Análisis Noticiosos
Resalta la aprobación del presidente Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Llama la atención que el 72 por ciento de los encuestados encuentren el gobierno de Medina muy diferente o diferente al de su antecesor Leonel Fernández, pese a provenir del mismo partido y haber mantenido en sus puestos a la mayoría de los altos funcionarios del régimen que concluyó en agosto.
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratifica la percepción general sobre el buen desempeño del presidente Danilo Medina en los primeros cinco meses de su mandato, aún cuando tres cuartas partes de la población desaprueba la reforma fiscal puesta en vigor.
También resalta que la gran mayoría de los perredeístas consideran que Miguel Vargas Maldonado es el más responsable de la crisis que afecta al Partido Revolucionario Dominicano, resultando el político con mayor rechazo del universo de los encuestados, seguido por los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Éxito del presidente Medina
Lo más relevante de la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ha sido la alta aprobación de la forma en que Danilo Medina se ha desempeñado como presidente de la República en los cinco primeros meses de su mandato, a pesar de haber implementado una reforma fiscal que tiene el rechazo de las tres cuartas partes de la población. El prorrateo de la aplicación del alza impositiva parece un gran acierto.
La percepción generalizada antes de la encuesta era que el mandatario tenía buena aprobación, como suele ocurrir al comienzo de los períodos de gobierno, pero resulta relevante que alcance el 81.3 por ciento de los encuestados y que el 76.4 por ciento considere que Medina ha dado una idea clara de lo que se propone hacer.
El haber acatado el clamor nacional por el cumplimiento de la ley que instituye el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación es de los factores que genera tan alta aprobación, ya que el 87 por ciento valoró como positiva la gestión educativa, seguida por el 71 por ciento a la de salud y el 67 por ciento en el campo económico, aunque “se quema” con apenas 50 por ciento de aprobación frente a la corrupción, con el 46 por ciento en relación al narcotráfico y la seguridad ciudadana y 42 por ciento frente al costo de la vida.
Llama la atención que el 72 por ciento de los encuestados encuentren el gobierno de Medina muy diferente o diferente al de su antecesor Leonel Fernández, pese a provenir del mismo partido y haber mantenido en sus puestos a la mayoría de los altos funcionarios del régimen que concluyó en agosto. Aún así el 60.5 por ciento considera el nuevo gobierno “mejor de lo esperado”.
La imagen personal de cercanía con la gente, la austeridad y frugalidad que ha impreso al gobierno, especialmente en su entorno, la sencillez con que se moviliza y hasta la humildad de que ha hecho gala se señalan como factores positivos del mandatario, lo que se ratifica en el 82 por ciento de los encuestados que expresó opinión favorable de su persona.
Contrastes en lo económico
No es sólo que el 76 por ciento de los encuestados desaprueba el nuevo paquete fiscal, incluyendo hasta 68 por ciento de los que se definieron como peledeístas, sino también que dos terceras partes, 67 por ciento, considera que la situación económica está empeorando, con un 77 por ciento que cree muy mala y mala la condición de la economía, y 57 por ciento aprecia que las cosas van por mal camino.
Otros indicadores de insatisfacción económica se encuentran en el 94 por ciento que estima que el costo de la vida va en aumento y en el 79 por ciento que cree lo mismo sobre el desempleo. También es alta, 80 por ciento, la apreciación de que se incrementa la inseguridad y el narcotráfico, elementos de primer orden en las preocupaciones de la ciudadanía. Para los encuestados los tres mayores problemas que más afectan el país son: el costo de la vida para el 97 por ciento, la inseguridad, con el 90 por ciento, y 82 por ciento el narcotráfico.
Es relevante que con tan altas tasas de insatisfacción en materias claves como la economía y la seguridad ciudadana, el presidente obtenga tan alta aprobación. Ello implica la responsabilidad de quien gobernó los ocho años anteriores y las manifestaciones contra el expresidente Leonel Fernández por su responsabilidad en el déficit fiscal de casi 200 mil millones de pesos durante el año pasado.
Es apenas el comienzo
Los méritos alcanzados por el presidente Medina se ratifican en la actuación de la mayoría de sus funcionarios, especialmente de los provenientes de su propio equipo, imbuidos de la mística que él ha impreso al gobierno y que ha obligado a recogerse a los ratificados. Ministros claves como los de la presidencia, Salud y Obras Públicas están respondiendo con presteza a los requerimientos ciudadanos.
