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Girón, ficha clave con testimonio en condena de oficiales es beneficiado con retiro de arresto domiciliario.

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Santo Domingo, R.D.-Fue variada este miércoles por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la medida de arresto domiciliario impuesta al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, a presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial.

La magistrada Giselle Méndez explicó que, aunque el militar cumplió su pena de cinco años que se le impuso en junio, la sentencia todavía no es firme porque no se le ha dado lectura íntegra, por lo que su proceso penal continúa.

Añadió que hasta que no pase el plazo para recurrir la sentencia, cuya lectura está programada para el 23 de este mes de agosto, ese fallo, en el caso de Girón, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y se prevé que no apelen, no adquiere la cosa irrevocablemente juzgada.

Con la variación de la medida «cesa la custodia que ejercía el Ministerio Público» respecto a Girón en los términos dispuestos por la resolución del juez que le impuso en mayo del 2021 el arresto domiciliario, agregó Méndez.

El testimonio del mayor Raúl Alejandro Girón fue clave en el caso de corrupción en el que se condenó a 20, 15 y 10 años a oficiales de altos rangos militar y policial el pasado mes de junio.

  • Entre los oficiales condenados figuran el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, a 20 años de prisión; los generales Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cestur;  y Julio Camilo de los Santos Viola, a 20 y 15 años de prisión, respectivamente.

También recibió una condena de 20 años el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, mientras que a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez se le impuso 15 años de cárcel, a esta última se le acusa de ser presunta testaferra de Cáceres.

Al salir del tribunalGirón no reaccionó a las preguntas de los periodistas de si se siente seguro con menos restricciones a su libertad.

La solicitud de la variación de la medida de coerción a Girón fue solicitada por el defensor público Rubén Martínez, a la que los representantes del Ministerio Público y del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) no se opusieron.

Por el órgano acusador estuvo el fiscal Jonathan Pérez Fulcar y por el ERPP, José Alberto Ortiz.

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Fue reenviado nueva vez el juicio por caso Intrant.

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Santo Domingo, R.D.-Fue reenviado otra vez por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  la audiencia de inicio de juicio de fondo seguido al exdirector del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Veras, el empresario José Gómez y otras personas, por presunto fraude en el proyecto de la red semafórica.

El tribunal rechazó la reposición de plazos solicitado por las defensas de los imputados en el caso. Además dictó orden de conducencia contra los testigos que fueron notificados y no se presentaron en audiencia.

“A los testigos del Ministerio Público no se les dictó orden de conducencia. El Ministerio Público se hizo cargo de los que no estuvieron presentes, porque tenían excusas y los que estuvieron presentes quedaron convocados. No hay conducencia”, aclaró el fiscal litigante, Jonathan Pérez Fulcar,

Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, remitió una comunicación explicando que se encuentra fuera del país, por compromisos institucionales.

El aplazamiento para el 3 de septiembre, se dispuso debido a que dos acusados; Manuel Mora, Mariano Gustini y la empresa PagoRD, no tenían representación legal o cambiaron su defensa técnica.

Por el caso también fueron enviados a juicio Pedro Padovani, Samuel Baquero, Frank Díaz, Juan Álvarez, Carlos Peguero, Mariano Gustini, Manuel Mora Vázquez y Henry Féliz, así como siete empresas.

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Tribunal Constitucional declara inadmisible recurso de hijos de Trujillo que reclamaban fondos incautados.

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Santo Domingo, R.D.-Fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de revisión constitucional interpuesto por los señores Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, quienes pretendían la devolución de sumas de dinero depositadas en el Banco de Reservas durante la dictadura trujillista a favor de su difunta madre, la señora Lina Altagracia Lovatón Pittaluga.

Ambos son hijos del dictador Rafael Trujillo Molina, fruto de una relación extramarital con doña Lina Lovatón.

La decisión está contenida en la Sentencia TC/0737/26, correspondiente al expediente TC-04-2025-1112, mediante la cual el órgano constitucional rechazó conocer el recurso presentado contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de abril de 2025.

El tribunal consideró que el recurso presentado no cumplió con el requisito esencial de especial trascendencia o relevancia constitucional exigido por la Ley Orgánica núm. 137-11.

