Análisis Noticiosos
Resalta la aprobación del presidente Medina
Por Juan Bolívar Díaz
Llama la atención que el 72 por ciento de los encuestados encuentren el gobierno de Medina muy diferente o diferente al de su antecesor Leonel Fernández, pese a provenir del mismo partido y haber mantenido en sus puestos a la mayoría de los altos funcionarios del régimen que concluyó en agosto.
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratifica la percepción general sobre el buen desempeño del presidente Danilo Medina en los primeros cinco meses de su mandato, aún cuando tres cuartas partes de la población desaprueba la reforma fiscal puesta en vigor.
También resalta que la gran mayoría de los perredeístas consideran que Miguel Vargas Maldonado es el más responsable de la crisis que afecta al Partido Revolucionario Dominicano, resultando el político con mayor rechazo del universo de los encuestados, seguido por los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Éxito del presidente Medina
Lo más relevante de la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ha sido la alta aprobación de la forma en que Danilo Medina se ha desempeñado como presidente de la República en los cinco primeros meses de su mandato, a pesar de haber implementado una reforma fiscal que tiene el rechazo de las tres cuartas partes de la población. El prorrateo de la aplicación del alza impositiva parece un gran acierto.
La percepción generalizada antes de la encuesta era que el mandatario tenía buena aprobación, como suele ocurrir al comienzo de los períodos de gobierno, pero resulta relevante que alcance el 81.3 por ciento de los encuestados y que el 76.4 por ciento considere que Medina ha dado una idea clara de lo que se propone hacer.
El haber acatado el clamor nacional por el cumplimiento de la ley que instituye el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación es de los factores que genera tan alta aprobación, ya que el 87 por ciento valoró como positiva la gestión educativa, seguida por el 71 por ciento a la de salud y el 67 por ciento en el campo económico, aunque “se quema” con apenas 50 por ciento de aprobación frente a la corrupción, con el 46 por ciento en relación al narcotráfico y la seguridad ciudadana y 42 por ciento frente al costo de la vida.
Llama la atención que el 72 por ciento de los encuestados encuentren el gobierno de Medina muy diferente o diferente al de su antecesor Leonel Fernández, pese a provenir del mismo partido y haber mantenido en sus puestos a la mayoría de los altos funcionarios del régimen que concluyó en agosto. Aún así el 60.5 por ciento considera el nuevo gobierno “mejor de lo esperado”.
La imagen personal de cercanía con la gente, la austeridad y frugalidad que ha impreso al gobierno, especialmente en su entorno, la sencillez con que se moviliza y hasta la humildad de que ha hecho gala se señalan como factores positivos del mandatario, lo que se ratifica en el 82 por ciento de los encuestados que expresó opinión favorable de su persona.
Contrastes en lo económico
No es sólo que el 76 por ciento de los encuestados desaprueba el nuevo paquete fiscal, incluyendo hasta 68 por ciento de los que se definieron como peledeístas, sino también que dos terceras partes, 67 por ciento, considera que la situación económica está empeorando, con un 77 por ciento que cree muy mala y mala la condición de la economía, y 57 por ciento aprecia que las cosas van por mal camino.
Otros indicadores de insatisfacción económica se encuentran en el 94 por ciento que estima que el costo de la vida va en aumento y en el 79 por ciento que cree lo mismo sobre el desempleo. También es alta, 80 por ciento, la apreciación de que se incrementa la inseguridad y el narcotráfico, elementos de primer orden en las preocupaciones de la ciudadanía. Para los encuestados los tres mayores problemas que más afectan el país son: el costo de la vida para el 97 por ciento, la inseguridad, con el 90 por ciento, y 82 por ciento el narcotráfico.
Es relevante que con tan altas tasas de insatisfacción en materias claves como la economía y la seguridad ciudadana, el presidente obtenga tan alta aprobación. Ello implica la responsabilidad de quien gobernó los ocho años anteriores y las manifestaciones contra el expresidente Leonel Fernández por su responsabilidad en el déficit fiscal de casi 200 mil millones de pesos durante el año pasado.
Es apenas el comienzo
Los méritos alcanzados por el presidente Medina se ratifican en la actuación de la mayoría de sus funcionarios, especialmente de los provenientes de su propio equipo, imbuidos de la mística que él ha impreso al gobierno y que ha obligado a recogerse a los ratificados. Ministros claves como los de la presidencia, Salud y Obras Públicas están respondiendo con presteza a los requerimientos ciudadanos.
