correcta aplicación de las reglas del Derecho.
Henry Molina destacó también el trabajo de las mujeres en el sistema de justicia: “Cada vez son más las juezas y servidoras judiciales, por no hablar de abogadas, defensoras o fiscales que, a través de su inspiradora trayectoria, demuestran un compromiso incansable con la justicia, aseguró.
La magistrada Nancy Salcedo, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y jueza de la Sala Penal de la SCJ, explicó que, durante el 2022, ese órgano jurisdiccional dictó un total de 1,494 sentencias, dentro de las cuales 131 tratan sobre delitos sexuales, violencia doméstica y contra la mujer.
Asimismo, indicó que, dentro de las 131 sentencias dictadas sobre los tipos penales en cuestión, el abuso sexual contra menores de edad es el más común, al alcanzar el 27 % de las decisiones, seguido de abuso sicológico contra menores de edad, que se situó en un 20% (en violación a la ley 136-03) e igual porcentaje en caso de violación sexual.
“Con respecto de los asuntos sometidos a la consideración de la Segunda Sala, se aprecia que esa Suprema Corte rechazó el 87 % de los casos, lo que significa que confirmó las decisiones impugnadas, tan solo el 10 % de los casos fallados declaran con lugar el apoderamiento principal, un 3% restante representa otro tipo de decisiones”, explicó la magistrada Salcedo.
La mayor cantidad de sentencias dictadas proceden del Departamento Judicial de Santiago (27) seguido de los Departamentos Judiciales de Santo Domingo y el Distrito Nacional ambos con (25), respectivamente; en cuarto lugar, está el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís (18), en San Francisco de Macorís se emitieron (11), seguido de Puerto Plata, con ocho.
En el Departamento Judicial de Montecristi se emitieron seis sentencias, La Vega, San Cristóbal y Barahona igualados en tres, finalmente, en San Juan de la Maguana figuran con dos decisiones.
El informe revelado por la magistrada Salcedo explica que,en la mayoría de las sentencias, la persona imputada fue condenada por el tribunal de primera instancia a 20 años de reclusión mayor, seguida de la pena de 15 y 10 años.
De su lado, la magistrada Martha Díaz Villafaña, coordinadora de la Subcomisión de Género del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís presentó el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
“El 90% de los casos dictaminados por los Tribunales Colegiados fallaron emitiendo condena por la comisión del hecho, explicó la magistrada Díaz.
Asimismo, destaca que, de las penas impuestas el 27% de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 23% a 15 años de prisión; el 19% a 30 años de prisión; el 12% a 12 años y el 11% a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo (8%) condenados a 5 años de prisión.
El evento contó, además, con una participación especial de la magistrada Bianka Pérez, honorable Jueza de la Corte Suprema en el condado del Bronx, Estados Unidos y jueza asociada del Tribunal Inferior de Apelaciones para el Primer Departamento de Nueva York, con el tema “Tratamiento del feminicidio, incesto, violaciones sexuales y casos emblemáticos”.
Para ver el estudio de “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022” puede acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/3T6ncNM
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.