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Opinión

Respetemos los colores de la Bandera

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Por Miguel Guerrero

Aprendamos a conocernos. Nos independizamos de Haití, no de la Metrópoli. Tenemos tres, no un padre de la patria. Nuestro himno nacional es un canto épico, no de amor ni de exhortación al trabajo, y si nos fijamos bien en el alto de los pendones ondean lo que parecen dos banderas.

De acuerdo con los documentos y testimonios conocidos sobre el tema, el rojo de la enseña nacional es bermellón y el azul el de ultramar. No debería haber pues lugar a confusiones sobre algo tan solemne como es el color de la bandera, el mayor de los símbolos de la patria.

Sin embargo, hasta en las más importantes oficinas públicas, a veces en los mismos cuarteles militares y policiales y en determinados momentos en la propia sede del Congreso Nacional y en el Palacio Nacional, se observa el uso de otra tonalidad azul, mucho más oscuro, en los cuadrantes del emblema.

Esta informalidad se cumple también, con insólita frecuencia, en actos públicos en donde asisten los más altos dignatarios de la nación, en muchas oportunidades hasta el presidente de la República.

La Suprema Corte de Justicia hizo un invaluable aporte a la divulgación de los símbolos patrios, incluyendo la bandera, al editar una agenda con ilustraciones muy pedagógicas acerca de esos valores.

En esa agenda se hace énfasis en las características de la bandera, cosas estas que deberían ser de absoluta obligación.

Es inaudito entonces que se permita en lugares y actos públicos izar una bandera con cuadrantes azules que no se corresponden con la tonalidad que corresponde a la enseña nacional.

Se trata de un azul intensamente oscuro, que a distancia parece negro, y que en el argot del mundo de la moda se conoce como “navy”, color éste muy lúcido en trajes masculinos y en algunos vestidos femeninos, pero desagradable en la esquina superior izquierda y en el cuadrante inferior opuesto de la bandera dominicana.

Artículo publicado originalmente en el periódico El Caribe.

mguerrero@mgpr.com.do
@GuerreroMiguele

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Opinión

El descredito del Ministerio Público.

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Por José Cabral.

Desde hace años que he tenido el convencimiento de que el Ministerio Público es tanto o más desacreditado que su auxiliar la Policía Nacional.

Sin embargo, mi perspectiva del problema era hasta cierto punto equivocada, porque el asunto es de mucho más dimensión que lo que se ve a simple vista.

La cuestión es que la falta de eficiencia y de transparencia del Ministerio Público está adornado de unos corrompimientos que preocupan a cualquier dominicano sano.

El flagelo no sólo está presente en los pueblos del interior del país, sino que el mismo tiene su origen en su propia sede de la capital dominicana.

Hay informes de que en la cima del Ministerio Público están enquistados los que les sirven de soporte a los fiscales corruptos del interior del país, principalmente en Santiago.

Por lo que se sabe una procuradora general adjunta es la persona que promueve y apoya la sinvergüencería y falta de escrúpulos de miembros del Ministerio Público que no tienen miramientos para involucrarse en inmoralidades.

Hay quienes entienden que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, parece ser una presa de los grupos que apoyan a esos fiscales corruptos.

De acuerdo a lo que ha trascendido en el escenario hay una procuradora adjunta que tiene mucho futuro en la carrera judicial que sirve de madrina de esos miembros del Ministerio Público para cometer todo tipo de tropelías.

No parece que esta descomposición del Ministerio Público pueda mejorar porque los corruptos pueden más que los que están sanos.

Los únicos perdedores con la situación planteada son los ciudadanos y ciudadanas dominicanas en sentido general, porque están expuestos a cualquier situación que puede afectarles a ellos y a sus familiares.

La verdad que las cosas no son como se ven.

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Opinión

No todo se resuelve con impuestos

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Por Miguel Guerrero

Cuesta entender las razones por las cuales los dirigentes de los países en desarrollo, como el nuestro, se resisten a aprender de las experiencias de las naciones ricas en materia de economía. La mayoría de esos países han tenido la fortuna de darse gobiernos con un sentido amplio de las realidades, que en situaciones difíciles, han asumido la responsabilidad de tomar a los toros por los cuernos.

Ronald Reagan, por ejemplo, comprimió el gasto público, achicó así el papel del gobierno, mientras reducía los impuestos. El resultado no se hizo esperar. La economía norteamericana comenzó a crecer y el nivel de vida de los estadounidenses mejoró. En más de una ocasión, la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos ha bajado las tasas de interés para impulsar la dinámica económica. El dinero deja de ser una mercancía de lujo, los préstamos se abaratan y la gente dispone así de mayor accesibilidad a préstamos para adquirir vivienda y resolver otras necesidades familiares o de sus empresas. Idénticas fórmulas han sido ensayadas con éxito en muchos otros países en distintas oportunidades.

