Nacionales
Roces entre el Gobierno y sacerdotes de la Iglesia Católica no son nuevos
SANTO DOMINGO. Los roces entre el Gobierno del presidente Danilo Medina y la Iglesia Católica no son nuevos, pues se han venido produciendo por el tema del aborto.
El 13 de diciembre de 2014 el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica con sede en el Palacio Nacional, sacerdote Manuel Antonio Ruiz, renunció indignado por la observación al Código Penal que realizó el mandatario, lo que calificó como “una tremenda presión” desde el Poder Ejecutivo sobre el Congreso para que no se penalice el aborto en algunos casos.
Tres años después, el Código Penal se ha vuelto a caer por la diferencias entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sobre ese tema, mostrando nuevamente las divergencias entre el mandatario y la Iglesia Católica.
“Todo esto es pleito ajeno, un pulso entre Danilo Medina y Leonel Fernández, tratando de reeditar su batalla en el Comité Central y Comité Político de su partido. Lo que está en juego es la reelección. Los políticos nos tienen acostumbrados a criticar la reelección cuando es otro el que está en el poder, pero cuando se le toma el gusto a la silla presidencial se profanan los principios”, dijo Ruiz en esa ocasión.
Para formalizar su salida de Palacio, Ruiz envió una carta al mandatario en la que se preguntó cuál es la ecuación que ha convencido al mandatario de que es mejor para él y el país “pelearse con la institución de mayor prestigio del país y asumir la agenda de un grupito de ONG, que como Judas, comen en su mesa, mientras están demandando a la República Dominicana en tribunales internacionales”.
El pasado miércoles 26 de julio, el párroco Benito Cruz Lantigua, de la capilla San Juan Bautista en Santiago, al bendecir una escuela inaugurada, le recordó al mandatario que esa comunidad necesita otras soluciones no son sólo la educación.
Esta vez, Medina rompió el silencio, y en su discurso defendió su obra de gobierno en los aspectos de salud, economía y vivienda, anunciando, además, proyectos de modernizar hospitales.
Este nuevo estilo de defensa de su obra de gobierno podría marcar un precedente del mandatario, en momentos en que agota un segundo período de gobierno, y ha dicho que su principal satisfacción al dejar el gobierno es que en la calle le agradezcan por los proyectos con los que benefició a los ciudadanos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno anunció este jueves un conjunto de medidas para contener el gasto público y disponer de 40,000 millones de pesos con el fin de mitigar el impacto de la crisis global en el país.
Las disposiciones fueron dadas a conocer esta noche por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al finalizar el quincuagésimo Consejo de Gobierno, en el Palacio Nacional, que en esta ocasión tuvo como finalidad dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto en la economía global.
«En el día de hoy se han tomado una serie de decisiones en materia de contención y eficientización del gasto para llegar a tener una disponibilidad de alrededor de los 40,000 millones de pesos, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales», expresó.
Medidas:
1- Reducción de gastos operativos
2- Contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria
3- Disminución de reparaciones y mantenimientos menores
4- Racionalización de servicios y contrataciones
5- Limitación de eventos a costos mínimos
6- Ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes
7- Racionalización de combustible
8- Racionalización de publicidad
9- Reducción del 50 % del presupuesto a los partidos políticos
10- Reducción de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
Presbot subrayó que estas medidas responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante la crisis global, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.
Nacionales
Camacho dice Ángel Luis Guzmán «lidera» una estructura de fraude al Senasa e investigan una tercera
Santo Domingo, R.D.-El fraude al Seguro Nacional de Senasa se habría ejecutado a través de redes criminales, una de ellas presuntamente liderada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien se le conocerá coerción este viernes, y otra, cuyos detalles de la investigación -según Wilson Camacho- no puede revelar.
El titular de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra la tercera estructura, no puede revelar informaciones que puedan afectar las indagatorias.
«Les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Senasa«, reveló Camacho al salir de la audiencia en la que se le ratificó la prisión al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim y a otros seis imputados por el fraude.
Camacho sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra una de estructura no puede adelantar sus detalles.
Ratificación de coerción razones muy obvias
Consideró que la ratificación de la prisión preventiva a Hazim y a los otros seis a quienes se les dictó esa medida, el juez Deiby Timoteo lo hizo por «razones muy obvias».
«Este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de los imputados es que se mantengan en prisión preventiva por razones que son muy obvias», indicó.
Entre los que dijeron tener problemas de salud, figuran el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, y la contratista Ada Ledesma.
El juez argumentó que el ataque cardiovascular que dijo sufrió Robles Quiñones, según los documentos presentados, fue en el 2023.
Sobre los demás presupuestos de otros acusados, el magistrado Peguero sostuvo que fueron «insuficientes» para cambiarles la prisión por otra coerción.
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.