Opinión
Robo, saqueo y endeudamiento.
Por. Isaías Ramos
En 1996, en nuestro país se celebraron unas elecciones presidenciales que despertaron grandes expectativas y esperanza en la población, pues surgió una renovación de los actores políticos donde la sangre nueva competía con la vieja, como naturalmente el proceso biológico de la vida requiere un relevo. En aquel momento, un joven logró conectar con una parte importante de la población y obtuvo la bendición de los dos principales líderes del sistema político.
El primer año de su gobierno generó esperanza en la población, que soñaba con lograr cambios en la sociedad para avanzar hacia un desarrollo inclusivo. Lamentablemente, sucedió lo menos esperado. A partir de 1996, se estableció un sistema económico neoliberal puro, duro y salvaje. El orden moral que aún prevalecía fue sustituido por el orden material, donde las personas pierden su lugar utilitario en la agrupación y, por tanto, su sentido del deber respecto a los demás.
Bajo ese pensamiento de que «cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón», comenzó la descomposición de la sociedad. Para establecer esa «dictadura clientelar» que hoy disfrutamos, primero había que crear miseria e ignorancia, romper la dignidad humana de la población y así generar masas desorientadas y pasmadas que no saben adónde van ni cómo reaccionar. El fin es convertirlos en zombis y tontos útiles. Recordemos que uno de sus primeros planes fue el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME) con el fin de «corromper para no matar».
El no brindar educación de calidad, salud eficiente, servicios de electricidad sostenible, servicio de agua potable universal, acceso a viviendas confortables, seguridad ciudadana, seguridad jurídica e igualdad ante la ley y las oportunidades, nunca estuvo en sus planes.
Han pasado más de dos décadas y media, y no han resuelto ninguna de estas necesidades fundamentales que requiere cualquier sociedad para avanzar. Sin embargo, han logrado endeudar al país con una cantidad de dinero que podría haber resuelto y solucionado todos esos problemas estructurales que padecemos, para tres Repúblicas Dominicanas, y además impulsar el aparato productivo nacional para que hoy fuéramos una potencia económica.
Ahora, lo que sí debemos reconocer es que son muy buenos competidores para robar, saquear y endeudar al país. Desde el momento en que les toca gobernar, con el afán de acumular riquezas, se vuelven capaces de cualquier proceder a costa de la salud, la educación, la seguridad y el hambre y la miseria del pueblo.
Los casos que hoy se debaten en la justicia son apenas la punta del iceberg de algunas de las barbaridades que esta generación de politiqueros ha sido capaz de hacerle al pueblo dominicano. Bajo un sistema judicial secuestrado por ellos y que, hasta ahora, les brinda impunidad para seguir robando y también para ofrecer pan y circo cuando las circunstancias lo requieren.
Aunque por ahora sea pan y circo, este pueblo está despertando y estos acontecimientos son el preludio que comienza a quitarles sus sueños, mientras el pueblo va saliendo de ese adormecimiento.
Cuando un sistema tan corrompido como en el que vivimos ya no da más, intenta desesperadamente reinventarse para prolongar la miseria y el sufrimiento al pueblo. Esta etapa es muy peligrosa porque, en vez de purgar el sistema, lo intoxican con mayor corrupción, más saqueo y opresión, lo que muchas veces termina hundiendo a los países a un punto sin retorno. El momento propicio para purgar a este país está cerca y son las elecciones de 2024. Si este pueblo se empodera bajo un proyecto de nación que lo saque de esta peligrosa tormenta y le presenta un plan para guiarlo a un puerto seguro, estaremos a salvo. De lo contrario, si continuamos con esta clase de politiqueros, estaremos condenados a sufrir las mismas desgracias que a algunos pueblos vecinos les ha tocado vivir por siglos o décadas.
En el Frente Cívico y Social, creemos en este maravilloso pueblo que se ha enfrentado a grandes retos en su corta historia, y siempre que la población ha dicho presente, la victoria ha sido un hecho. Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y esta partidocracia no tiene nada que ofrecer al pueblo que no sean migajas de lo que le han robado al pueblo. ¡Ya basta! Llegó la hora de trabajar para establecer el orden social e institucional, hacer justicia social y judicial, y crear un sistema económico y político con igualdad de derechos y oportunidades para cada dominicano.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!