Opinión
Retroceso en mini-revolución LGBTIQ+
(cuarta parte)
Por Oscar López Reyes
La mundología de la comunidad LGBTIQ+ ha estado de pláceme desde principio del siglo XXI, por su visibilidad y aceptación social -con más amplitud en las audiencias infantiles y juveniles- en una especie de mini-revolución gai (en español) que, en el remolino de su entusiasmado afán por la igualdad de derecho, entre el 2017 y 2025 ha girado en retroceso, con un saldo luctuoso en 16 años (2008-2024): más de 5 mil han sido ejecutados por rabias pasionales, homofobias y por gobiernos que criminalizan su actividad con prisión perpetua y pena de muerte.
Inauditamente, el movimiento transgénero, financiado por gigantescas corporaciones transnacionales y organismos internacionales, se ha focalizado en los niños, a los que procuran hipersexualizar a temprana edad y conculcarles la idea de que son dueños de la opción de ellos decidir, sin consultar absolutamente a nadie, si quieren ser hombres o mujeres.
El proyecto consiste en reclutar a niños con estímulos eróticos o excitación sexual, utilizando personajes de la comunidad LGBTIQ+ en dibujos animados o muñequitos (caricaturas), con el alegado señalamiento de educarlos en la tolerancia de la diversidad sexual. Empero se persigue, per sé, descubrir su tendencia e incentivar su conducción hacia esa hoguera con llamaradas casi inextinguibles y lagrimeos retorcidos en el crujir de dientes, cuya salida se complica, en extremo.
¿Ha visto usted a la princesa enamorada de una vampiresa, el beso afeminado o la unión conyugal entre Rubí y Zafiro? ¿Perversión, sí o no? ¿Acaso destila odio el que opina o discrepa sobre estas desafortunadas construcciones sociales, como el matrimonio igualitario? ¿Con purpurina, inciden o no las asociaciones de psicoanalítica y psiquiatras gais estadounidenses en la visualización de esta temática?
Como nunca antes, miles de homosexuales están saliendo del armario. Encuestas y estudios demográficos revelan que entre el 1.6% y el 3.5% de la población global confiesa esa preferencia, y en Estados Unidos – conforme a una investigación de la firma norteamericana Gallup- en el 2025 la cifra subió a 9.3%. Este porcentaje de declaratoria pública y perceptibilidad casi se triplica en 11 años: en el 2012 fue de 3.5% y en el 2023 aumentó a 7.6%, marcando un hito en la demografía de la orientación sexual.
Mayoritariamente, niños y adolescentes están siendo emponzoñados por un brote, similar a una enfermedad contagiosa, o como una creciente y empujada moda entre integrantes de las generaciones Millennials (los nacidos 1981-1996, período del advenimiento de internet, redes sociales y globalización), Z (1997-2012, nativos digitales) y Alfa (2013-2026, llegados a la vida en el inicio de la Inteligencia Artificial).
Incontestablemente, criaturas y adolescentes son inducidos al referido linaje por los cambios epigenéticos, la pornografía en línea, la emulación de actrices, estrellas del pop, influencers y amistades que se identifican como bisexuales, lesbianas o queer. Y esa influencia hasta se extiende a la política: miembros y simpatizantes del Partido Demócrata acumulan el 14% del colectivo gai, los independientes el 11% y los del Partido Republicano de Donald Trump el 3%.
Una porción de homosexuales ha sacado la cabeza del armario, se está imponiendo el sustantivo masculino que privilegian: “gay”; logran la adhesión de agrupaciones de izquierda y progresistas en sus jornadas por el respeto a sus derechos civiles; se fabrican productos para esa comunidad y en 39 países ha sido aprobado el matrimonio hombre/hombre y mujer/mujer, sin reparar que China y Japón están teniendo déficits de productividad por la baja presencia femenina.
En la mira del reconocimiento, con sus obras han impactado en el desarrollo educativo y el progreso socio-económico filósofos, astrofísicos, políticos, escritores, inventores, matemáticos y otros científicos abanderados del símbolo del arcoíris, que realzan en las páginas de la historia universal. Han sido constructivos en la gratificación social.
En otras barandas pululan concordantes de su inclinación sexual que son presuntuosos, vengativos, ruidosos y exhibicionistas con acomodos de sonrisas momentáneas, que desembuchan inmundicias en el terreno fértil de la internet y las redes sociales, los Talks Shows radiotelevisivos, la telefonía móvil, el turismo y la emigración. Son dañinos.
La mini-revolución gai está en pañales y divide a la sociedad universal, porque en 12 naciones les aplican la pena de muerte, y en 60 impera la prisión a los que practican la relación íntima del mismo sexo, que está prohibida en leyes y constituciones, para frenar la “sodomía”, la “indecencia” y la conspiración contra los valores familiares tradicionales y religiosos.
La ruta contra la discriminación laboral y en los espacios públicos, la despatologización, su reconocimiento legal y por la diversidad sexual pierde apoyo, empedrada por la pujanza de la herencia, la preservación de las costumbres y las normas éticas, así como por las referencias nocivas sobre su talante, dogmas y procederes.
El Informe Ipsos Pride Report 2025 (o Encuesta Global de Orgullo) señala, amparado en una investigación que abarcó a 19,028 adultos de entre 18 y 74 años residentes en 27 naciones, que entre el 2021 y el 2025 aumentó de 16% a 23% la oposición a las empresas o marcas que promueven activamente la igualdad entre personas de diferentes sexos.
A la par, hubo el hallazgo de que el 24% de los servidores internos de esas unidades productivas se opone a que las corporaciones implementen programas o políticas que respalden explícitamente a los empleados de la comunidad LGBTIQ+. En el 2021, el 74% estos estaban de acuerdo con que se casen parejas del mismo sexo, pero en el 2025 descendió a 69%. Sólo el 22% está a favor de que los atletas trans compitan según el género con el que se identifican en lugar del sexo que se les asignó al nacer.
En fin, el acrónimo LGBTIQ+ se masifica en la temporalidad, retumbando en los estribillos de la música, los podcasts, las películas, los atuendos que simbolizan su filiación; los calzados, accesorios, las joyas con sus significantes y el lenguaje oral sin escondidas de un orgullo incomprendido y controversial.
Y extreman, en la primacía de protestas con influencias intergeneracionales, contra la exclusión y el furor de la homofobia, la transfobia y la bifobia, provenientes de dispares litorales geográficos, especialmente de Oriente Medio, África, Asia y el Caribe, donde se rajan el pecho para resguardar sus valores ancestrales, como los principios éticos, los cimientos culturales, la armonía con la naturaleza, la convivencia familiar, la sagrada conexión espiritual, la solidaridad comunitaria para la cohesión social y contra la subversiva despersonalización.
Las acometidas contra los enclaves que trastocan la conciencia del ser humano destellan en castigos, como multas, prisión, flagelación, crucifixión, lapidación, terapia de “conversión”, tratamientos psiquiátricos forzosos, cadena perpetua y pena de muerte. Anticipadamente advierten la inobservancia de los códigos penales sobre delitos sexuales, como la pedofilia y la sodomía; la inmortalidad y los fundamentos religiosos históricamente enraizados en sus comarcas.
Parece que la irreversibilidad homosexual obliga. La decisión tomada apunta hacia una sola puerta, sin punto de retorno. Y se amplifica en virtud de que, por ahora, son hipotéticos y quiméricos los testimonios de que ciertas personas se han despojado de esa condición, porque no han sido acreditados ni certificados científicamente.
Tampoco se alberga la esperanza de que desaparezcan los “prejuicios” y “estereotipos” si los aludidos no modifican sus modales públicos y controlan su erotismo inmundo, que espontáneamente hacen soltar risas y otros bullying, o acoso y matonismo. Entretanto, roguemos por el cese, eso sí, del odio irracional -que procrea censurados tratos vejatorios y crueldades- contra miembros de ese segmento poblacional que, independientemente de sus desvaríos, ameritan atención respetuosa y digna.
………………………………………….
El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
………………………….
Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
………………………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.