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Los derechos de la mujer son prioridad en el Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de derechos de las mujeres ante situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, y recordó que “promover la dignidad de las personas no es un slogan, sino una actitud diaria, que comienza por la dignidad de aquellos que tenemos cerca, nuestra familia, por supuesto, y también nuestros compañeros y compañeras en el trabajo diario”.
Henry Molina se expresó así al encabezar el acto de presentación de un informe estadístico realizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, el cual reveló que el 8% de las decisiones emitidas por la Sala Penal de la SCJ durante el año 2022 corresponden a violencia doméstica, delitos sexuales y violencia contra la mujer.
El informe fue presentado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, durante el cual también fue publicado el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
En ese sentido, el juez presidente de la SCJ adelantó que el Poder Judicial está en un proceso de transformación que ha hecho posible, entre otros avances, que sea el primero de Centroamérica y el Caribe que logra el sello “Igualando RD” que otorga el PNUD. Además, cuenta ya con una Política de Igualdad de Género y una guía de buenas prácticas para casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, que potencian la correcta aplicación de las reglas del Derecho.
Henry Molina destacó también el trabajo de las mujeres en el sistema de justicia: “Cada vez son más las juezas y servidoras judiciales, por no hablar de abogadas, defensoras o fiscales que, a través de su inspiradora trayectoria, demuestran un compromiso incansable con la justicia, aseguró.
La magistrada Nancy Salcedo, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y jueza de la Sala Penal de la SCJ, explicó que, durante el 2022, ese órgano jurisdiccional dictó un total de 1,494 sentencias, dentro de las cuales 131 tratan sobre delitos sexuales, violencia doméstica y contra la mujer.
Asimismo, indicó que, dentro de las 131 sentencias dictadas sobre los tipos penales en cuestión, el abuso sexual contra menores de edad es el más común, al alcanzar el 27 % de las decisiones, seguido de abuso sicológico contra menores de edad, que se situó en un 20% (en violación a la ley 136-03) e igual porcentaje en caso de violación sexual.
“Con respecto de los asuntos sometidos a la consideración de la Segunda Sala, se aprecia que esa Suprema Corte rechazó el 87 % de los casos, lo que significa que confirmó las decisiones impugnadas, tan solo el 10 % de los casos fallados declaran con lugar el apoderamiento principal, un 3% restante representa otro tipo de decisiones”, explicó la magistrada Salcedo.
La mayor cantidad de sentencias dictadas proceden del Departamento Judicial de Santiago (27) seguido de los Departamentos Judiciales de Santo Domingo y el Distrito Nacional ambos con (25), respectivamente; en cuarto lugar, está el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís (18), en San Francisco de Macorís se emitieron (11), seguido de Puerto Plata, con ocho.
En el Departamento Judicial de Montecristi se emitieron seis sentencias, La Vega, San Cristóbal y Barahona igualados en tres, finalmente, en San Juan de la Maguana figuran con dos decisiones.
El informe revelado por la magistrada Salcedo explica que,en la mayoría de las sentencias, la persona imputada fue condenada por el tribunal de primera instancia a 20 años de reclusión mayor, seguida de la pena de 15 y 10 años.
De su lado, la magistrada Martha Díaz Villafaña, coordinadora de la Subcomisión de Género del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís presentó el estudio “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”.
“El 90% de los casos dictaminados por los Tribunales Colegiados fallaron emitiendo condena por la comisión del hecho, explicó la magistrada Díaz.
Asimismo, destaca que, de las penas impuestas el 27% de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 23% a 15 años de prisión; el 19% a 30 años de prisión; el 12% a 12 años y el 11% a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo (8%) condenados a 5 años de prisión.
El evento contó, además, con una participación especial de la magistrada Bianka Pérez, honorable Jueza de la Corte Suprema en el condado del Bronx, Estados Unidos y jueza asociada del Tribunal Inferior de Apelaciones para el Primer Departamento de Nueva York, con el tema “Tratamiento del feminicidio, incesto, violaciones sexuales y casos emblemáticos”.
Para ver el estudio de “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en Delitos de Feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022” puede acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/3T6ncNM
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.