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Los derechos de la mujer son prioridad en el Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de derechos de las mujeres ante situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, y recordó que “promover la dignidad de las personas no es un slogan, sino una actitud diaria, que comienza por la dignidad de aquellos que tenemos cerca, nuestra familia, por supuesto, y también nuestros compañeros y compañeras en el trabajo diario”.
Henry Molina se expresó así al encabezar el acto de presentación de un informe estadístico realizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, el cual reveló que el 8% de las decisiones emitidas por la Sala Penal de la SCJ durante el año 2022 corresponden a violencia doméstica, delitos sexuales y violencia contra la mujer.
El informe fue presentado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, durante el cual también fue publicado el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
En ese sentido, el juez presidente de la SCJ adelantó que el Poder Judicial está en un proceso de transformación que ha hecho posible, entre otros avances, que sea el primero de Centroamérica y el Caribe que logra el sello “Igualando RD” que otorga el PNUD. Además, cuenta ya con una Política de Igualdad de Género y una guía de buenas prácticas para casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, que potencian la correcta aplicación de las reglas del Derecho.
Henry Molina destacó también el trabajo de las mujeres en el sistema de justicia: “Cada vez son más las juezas y servidoras judiciales, por no hablar de abogadas, defensoras o fiscales que, a través de su inspiradora trayectoria, demuestran un compromiso incansable con la justicia, aseguró.
La magistrada Nancy Salcedo, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y jueza de la Sala Penal de la SCJ, explicó que, durante el 2022, ese órgano jurisdiccional dictó un total de 1,494 sentencias, dentro de las cuales 131 tratan sobre delitos sexuales, violencia doméstica y contra la mujer.
Asimismo, indicó que, dentro de las 131 sentencias dictadas sobre los tipos penales en cuestión, el abuso sexual contra menores de edad es el más común, al alcanzar el 27 % de las decisiones, seguido de abuso sicológico contra menores de edad, que se situó en un 20% (en violación a la ley 136-03) e igual porcentaje en caso de violación sexual.
“Con respecto de los asuntos sometidos a la consideración de la Segunda Sala, se aprecia que esa Suprema Corte rechazó el 87 % de los casos, lo que significa que confirmó las decisiones impugnadas, tan solo el 10 % de los casos fallados declaran con lugar el apoderamiento principal, un 3% restante representa otro tipo de decisiones”, explicó la magistrada Salcedo.
La mayor cantidad de sentencias dictadas proceden del Departamento Judicial de Santiago (27) seguido de los Departamentos Judiciales de Santo Domingo y el Distrito Nacional ambos con (25), respectivamente; en cuarto lugar, está el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís (18), en San Francisco de Macorís se emitieron (11), seguido de Puerto Plata, con ocho.
En el Departamento Judicial de Montecristi se emitieron seis sentencias, La Vega, San Cristóbal y Barahona igualados en tres, finalmente, en San Juan de la Maguana figuran con dos decisiones.
El informe revelado por la magistrada Salcedo explica que,en la mayoría de las sentencias, la persona imputada fue condenada por el tribunal de primera instancia a 20 años de reclusión mayor, seguida de la pena de 15 y 10 años.
De su lado, la magistrada Martha Díaz Villafaña, coordinadora de la Subcomisión de Género del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís presentó el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
“El 90% de los casos dictaminados por los Tribunales Colegiados fallaron emitiendo condena por la comisión del hecho, explicó la magistrada Díaz.
Asimismo, destaca que, de las penas impuestas el 27% de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 23% a 15 años de prisión; el 19% a 30 años de prisión; el 12% a 12 años y el 11% a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo (8%) condenados a 5 años de prisión.
El evento contó, además, con una participación especial de la magistrada Bianka Pérez, honorable Jueza de la Corte Suprema en el condado del Bronx, Estados Unidos y jueza asociada del Tribunal Inferior de Apelaciones para el Primer Departamento de Nueva York, con el tema “Tratamiento del feminicidio, incesto, violaciones sexuales y casos emblemáticos”.
Para ver el estudio de “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022” puede acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/3T6ncNM
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv