Análisis Noticiosos
Resalta la aprobación del presidente Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Llama la atención que el 72 por ciento de los encuestados encuentren el gobierno de Medina muy diferente o diferente al de su antecesor Leonel Fernández, pese a provenir del mismo partido y haber mantenido en sus puestos a la mayoría de los altos funcionarios del régimen que concluyó en agosto.
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratifica la percepción general sobre el buen desempeño del presidente Danilo Medina en los primeros cinco meses de su mandato, aún cuando tres cuartas partes de la población desaprueba la reforma fiscal puesta en vigor.
También resalta que la gran mayoría de los perredeístas consideran que Miguel Vargas Maldonado es el más responsable de la crisis que afecta al Partido Revolucionario Dominicano, resultando el político con mayor rechazo del universo de los encuestados, seguido por los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Éxito del presidente Medina
Lo más relevante de la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ha sido la alta aprobación de la forma en que Danilo Medina se ha desempeñado como presidente de la República en los cinco primeros meses de su mandato, a pesar de haber implementado una reforma fiscal que tiene el rechazo de las tres cuartas partes de la población. El prorrateo de la aplicación del alza impositiva parece un gran acierto.
La percepción generalizada antes de la encuesta era que el mandatario tenía buena aprobación, como suele ocurrir al comienzo de los períodos de gobierno, pero resulta relevante que alcance el 81.3 por ciento de los encuestados y que el 76.4 por ciento considere que Medina ha dado una idea clara de lo que se propone hacer.
El haber acatado el clamor nacional por el cumplimiento de la ley que instituye el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación es de los factores que genera tan alta aprobación, ya que el 87 por ciento valoró como positiva la gestión educativa, seguida por el 71 por ciento a la de salud y el 67 por ciento en el campo económico, aunque “se quema” con apenas 50 por ciento de aprobación frente a la corrupción, con el 46 por ciento en relación al narcotráfico y la seguridad ciudadana y 42 por ciento frente al costo de la vida.
Llama la atención que el 72 por ciento de los encuestados encuentren el gobierno de Medina muy diferente o diferente al de su antecesor Leonel Fernández, pese a provenir del mismo partido y haber mantenido en sus puestos a la mayoría de los altos funcionarios del régimen que concluyó en agosto. Aún así el 60.5 por ciento considera el nuevo gobierno “mejor de lo esperado”.
La imagen personal de cercanía con la gente, la austeridad y frugalidad que ha impreso al gobierno, especialmente en su entorno, la sencillez con que se moviliza y hasta la humildad de que ha hecho gala se señalan como factores positivos del mandatario, lo que se ratifica en el 82 por ciento de los encuestados que expresó opinión favorable de su persona.
Contrastes en lo económico
No es sólo que el 76 por ciento de los encuestados desaprueba el nuevo paquete fiscal, incluyendo hasta 68 por ciento de los que se definieron como peledeístas, sino también que dos terceras partes, 67 por ciento, considera que la situación económica está empeorando, con un 77 por ciento que cree muy mala y mala la condición de la economía, y 57 por ciento aprecia que las cosas van por mal camino.
Otros indicadores de insatisfacción económica se encuentran en el 94 por ciento que estima que el costo de la vida va en aumento y en el 79 por ciento que cree lo mismo sobre el desempleo. También es alta, 80 por ciento, la apreciación de que se incrementa la inseguridad y el narcotráfico, elementos de primer orden en las preocupaciones de la ciudadanía. Para los encuestados los tres mayores problemas que más afectan el país son: el costo de la vida para el 97 por ciento, la inseguridad, con el 90 por ciento, y 82 por ciento el narcotráfico.
Es relevante que con tan altas tasas de insatisfacción en materias claves como la economía y la seguridad ciudadana, el presidente obtenga tan alta aprobación. Ello implica la responsabilidad de quien gobernó los ocho años anteriores y las manifestaciones contra el expresidente Leonel Fernández por su responsabilidad en el déficit fiscal de casi 200 mil millones de pesos durante el año pasado.
Es apenas el comienzo
Los méritos alcanzados por el presidente Medina se ratifican en la actuación de la mayoría de sus funcionarios, especialmente de los provenientes de su propio equipo, imbuidos de la mística que él ha impreso al gobierno y que ha obligado a recogerse a los ratificados. Ministros claves como los de la presidencia, Salud y Obras Públicas están respondiendo con presteza a los requerimientos ciudadanos.
Los concursos transparentes y equitativos para la asignación de la construcción de miles de aulas, y para las importaciones de productos agropecuarios, el inicio de la campaña contra el analfabetismo, y hasta la revisión de contratos otorgados en la transición, como unos de obras públicas que han implicado una economía de 90 millones de dólares, y la atención a pequeñas demandas de las comunidades se cuentan entre los factores que marcan el buen inicio del gobierno.
Pero tampoco es extraño que un gobierno tenga buen arranque, de lo que está consciente el propio presidente Medina, pues cuando se le felicitó por ello recientemente, respondió con mucha convicción que “lo importante no es como se comienza, sino como se termina”.
Viendo hacia atrás se recuerda la aureola de “mano de piedra Durán” que se le otorgó en 1978 al campechano don Antonio Guzmán, por los éxitos iniciales. Salvador Jorge Blanco hasta se paraba en los semáforos y en las frituras, pero perdió la brújula a medio término con la poblada por los ajustes económicos de abril de 1984. Hipólito Mejía tuvo una primera mitad exitosa, cercano a la gente común, construyendo miles de pequeñas obras por todo el país, y su partido barrió en las elecciones congresuales y municipales de medio término, para inmediatamente embarcarse en la reforma constitucional reeleccionista que lo sepultó. Leonel Fernández vivió años cosechando de lo que sembró al volver al poder en el 2004.
Sobre el desguañangue del PRD
La encuesta Gallup-HOY también arroja luz sobre el desguañangue de que es objeto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de arrebatos, odios, resentimientos y hasta violencia desenfrenada, por la inoperancia en que han devenido sus organismos, dirección unipersonal y renuencia a acogerse al dictamen democrático.
Las simpatías por el PRD han caído a los niveles más bajos de mucho tiempo, 22.4 por ciento, sólo comparable a lo registrado tras la derrota del intento reeleccionista de Hipólito Mejía en el año 2000, o al 23 por ciento que alcanzó en los comicios de 1990, tras la división protagonizada entre Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta. Se recuperó para 1994 por un liderazgo como el de Peña Gómez, del que ahora carece.
La caída del aprecio por el PRD, que marca la encuesta realizada entre el 18 y el 21 de enero, antes de la violencia del domingo 27 que debe haberlo hundido más, es espectacular en relación a los votos que obtuvo en la elección presidencial de mayo último, cuando Hipólito Mejía consiguió el 47 por ciento, luchando contra una coalición de 14 partidos y contra el gobierno de Leonel Fernández, con todo y caballo de Troya.
Independientemente de los aliados, el PRD fue el partido más votado con 42.13 por ciento, casi cinco puntos más que el PLD, que obtuvo 37.73 por ciento. Lo superó en más de 200 mil votos, en 28 de las 31 provincias. En medio de sus luchas intestinas ha caído casi a la mitad en las preferencias, mientras el PLD marca 14 puntos más, para 51.7 por ciento.
Los resultados de la Gallup-HOY confirman la percepción general de la responsabilidad de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía en la crisis perredeísta, pero sobre todo del primero. Ambos encabezan las opiniones desfavorables, Vargas con 65 y Mejía 63 por ciento, superando a Leonel Fernández que registra 52 por ciento.
Cuando se preguntó quién era más responsable de la crisis del PRD, el 26 por ciento señaló a Vargas y el 20 por ciento a Mejía, pero entre quienes se identificaron como perredeístas el resultado fue devastador para el primero con 54 por ciento, mientras sólo el 9 por ciento señalaba al segundo, y el 34 por ciento a ambos.
También apunta contra Vargas Maldonado el 73 por ciento del universo y el 85 por ciento de los perredeístas que dijeron que las expulsiones del expresidente Mejía y otros dirigentes profundizan la crisis, y el 58 por ciento que plantea una convención para solucionar la crisis, que es lo que reclama la mayoría de los dirigentes perredeístas. Pero el presidente perredeísta llegó al extremo esta semana de decir a la agencia Efe que aunque el período para el que fue electo concluye en julio, se prolongará hasta el año próximo porque “hemos tenido catorce meses de ingobernabilidad en el partido”.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.