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Opinión

Roque Espaillat, «El Cobrador».

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Por José Cabral

Hace ya algunos meses que través de un amigo conocí a Roque Espaillat, «El Cobrador», cuyo seudónimo es el resultado de la creación de Melvin Mañón, figura muy conocida en el país.

La primera reunión con Roque fue en su oficina que está localizada por los alrededores del Parque Independencia y en la misma participaron los doctores Luis Díaz, