Opinión
Retroceso en mini-revolución LGBTIQ+
(cuarta parte)
Por Oscar López Reyes
La mundología de la comunidad LGBTIQ+ ha estado de pláceme desde principio del siglo XXI, por su visibilidad y aceptación social -con más amplitud en las audiencias infantiles y juveniles- en una especie de mini-revolución gai (en español) que, en el remolino de su entusiasmado afán por la igualdad de derecho, entre el 2017 y 2025 ha girado en retroceso, con un saldo luctuoso en 16 años (2008-2024): más de 5 mil han sido ejecutados por rabias pasionales, homofobias y por gobiernos que criminalizan su actividad con prisión perpetua y pena de muerte.
Inauditamente, el movimiento transgénero, financiado por gigantescas corporaciones transnacionales y organismos internacionales, se ha focalizado en los niños, a los que procuran hipersexualizar a temprana edad y conculcarles la idea de que son dueños de la opción de ellos decidir, sin consultar absolutamente a nadie, si quieren ser hombres o mujeres.
El proyecto consiste en reclutar a niños con estímulos eróticos o excitación sexual, utilizando personajes de la comunidad LGBTIQ+ en dibujos animados o muñequitos (caricaturas), con el alegado señalamiento de educarlos en la tolerancia de la diversidad sexual. Empero se persigue, per sé, descubrir su tendencia e incentivar su conducción hacia esa hoguera con llamaradas casi inextinguibles y lagrimeos retorcidos en el crujir de dientes, cuya salida se complica, en extremo.
¿Ha visto usted a la princesa enamorada de una vampiresa, el beso afeminado o la unión conyugal entre Rubí y Zafiro? ¿Perversión, sí o no? ¿Acaso destila odio el que opina o discrepa sobre estas desafortunadas construcciones sociales, como el matrimonio igualitario? ¿Con purpurina, inciden o no las asociaciones de psicoanalítica y psiquiatras gais estadounidenses en la visualización de esta temática?
Como nunca antes, miles de homosexuales están saliendo del armario. Encuestas y estudios demográficos revelan que entre el 1.6% y el 3.5% de la población global confiesa esa preferencia, y en Estados Unidos – conforme a una investigación de la firma norteamericana Gallup- en el 2025 la cifra subió a 9.3%. Este porcentaje de declaratoria pública y perceptibilidad casi se triplica en 11 años: en el 2012 fue de 3.5% y en el 2023 aumentó a 7.6%, marcando un hito en la demografía de la orientación sexual.
Mayoritariamente, niños y adolescentes están siendo emponzoñados por un brote, similar a una enfermedad contagiosa, o como una creciente y empujada moda entre integrantes de las generaciones Millennials (los nacidos 1981-1996, período del advenimiento de internet, redes sociales y globalización), Z (1997-2012, nativos digitales) y Alfa (2013-2026, llegados a la vida en el inicio de la Inteligencia Artificial).
Incontestablemente, criaturas y adolescentes son inducidos al referido linaje por los cambios epigenéticos, la pornografía en línea, la emulación de actrices, estrellas del pop, influencers y amistades que se identifican como bisexuales, lesbianas o queer. Y esa influencia hasta se extiende a la política: miembros y simpatizantes del Partido Demócrata acumulan el 14% del colectivo gai, los independientes el 11% y los del Partido Republicano de Donald Trump el 3%.
Una porción de homosexuales ha sacado la cabeza del armario, se está imponiendo el sustantivo masculino que privilegian: “gay”; logran la adhesión de agrupaciones de izquierda y progresistas en sus jornadas por el respeto a sus derechos civiles; se fabrican productos para esa comunidad y en 39 países ha sido aprobado el matrimonio hombre/hombre y mujer/mujer, sin reparar que China y Japón están teniendo déficits de productividad por la baja presencia femenina.
En la mira del reconocimiento, con sus obras han impactado en el desarrollo educativo y el progreso socio-económico filósofos, astrofísicos, políticos, escritores, inventores, matemáticos y otros científicos abanderados del símbolo del arcoíris, que realzan en las páginas de la historia universal. Han sido constructivos en la gratificación social.
