Nacionales
Revelan escena de crimen de adolescente se extendió por toda la casa cural
SANTO DOMINGO. Varias interrogantes se formulan entorno al asesinato del adolescente y exmonaguillo Fernelis Carrión Saviñón, hecho por el cual le dictaron un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo al sacerdote Elvin Taveras Durán, señalado como el responsable del crimen ocurrido en la casa curial.
La solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo describe que Carrión Saviñón llegó el 4 de agosto a la residencia del sacerdote, ubicada en la calle Santa Cecilia del sector Los Rosales, frente a la parroquia Santa Cecilia, en horas de la mañana en un taxi pagado por el cura.
Según el Ministerio Público, al hacer la inspección de la casa curial, con orden de allanamiento y arresto, “se pudo comprobar que la escena del crimen se extendió desde el piso de la sala, cocina, baño de visita, silla, suaper, cubeta, escalera que conduce al segundo nivel y sus dos baños”. Describe, además, que el cadáver del menor de edad fue encontrado alrededor de las 5:30 de la tarde de ese mismo día en la carretera que conduce a Guerra-Bayaguana, específicamente en el paraje Yabacao, con herida cortante en el cuello y herida punzante en el lado derecho de la espalda, pero que en ese momento se desconocía la identidad de la víctima.
Aunque la instancia en la cual el juez, Julio Aybar, de la Oficina de Atención Permanente, se basó para imponer la prisión no habla de golpes en la cabeza, la dirección de comunicaciones de la Procuraduría informó que la víctima presentaba “dos martillazos contundentes en la parte de atrás de la cabeza”.
En la solicitud de medida el órgano investigador no estableció las circunstancias en las cuales se produjo el asesinato y traslado del cadáver hasta el lugar donde fue encontrado a plena luz del día.
Datos obtenidos por Diario Libre establecen que el homicidio se cometió alrededor de las 10:00 a.m., y que el cura salió de la casa con el cadáver a las 11:00 a.m. Según confesó, lo envolvió en manteles de la iglesia, y lo echó en un tanque que llevó en su vehículo hasta los matorrales de Bayaguana.
El taxista que llevó al menor dijo que Taveras Durán le pagó RD$300 y vio que la víctima y el imputado entraron de manera apresurada a la residencia.
Aunque el párroco, según la Policía, había admitido que cometió el hecho presuntamente porque el adolescente lo estaba chantajeando con publicar fotos íntimas de ambos, el Ministerio Público no hizo uso de esas declaraciones, ya que fueron obtenidas mediante una entrevista al procesado cuando no estuvo acompañado de su abogado.
Olga Diná Llaverías, fiscal de Santo Domingo Este, dijo que están haciendo su propia investigación, debido a que se trata de un caso “bastante complejo” y no descartan la participación de otras personas, así como otros escenarios.
“Por estos momentos, la confesión no representa un elemento probatorio, por eso el Ministerio Público tiene que agenciarse su propia prueba de manera legítima, conforme establece la ley y haciendo las diligencias de investigación pertinentes que también permita la ley. En estos momentos simple y sencillamente presentamos un caso con los elementos que presenta el Ministerio Público”, dijo Diná Llaverías.
Aunque en los últimos días se ha manejado la tesis de que Taveras Durán había estado abusando sexualmente del menor, la Fiscalía no ha determinado los cargos a imputar, ya que no se limitará a investigar el asesinato, sino que también se extenderá a todos los escenarios, informó la fiscal.
“En este momento no podemos hablar de pena, ustedes saben que el proceso penal tiene tres fases, (…) nosotros, al igual que la familia, necesitamos y queremos, como Ministerio Público, como sociedad, la pena máxima ante un hecho como este”, argumentó.
Describió que por el momento se han presentado elementos de prueba que vinculan al clérigo con el hecho a los fines de la imposición de medida cautelar, pero que la responsabilidad del Ministerio Público es presentar no sólo un elemento sino todas las pruebas necesarias para tener una acusación fuerte.
El padre de la víctima dijo sentirse satisfecho con la prisión y espera que sea condenado a pena máxima.
La Fiscalía realizó ayer otro allanamiento como parte de las investigaciones, y en búsqueda de nuevos elementos que puedan ser usados como pruebas. El lugar del allanamiento no fue especificado por la Fiscalía. El Arzobispado de Santo Domingo contrató los servicios del abogado Miguel Liria para que asuma la defensa técnica del procesado. “Estoy representando a una parte de la iglesia católica que me pidió que asistiera, y como nosotros estamos cerca del movimiento católico, accedimos”, expresó. Explicó que esperará la resolución para determinar si la apelará o solicitará una revisión de la medida de coerción dispuesta para el suspendido sacerdote.
diariolibre.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.