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Revelan Miguel Vargas recibió préstamo privilegiado de RD$585 MM del Banreservas
SANTO DOMINGO.– Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentaron la documentación de un préstamo de 585 millones de pesos (15 millones de dólares) otorgados por el estatal Banco de Reservas a Miguel Vargas Maldonado en el mes de diciembre del 2011, «aprobado en tiempo record» en violación de la normativa prudencial de la entidad, con la opinión negativa de la gerencia de valuaciones y con la advertencia de que la capacidad de pago de la empresa beneficiaria era insuficiente.
De acuerdo a la denuncia presentada en rueda de prensa, el préstamo fue concedido a Vargas Maldonado en dólares norteamericanos a nombre de la firma «General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S.A.», donde solo aparecían como accionistas el presidente del PRD, su hijo Miguel Paul Vargas García y la secretaria Gisela Altagracia Patxot Cartacio.
Vargas Maldonado es vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista, presidente del Comité para América Latina y El Caribe, y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, entidades que deberán fijar una posición sobre el escándalo en que está envuelto el político dominicano, quien también prolongó su mandato ilegalmente al frente del PRD, se indicó en la conferencia de prensa.
Al definir la transacción financiera como una operación política previamente aprobada por las altas instancias del poder político en el Estado Dominicano, los denunciantes afirmaron que la gruesa suma de dinero fue entregada a Vargas Maldonado como una compensación por los trabajos políticos que hizo a favor del PLD antes, durante y después de las elecciones del 2012.
Resaltaron que el acuerdo se hizo cinco meses antes de las elecciones, coincidiendo con una declaración pública de Vargas Maldonado de que no se montaría en la patana del candidato presidencial de su partido, Hipólito Mejía.
Los detalles de la transacción financiera fueron ofrecidos por exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch y l reputado médico Jesús Feris Iglesias, acompañados de reconocidos dirigentes del PRD que también suscribieron el documento de la denuncia.
Responsables de la denuncia
Entre los firmantes figuran el excanciller Hugo Tolentino Dipp, la exsecretaria de Educación, Ivelisse Prats De Pérez, el pasado presidente del PRD Ramón Alburquerque, el vicepresidente, Roberto Fulcar, el economista Arturo Martínez Moya, y los dirigentes Eligio Jáquez, Rafael -Fafa- Taveras, Tony Peña Guaba, Nora Nivar, Bonaparte Gautreaux Piñeiro, Rafael Santos, Eugenio Cedeño, Betzaida Santana, Julio Cordero, Isidro Torres, José García Ramírez, Sofía Leonor Sánchez Baret y Antonio Almonte.
La doctora Ortiz Bosch explicó que según los documentos relacionados con la operación, el 8 de diciembre del 2011, el Banco de Reservas, «pese al cuestionamiento del Comité de Evaluaciones de Crédito, aprobó una facilidad crediticia al vapor por US$15 millones de dólares, equivalente a RD$ 585,000.000.00 millones de pesos, a favor de Vargas Maldonado, facilidad aprobada el 13 de diciembre del 2011 y desembolsada en el primer trimestre del año 2012, en pleno proceso electoral»
Ni un solo block
Indicó que aunque la solicitud fue justificada como una operación empresarial con el supuesto propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario en un solar ubicado entre las avenidas Kennedy y San Martín, próximo a la Avenida Máximo Gómez, a dos años de recibido el préstamo, en el lugar no se ha colocado en solo block y el inmueble aparece cubierto de maleza. «Si no lo invirtió en el proyecto inmobiliario, como establecía el acuerdo con el Banco de Reservas, donde está el dinero?, se preguntó Ortiz Bosch.
«La evaluación crediticia de Miguel Vargas, hecha por la Gerencia de Análisis de Crédito, fue calificada en el nivel de riesgo D (cliente de difícil cobro) que según define el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), normativa aprobada por la Junta Monetaria en su resolución 29/11/04, hacía inaplicable este préstamo», apuntó en su exposición la pasada vicepresidenta de la República.
«El Banco de Reservas violó la normativa prudencial que dispone que los préstamos en dólares se conceden solo a empresas que generan divisas, que exportan bienes o servicios de manera comprobable y cuantificable, identificando, además, el país de destino de los bienes o servicios a exportar. Nada de eso se hizo; se otorgó el préstamo a una empresa que no genera divisas, sin la seguridad de que dispondrá del flujo de efectivo en moneda extranjera para devolver el principal y los intereses», indicaron los dirigentes perredeístas mediante un documento leído por la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch.
Los rumores confirmados
El doctor Feris Iglesias, médico y dirigente del PRD resaltó en su intervención que durante el proceso electoral del 2012 y posteriormente «tanto en el Partido como en amplios sectores de la sociedad, existían razones para cuestionar la inexplicable postura de quien en ese momento ocupaba la presidencia de la organización. Los rumores para hacer creíbles necesitan de pruebas y en el caso del préstamo del Banreservas, era indispensable encontrar la documentación oficial de una sospechosa transacción entregada en manos del dirigente de mayor jerarquía institucional en medio de la contienda electoral».
«En un país de reconocida debilidad institucional resulta anormal que un préstamo de altísimo monto se asigne con tanta rapidez. Sobre todo, a una persona que el reporte desfavorable de dos profesionales del Banco de Reservas, como Vianelkys Bencosme y Miledys Taveras, establecía con claridad la improcedencia del préstamo.
Los documentos del Banco
Los documentos presentados en la rueda de prensa sobre la operación financiera entre el presidente del PRD y el banco estatal, incluyen copias de un informe técnico con los datos generales del cliente; un memorando dirigido al Consejo de Directores a la firma del administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa; la resolución de fecha 13 de diciembre del 2011 mediante la cual se aprobó un crédito a término por US$15,000,000.00, equivalente a RD$585,000,000.00, calculado a la tasa de cambio de 39 pesos por cada dólar, y el contrato de crédito suscrito entre el Banco de Reservas y el ingeniero Miguel Vargas.
De acuerdo a la documentación, el préstamo fue aprobado en un tiempo record de 11 días «a pesar de que la empresa sombrilla que usó Miguel Vargas tenía clasificación «D», que la hacía inelegible para un financiamiento, además de que las garantías ofertadas fueron rechazadas previamente por la Gerencia de Valuaciones del Banco porque las mensuras no estaban actualizadas como requiere la normativa de la Superintendencia de Bancos y las garantías no eran polivalentes o no servían para varios propósitos, como lo exige la regla bancaria.
«Los técnicos del Banco de Reservas reportaron al Consejo de Directores que la empresa de Vargas Maldonado presentaba pérdidas en los primeros años, que la capacidad de pago era insuficiente, que influía para la clasificación de riego «D», que no había reportado ingresos durante los años 2009, 2010, y que las proyecciones de ingresos netos para el período 2012-2018 se sustentaban en la venta de apartamentos para lo que no existían informaciones concretas de planos, permisos, presupuestos y cronogramas», apunta la declaración de los dirigentes del PRD.
Miguel Vargas se referirá «oportunamente» a la denuncia
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, respondió esta tarde que se referirá «oportunamente» a las declaraciones «malintencionadas, aviesas, distorsionadas», ofrecidas por dirigentes perredeístas del sector de Hipólito Mejía.
Vargas acusó a los denunciantes de caracterizarse de mantener siempre «un comportamiento irrespetuoso y perturbador de la marcha institucional de nuestro partido».
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.