En otras barandas pululan concordantes de su inclinación sexual que son presuntuosos, vengativos, ruidosos y exhibicionistas con acomodos de sonrisas momentáneas, que desembuchan inmundicias en el terreno fértil de la internet y las redes sociales, los Talks Shows radiotelevisivos, la telefonía móvil, el turismo y la emigración. Son dañinos.
La mini-revolución gai está en pañales y divide a la sociedad universal, porque en 12 naciones les aplican la pena de muerte, y en 60 impera la prisión a los que practican la relación íntima del mismo sexo, que está prohibida en leyes y constituciones, para frenar la “sodomía”, la “indecencia” y la conspiración contra los valores familiares tradicionales y religiosos.
La ruta contra la discriminación laboral y en los espacios públicos, la despatologización, su reconocimiento legal y por la diversidad sexual pierde apoyo, empedrada por la pujanza de la herencia, la preservación de las costumbres y las normas éticas, así como por las referencias nocivas sobre su talante, dogmas y procederes.
El Informe Ipsos Pride Report 2025 (o Encuesta Global de Orgullo) señala, amparado en una investigación que abarcó a 19,028 adultos de entre 18 y 74 años residentes en 27 naciones, que entre el 2021 y el 2025 aumentó de 16% a 23% la oposición a las empresas o marcas que promueven activamente la igualdad entre personas de diferentes sexos.
A la par, hubo el hallazgo de que el 24% de los servidores internos de esas unidades productivas se opone a que las corporaciones implementen programas o políticas que respalden explícitamente a los empleados de la comunidad LGBTIQ+. En el 2021, el 74% estos estaban de acuerdo con que se casen parejas del mismo sexo, pero en el 2025 descendió a 69%. Sólo el 22% está a favor de que los atletas trans compitan según el género con el que se identifican en lugar del sexo que se les asignó al nacer.
En fin, el acrónimo LGBTIQ+ se masifica en la temporalidad, retumbando en los estribillos de la música, los podcasts, las películas, los atuendos que simbolizan su filiación; los calzados, accesorios, las joyas con sus significantes y el lenguaje oral sin escondidas de un orgullo incomprendido y controversial.
Y extreman, en la primacía de protestas con influencias intergeneracionales, contra la exclusión y el furor de la homofobia, la transfobia y la bifobia, provenientes de dispares litorales geográficos, especialmente de Oriente Medio, África, Asia y el Caribe, donde se rajan el pecho para resguardar sus valores ancestrales, como los principios éticos, los cimientos culturales, la armonía con la naturaleza, la convivencia familiar, la sagrada conexión espiritual, la solidaridad comunitaria para la cohesión social y contra la subversiva despersonalización.
Las acometidas contra los enclaves que trastocan la conciencia del ser humano destellan en castigos, como multas, prisión, flagelación, crucifixión, lapidación, terapia de “conversión”, tratamientos psiquiátricos forzosos, cadena perpetua y pena de muerte. Anticipadamente advierten la inobservancia de los códigos penales sobre delitos sexuales, como la pedofilia y la sodomía; la inmortalidad y los fundamentos religiosos históricamente enraizados en sus comarcas.
Parece que la irreversibilidad homosexual obliga. La decisión tomada apunta hacia una sola puerta, sin punto de retorno. Y se amplifica en virtud de que, por ahora, son hipotéticos y quiméricos los testimonios de que ciertas personas se han despojado de esa condición, porque no han sido acreditados ni certificados científicamente.
Tampoco se alberga la esperanza de que desaparezcan los “prejuicios” y “estereotipos” si los aludidos no modifican sus modales públicos y controlan su erotismo inmundo, que espontáneamente hacen soltar risas y otros bullying, o acoso y matonismo. Entretanto, roguemos por el cese, eso sí, del odio irracional -que procrea censurados tratos vejatorios y crueldades- contra miembros de ese segmento poblacional que, independientemente de sus desvaríos, ameritan atención respetuosa y digna.
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El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.