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Opinión

Retirarse dignamente

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Ted Williams, uno de los más grandes beisbolistas de la historia del deporte de Estados Unidos, supo retirarse a tiempo. Justo cuando conectó un enorme cuadrangular y su promedio de bateo estaba bien por encima de .300, el antipático Ted se quitó la gorra y saludó al público, cosa esta que no acostumbraba hacer.

Pocos imaginaron que, en su momento de mayor gloria, siendo el único que había sobrepasado el promedio de bateo de .400 en el béisbol moderno, se estuviera retirando del deporte que le daba gloria y le pagaba el más alto salario entre todos los jugadores.

Contrario a Ted Williams, el mejor jugador de todos los tiempos, Willie Mays, no fue capaz de darse cuenta cuándo debía retirarse del deporte en el que había sido “el más grande”. Willie terminó su carrera dando tumbos y haciendo ridículos por Japón y otros países donde el béisbol era de categoría baja.

Los dominicanos no hemos aprendido cuándo ni cómo retirarnos de las actividades que realizamos. De ahí los grandes descréditos de los personajes que en algún momento fueron exitosos. Sólo hay que ver los casos de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, quienes persistieron en tratar de liderar cuando ya ni sus respectivos cerebros y cuerpos respondían en lo absoluto. Nunca se retiraron y llegaron a convertirse en caricaturas de lo que siempre habían sido. La memoria que dejaron entre todos sus simpatizantes no fue la del líder enérgico y exitoso, sino la de los ancianos incapaces de valerse por sí mismos, de los cuales se burlaban a escondidas.

El asunto viene a colación porque estamos llegando al momento en que el doctor Roberto Cassá ha decidido no seguir ocupando la posición de Director del Archivo General de la Nación. A Roberto le hace bien retirarse de ese cargo cuando su prestigio está en lo más alto. El Archivo ha sido una honrosa y meritoria excepción en el actual gobierno donde predominan instituciones mancilladas por la corrupción y el desorden. Por ser distinto, por ser diferente, El Archivo con Roberto Cassá ha tenido que sufrir los embates de envidiosos saboteadores que vieron frustrados sus perversos intentos de hacerlo fracasar. Debido a la fortaleza de los principios con que se manejó esa institución pudo resistir el chisme y las bajezas que tanto abundan en el ambiente de la politiquería.

Tenemos que entender que el Archivo General de la Nación no es Roberto Cassá. Esa institución es la memoria indispensable de la nación dominicana en la que se ha logrado formar científicamente un equipo de gente dedicada. Hombres y mujeres con la capacidad para asimilar el estilo que sus directivos lograron transmitirles, donde predomina el sentido de servicio público y de ética profesional. Cassá y su equipo lograron borrar los nefastos recuerdos y las prácticas de tiempos pasados en la que los Directores de El Archivo sustraían a escondidas documentos históricos, ya para satisfacer egos, ocultar acciones delictuosas desde el servicio público o comerciar fondos históricos con coleccionistas.

Justo es reconocer el apoyo que el presidente Leonel Fernández le ha dado al Archivo General de la Nación mientras estuvo bajo la dirección de Roberto Cassá. Para ello, el Presidente de la República tuvo que pasarle por encima a los celos de algunos funcionarios del Ministerio de Cultura, organismo del cual depende orgánicamente esa institución, quienes en diversas ocasiones intentaron obstaculizar los proyectos que allí se generaban.

Ojalá que cuando Roberto Cassá se ausente de la Dirección del Archivo General de la Nación, no suceda como, por ejemplo, con la Autoridad Metropolitana de Transporte que, de joyita del servicio público, pasó a ser una rémora ineficiente, corrupta e incapaz de la Policía Nacional.

Ojalá que los funcionarios que ahora sean designados para dirigir el Archivo General de la Nación reciban el mismo apoyo que han disfrutado, hasta ahora, desde el Poder Ejecutivo. Y que sean capaces de preservar el equipo humano y tecnológico que allí se ha instalado, de manera que puedan darle continuidad a lo que Roberto Cassá hizo durante los ocho años recientes.

Para que tanta organización, progreso, esfuerzo y conciencia no se disuelvan como sal en agua.

Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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Opinión

El gran desafío hacia el desarrollo de la República Dominicana

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Por Isaías Ramos

Durante su participación en «LA Semanal con la Prensa», el presidente Abinader reafirmó su determinación de modificar los artículos 124 y 171 de nuestra Constitución. Como analizamos en nuestro artículo anterior, el artículo 124 establece claramente una reelección, mientras que el artículo 170 proyecta un Ministerio Público autónomo en lo funcional, administrativo y presupuestario.

Este marcado interés surge justo al inicio de su último período, despertando numerosas preguntas aún sin respuesta y generando inquietudes sobre un presidente que todavía no ha detallado su propuesta.

El mandatario presentó un ambicioso plan que pretende transformar a la República Dominicana en «una nación plenamente desarrollada en apenas una década», destacando que “este proyecto requiere del compromiso y apoyo de todos los dominicanos. Este es un llamado a la unidad y colaboración para alcanzar metas tan ambiciosas como duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2036”.

Uno de los puntos clave mencionados por Abinader es la necesidad de crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema y mejorar indicadores como la expectativa de vida y el grado de inversión. Estas metas son loables; sin embargo, surgen interrogantes sobre cómo asegurar un desarrollo que sea inclusivo y beneficie a toda la población.

Desde el Frente Cívico y Social, consideramos que esta propuesta es una réplica de la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Además, Abinader enfatizó la necesidad de reformas estructurales en áreas cruciales como la institucionalidad, la justicia, infraestructura, estabilidad fiscal, salud, educación e innovación — sectores fundamentales para cimentar un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo.

En el FCS estamos convencidos de que nuestro país no necesita una versión distinta al proyecto de nación establecido en nuestra Constitución como un Estado Social y Democrático de Derecho. Las preocupaciones del presidente ya están contempladas en nuestra columna vertebral. Solo se requiere dejar de lado ese modelo de saqueo y endeudamiento establecido en nuestro país a partir de 1997. Este neoliberalismo deshumanizante es totalmente contrario al espíritu establecido en nuestra Carta Magna para impulsar el verdadero desarrollo.

Basándonos en una economía social de servicios básicos, es crucial invertir significativamente en infraestructura esencial como agua potable, energía, transporte público, vivienda asequible y atención médica accesible para todos los ciudadanos, así como en educación en valores  y seguridad ciudadana.

La provisión eficiente de estos servicios esenciales es fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra nación, y clave para mejorar la calidad de vida de la población y reducir las desigualdades sociales.

Es necesario ejecutar un modelo de economía planificada y coordinada, adoptando una estrategia de planificación económica a largo plazo enfocada en la diversificación del sector productivo y la promoción de sectores clave como tecnología, finanzas y biotecnología, además de atraer inversión extranjera directa.

Un sistema tributario progresivo que grave más a quienes más tienen, junto con una amplia gama de incentivos fiscales para fomentar actividades específicas como investigación y desarrollo, exportaciones o inversiones en sectores estratégicos, son esenciales.

En conclusión, el espíritu que envuelve nuestra Constitución es noble, altruista y justo; solo es cuestión de conocerla, interpretarla e implantarla. ¡Despierta, RD!

 

 

 

 

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