Los concursos transparentes y equitativos para la asignación de la construcción de miles de aulas, y para las importaciones de productos agropecuarios, el inicio de la campaña contra el analfabetismo, y hasta la revisión de contratos otorgados en la transición, como unos de obras públicas que han implicado una economía de 90 millones de dólares, y la atención a pequeñas demandas de las comunidades se cuentan entre los factores que marcan el buen inicio del gobierno.
Pero tampoco es extraño que un gobierno tenga buen arranque, de lo que está consciente el propio presidente Medina, pues cuando se le felicitó por ello recientemente, respondió con mucha convicción que “lo importante no es como se comienza, sino como se termina”.
Viendo hacia atrás se recuerda la aureola de “mano de piedra Durán” que se le otorgó en 1978 al campechano don Antonio Guzmán, por los éxitos iniciales. Salvador Jorge Blanco hasta se paraba en los semáforos y en las frituras, pero perdió la brújula a medio término con la poblada por los ajustes económicos de abril de 1984. Hipólito Mejía tuvo una primera mitad exitosa, cercano a la gente común, construyendo miles de pequeñas obras por todo el país, y su partido barrió en las elecciones congresuales y municipales de medio término, para inmediatamente embarcarse en la reforma constitucional reeleccionista que lo sepultó. Leonel Fernández vivió años cosechando de lo que sembró al volver al poder en el 2004.
Sobre el desguañangue del PRD
La encuesta Gallup-HOY también arroja luz sobre el desguañangue de que es objeto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de arrebatos, odios, resentimientos y hasta violencia desenfrenada, por la inoperancia en que han devenido sus organismos, dirección unipersonal y renuencia a acogerse al dictamen democrático.
Las simpatías por el PRD han caído a los niveles más bajos de mucho tiempo, 22.4 por ciento, sólo comparable a lo registrado tras la derrota del intento reeleccionista de Hipólito Mejía en el año 2000, o al 23 por ciento que alcanzó en los comicios de 1990, tras la división protagonizada entre Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta. Se recuperó para 1994 por un liderazgo como el de Peña Gómez, del que ahora carece.
La caída del aprecio por el PRD, que marca la encuesta realizada entre el 18 y el 21 de enero, antes de la violencia del domingo 27 que debe haberlo hundido más, es espectacular en relación a los votos que obtuvo en la elección presidencial de mayo último, cuando Hipólito Mejía consiguió el 47 por ciento, luchando contra una coalición de 14 partidos y contra el gobierno de Leonel Fernández, con todo y caballo de Troya.
Independientemente de los aliados, el PRD fue el partido más votado con 42.13 por ciento, casi cinco puntos más que el PLD, que obtuvo 37.73 por ciento. Lo superó en más de 200 mil votos, en 28 de las 31 provincias. En medio de sus luchas intestinas ha caído casi a la mitad en las preferencias, mientras el PLD marca 14 puntos más, para 51.7 por ciento.
Los resultados de la Gallup-HOY confirman la percepción general de la responsabilidad de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía en la crisis perredeísta, pero sobre todo del primero. Ambos encabezan las opiniones desfavorables, Vargas con 65 y Mejía 63 por ciento, superando a Leonel Fernández que registra 52 por ciento.
Cuando se preguntó quién era más responsable de la crisis del PRD, el 26 por ciento señaló a Vargas y el 20 por ciento a Mejía, pero entre quienes se identificaron como perredeístas el resultado fue devastador para el primero con 54 por ciento, mientras sólo el 9 por ciento señalaba al segundo, y el 34 por ciento a ambos.
También apunta contra Vargas Maldonado el 73 por ciento del universo y el 85 por ciento de los perredeístas que dijeron que las expulsiones del expresidente Mejía y otros dirigentes profundizan la crisis, y el 58 por ciento que plantea una convención para solucionar la crisis, que es lo que reclama la mayoría de los dirigentes perredeístas. Pero el presidente perredeísta llegó al extremo esta semana de decir a la agencia Efe que aunque el período para el que fue electo concluye en julio, se prolongará hasta el año próximo porque “hemos tenido catorce meses de ingobernabilidad en el partido”.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.