En el nuestro, en cambio, la tendencia ha sido siempre la de resolver los problemas nacionales con más impuestos y préstamos onerosos que comprometen seriamente las finanzas públicas. Una y otra vez depositamos la suerte del manejo de los conflictos y las precariedades económicas del sector público en más y más leyes impositivas que sólo consiguen engordar la burocracia e inflar el gasto público, y empobrecen aun más a la población sin lograr el objetivo de mejorar las condiciones del país.

Se cree que al enriquecer al Estado, las cosas serán más fáciles. Con ello apenas se consigue el empobrecimiento de los ciudadanos, que ven así cómo la gula fiscal de los gobiernos acaba por mermar sus recursos, agrava sus penurias y hace mucho más difícil la solución de sus problemas particulares.

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Opinión

La Constitución y el Desafío del Verdadero Bienestar Social

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Por Isaías Ramos

En un acto de promulgación de las nuevas reformas a la Constitución, que debió haber sido solemne, el presidente proclamó que “una Constitución no está hecha solo con frías palabras técnicas sobre un papel, sino que es, sobre todo, el alma de un pueblo.” También afirmó que “la Constitución es la brújula de nuestra democracia, el espíritu que nos une y nos eleva.” Sin embargo, estas palabras resultan un eco vacío frente a la cruda realidad de sus acciones.

Una Constitución debe ser más que un simple documento; debe encarnar las aspiraciones y los derechos fundamentales de su pueblo. Hoy vivimos una profunda disonancia entre los principios constitucionales y las políticas de este gobierno y de aquellos que le precedieron.

En lugar de orientar hacia el bienestar social y económico, somos testigos de un modelo neoliberal extractivista que prioriza el crecimiento económico sobre el bienestar colectivo, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, ignorando flagrantemente el espíritu de la Constitución y las necesidades de quienes debería servir.

Bajo esta administración, los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución han sido brutalmente vulnerados. Las reformas fiscal y laboral impulsadas e introducidas en el Congreso por el poder ejecutivo están y estaban claramente diseñadas para beneficiar a unos pocos —los grandes intereses corporativos— mientras millones de ciudadanos lidian con la miseria y el sufrimiento diario. Esto no solo es inaceptable; es una traición a la promesa constitucional de garantizar condiciones dignas para todos.

El discurso oficial puede referirse a una «brújula» democrática, pero debemos cuestionar quiénes son realmente los beneficiarios de este rumbo. Al hablar del “espíritu” que une a la nación, es imperativo preguntarnos si ese espíritu incluye a los marginados por el modelo impuesto o si solo refleja los intereses de una élite privilegiada.

La verdadera esencia de una democracia reside en su capacidad para escuchar y atender las demandas del pueblo. Sin embargo, lo que hemos observado hasta ahora es una desconexión alarmante entre el gobierno, la Constitución y la ciudadanía. La promesa constitucional se convierte en retórica vacía cuando, día tras día, se ignoran los principios del Estado Social y Democrático de Derecho y las voces que claman por justicia económica y social.

En este contexto crítico, es urgente reafirmar nuestro compromiso con los principios fundamentales de nuestra Constitución. Exigimos acciones concretas, no solo palabras grandilocuentes. Es momento de recordar a las élites que nos gobiernan que su mandato conlleva una responsabilidad ineludible hacia todos los ciudadanos, sin excepción.

Al final del día, “el alma” mencionada por el presidente reside en cada uno de nosotros: trabajadores luchadores, familias que se esfuerzan por salir adelante e individuos comprometidos con construir un futuro mejor para las próximas generaciones.

Por ello, en el Frente Cívico y Social hacemos un llamado urgente a reorientar nuestro camino hacia uno en el que prevalezcan la justicia social, la igualdad y el respeto por nuestros derechos económicos como pilares inquebrantables dentro del marco constitucional.

En el FCS creemos firmemente que solo así podremos forjar una democracia auténtica, donde nuestras vidas sean valoradas más allá del simple crecimiento económico impuesto desde arriba. La verdadera brújula debe guiarnos hacia una sociedad inclusiva, donde cada voz cuente y sea escuchada, porque esa es la esencia del pacto social: gobernar para todos.

Despierta, RD.

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