Nacionales
Los derechos de la mujer son prioridad en el Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de derechos de las mujeres ante situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, y recordó que “promover la dignidad de las personas no es un slogan, sino una actitud diaria, que comienza por la dignidad de aquellos que tenemos cerca, nuestra familia, por supuesto, y también nuestros compañeros y compañeras en el trabajo diario”.
Henry Molina se expresó así al encabezar el acto de presentación de un informe estadístico realizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, el cual reveló que el 8% de las decisiones emitidas por la Sala Penal de la SCJ durante el año 2022 corresponden a violencia doméstica, delitos sexuales y violencia contra la mujer.
El informe fue presentado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, durante el cual también fue publicado el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
En ese sentido, el juez presidente de la SCJ adelantó que el Poder Judicial está en un proceso de transformación que ha hecho posible, entre otros avances, que sea el primero de Centroamérica y el Caribe que logra el sello “Igualando RD” que otorga el PNUD. Además, cuenta ya con una Política de Igualdad de Género y una guía de buenas prácticas para casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, que potencian la correcta aplicación de las reglas del Derecho.
Henry Molina destacó también el trabajo de las mujeres en el sistema de justicia: “Cada vez son más las juezas y servidoras judiciales, por no hablar de abogadas, defensoras o fiscales que, a través de su inspiradora trayectoria, demuestran un compromiso incansable con la justicia, aseguró.
La magistrada Nancy Salcedo, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y jueza de la Sala Penal de la SCJ, explicó que, durante el 2022, ese órgano jurisdiccional dictó un total de 1,494 sentencias, dentro de las cuales 131 tratan sobre delitos sexuales, violencia doméstica y contra la mujer.
Asimismo, indicó que, dentro de las 131 sentencias dictadas sobre los tipos penales en cuestión, el abuso sexual contra menores de edad es el más común, al alcanzar el 27 % de las decisiones, seguido de abuso sicológico contra menores de edad, que se situó en un 20% (en violación a la ley 136-03) e igual porcentaje en caso de violación sexual.
“Con respecto de los asuntos sometidos a la consideración de la Segunda Sala, se aprecia que esa Suprema Corte rechazó el 87 % de los casos, lo que significa que confirmó las decisiones impugnadas, tan solo el 10 % de los casos fallados declaran con lugar el apoderamiento principal, un 3% restante representa otro tipo de decisiones”, explicó la magistrada Salcedo.
La mayor cantidad de sentencias dictadas proceden del Departamento Judicial de Santiago (27) seguido de los Departamentos Judiciales de Santo Domingo y el Distrito Nacional ambos con (25), respectivamente; en cuarto lugar, está el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís (18), en San Francisco de Macorís se emitieron (11), seguido de Puerto Plata, con ocho.
En el Departamento Judicial de Montecristi se emitieron seis sentencias, La Vega, San Cristóbal y Barahona igualados en tres, finalmente, en San Juan de la Maguana figuran con dos decisiones.
El informe revelado por la magistrada Salcedo explica que,en la mayoría de las sentencias, la persona imputada fue condenada por el tribunal de primera instancia a 20 años de reclusión mayor, seguida de la pena de 15 y 10 años.
De su lado, la magistrada Martha Díaz Villafaña, coordinadora de la Subcomisión de Género del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís presentó el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
“El 90% de los casos dictaminados por los Tribunales Colegiados fallaron emitiendo condena por la comisión del hecho, explicó la magistrada Díaz.
Asimismo, destaca que, de las penas impuestas el 27% de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 23% a 15 años de prisión; el 19% a 30 años de prisión; el 12% a 12 años y el 11% a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo (8%) condenados a 5 años de prisión.
El evento contó, además, con una participación especial de la magistrada Bianka Pérez, honorable Jueza de la Corte Suprema en el condado del Bronx, Estados Unidos y jueza asociada del Tribunal Inferior de Apelaciones para el Primer Departamento de Nueva York, con el tema “Tratamiento del feminicidio, incesto, violaciones sexuales y casos emblemáticos”.
Para ver el estudio de “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022” puede acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/3T6ncNM
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Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Los precios internacionales del petróleo registraron un nuevo incremento este martes, impulsados por las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
REPRESENTA DESAFIO PARA REPUBLICA DOMINICANA
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Envían al área de psiquiatría de Najayo a sargento acusada de matar a su hija en Manoguayabo
Santo Domingo, R.D.-El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.