Esta demanda había sido declarada inadmisible por prescripción mediante la Sentencia Civil núm. 037-2016-SSEN-0053, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 29 de abril de 2016.

Tras un proceso judicial que se extendió por casi una década con apelaciones, un recurso de casación acogido y un reenvío del caso, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional terminó rechazando en 2022 la demanda original, al determinar que el dinero reclamado había sido retirado antes del fallecimiento de Trujillo.

El reclamo judicial se remonta a un certificado de depósito (núm. 2117) aperturado en el Banco de Reservas el 4 de febrero de 1950 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

El contrato disponía una condición suspensiva: las sumas depositadas pasarían a favor de Lina Altagracia Lovatón Pittaluga únicamente al momento de la muerte del dictador, hecho acaecido el 30 de mayo de 1961.

Bajo este argumento, alegaban que la incautación de los fondos por parte del Estado violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley y el derecho de propiedad.

Al examinar el expediente, el Tribunal Constitucional concluyó que en el caso no se configuraba una verdadera controversia constitucional relacionada con la protección de derechos fundamentales o con la interpretación de la Constitución que justificara la intervención del tribunal por su especial trascendencia o relevancia constitucional.

El Tribunal precisó que la inadmisión se fundamentó en los requisitos propios del recurso de revisión constitucional y no en un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia económica planteada por los recurrentes.

La sentencia fue aprobada por el pleno del Tribunal Constitucional con la mayoría requerida de sus jueces, durante la sesión celebrada el 9 de junio de 2026.

El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier se inhibió de participar en la deliberación y el fallo debido a que había suscrito la decisión impugnada en su anterior condición de juez de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, el Tribunal hizo constar que los magistrados Fidias Federico Aristy Payano y Sonia Díaz Inoa no participaron en la deliberación ni en la votación del expediente por causas previstas en la ley.

Como parte del dispositivo, el Tribunal Constitucional declaró el recurso libre de costas, ordenó notificar la decisión a las partes involucradas y dispuso su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

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Medallistas centroamericanos entrarán al programa de apoyo a deportistas, según lo anunció Abinader.

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Santo Domingo, R.D.-Los deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos almorzaron con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde recibieron la confirmacion de que pasarán a formar parte del Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento (PARMI) a partir del próximo año.

El almuerzo fue utilizado por Abinader para agradecer a los deportistas que estuvieron en el evento y también para revelar que los ganadores de medallas pasarán a formar parte del refferido programa.

El mandatario también aseguró que en 2027 duplicarán los ingresos al Parmi para mejorar las condiciones de los atletas.

El Parni es un programa que ayuda a los deportistas con su seguridad social, alimentación y preparación académica. El mismo fue creado por el expresidente Leonel Fernández en 1996.

Antes de que los aplausos por el anuncio se terminaran, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, aprovechó para confirmar que ya cuentan con 77.5 millones de pesos, dinero que servirá para entregárselo a los ganadores de preseas dentro del certamen deportivo.

“Ustedes dieron la milla extra, rompiendo todos los récords y conquistando 150 medallas que nos rompieron el corazón de alegría”, aseveró Cruz con una visible emoción.

Felices por los logros.

Liranyi Alonso

Liranyi AlonsoJosé Alberto Maldonado.

Los atletas llegaron vestidos con los colores de la bandera nacional al Palacio Nacional; también tenían sus medallas colgadas alrededor del cuello y una alegría que contagió a los presentes del lugar.

La delegación estuvo encabezada por la karateca María Dimitrova, quien ganó dos medallas de oro en el evento, y el doble medallista olímpico Félix Sánchez.

A ellos dos les siguieron Brayelin Martínez, Jineiry Martínez, Yonkaira Peña y otras jugadoras de la selección de voleibol femenino. Además, estuvieron presentes Liranyi Alonso, Lugelin Santos, Alexander Ogando y Christopher Melenciano.

Sumado a ello, también participaron representaciones de karate, judo, softball, baloncesto, halterofilia, rugby y taekwondo; también asistieron al encuentro.

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