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Roger Noriega dice que el gobierno de RD seleccionó a opositores internos y externos, en el caso Odebrecht, y pide a Brasil entregar toda la información
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos
Roger F. Noriega, quien fuera Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en la administración Bush, escribió un artículo en The Miami Herald en que sugiere la idea de que los imputados por el Ministerio Público en el caso Odebrecht han sido seleccionados entre los adversarios políticos internos y externos del gobierno, y que se dejó fuera a los responsables de negociar la planta termoeléctrica de Punta Catalina.
Roger Noriega expresa lo siguiente:
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Roger F. Noruega fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.
En su artículo Roger F. Noriega explica que lo mejor es que la justicia de Brasil ponga toda la información a disposición de los países, y no exclusivamente de los gobiernos.
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
A continuación el artículo completo
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.
Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.
La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.