Los concursos transparentes y equitativos para la asignación de la construcción de miles de aulas, y para las importaciones de productos agropecuarios, el inicio de la campaña contra el analfabetismo, y hasta la revisión de contratos otorgados en la transición, como unos de obras públicas que han implicado una economía de 90 millones de dólares, y la atención a pequeñas demandas de las comunidades se cuentan entre los factores que marcan el buen inicio del gobierno.
Pero tampoco es extraño que un gobierno tenga buen arranque, de lo que está consciente el propio presidente Medina, pues cuando se le felicitó por ello recientemente, respondió con mucha convicción que “lo importante no es como se comienza, sino como se termina”.
Viendo hacia atrás se recuerda la aureola de “mano de piedra Durán” que se le otorgó en 1978 al campechano don Antonio Guzmán, por los éxitos iniciales. Salvador Jorge Blanco hasta se paraba en los semáforos y en las frituras, pero perdió la brújula a medio término con la poblada por los ajustes económicos de abril de 1984. Hipólito Mejía tuvo una primera mitad exitosa, cercano a la gente común, construyendo miles de pequeñas obras por todo el país, y su partido barrió en las elecciones congresuales y municipales de medio término, para inmediatamente embarcarse en la reforma constitucional reeleccionista que lo sepultó. Leonel Fernández vivió años cosechando de lo que sembró al volver al poder en el 2004.
Sobre el desguañangue del PRD
La encuesta Gallup-HOY también arroja luz sobre el desguañangue de que es objeto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de arrebatos, odios, resentimientos y hasta violencia desenfrenada, por la inoperancia en que han devenido sus organismos, dirección unipersonal y renuencia a acogerse al dictamen democrático.
Las simpatías por el PRD han caído a los niveles más bajos de mucho tiempo, 22.4 por ciento, sólo comparable a lo registrado tras la derrota del intento reeleccionista de Hipólito Mejía en el año 2000, o al 23 por ciento que alcanzó en los comicios de 1990, tras la división protagonizada entre Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta. Se recuperó para 1994 por un liderazgo como el de Peña Gómez, del que ahora carece.
La caída del aprecio por el PRD, que marca la encuesta realizada entre el 18 y el 21 de enero, antes de la violencia del domingo 27 que debe haberlo hundido más, es espectacular en relación a los votos que obtuvo en la elección presidencial de mayo último, cuando Hipólito Mejía consiguió el 47 por ciento, luchando contra una coalición de 14 partidos y contra el gobierno de Leonel Fernández, con todo y caballo de Troya.
Independientemente de los aliados, el PRD fue el partido más votado con 42.13 por ciento, casi cinco puntos más que el PLD, que obtuvo 37.73 por ciento. Lo superó en más de 200 mil votos, en 28 de las 31 provincias. En medio de sus luchas intestinas ha caído casi a la mitad en las preferencias, mientras el PLD marca 14 puntos más, para 51.7 por ciento.
Los resultados de la Gallup-HOY confirman la percepción general de la responsabilidad de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía en la crisis perredeísta, pero sobre todo del primero. Ambos encabezan las opiniones desfavorables, Vargas con 65 y Mejía 63 por ciento, superando a Leonel Fernández que registra 52 por ciento.
Cuando se preguntó quién era más responsable de la crisis del PRD, el 26 por ciento señaló a Vargas y el 20 por ciento a Mejía, pero entre quienes se identificaron como perredeístas el resultado fue devastador para el primero con 54 por ciento, mientras sólo el 9 por ciento señalaba al segundo, y el 34 por ciento a ambos.
También apunta contra Vargas Maldonado el 73 por ciento del universo y el 85 por ciento de los perredeístas que dijeron que las expulsiones del expresidente Mejía y otros dirigentes profundizan la crisis, y el 58 por ciento que plantea una convención para solucionar la crisis, que es lo que reclama la mayoría de los dirigentes perredeístas. Pero el presidente perredeísta llegó al extremo esta semana de decir a la agencia Efe que aunque el período para el que fue electo concluye en julio, se prolongará hasta el año próximo porque “hemos tenido catorce meses de ingobernabilidad en el partido”.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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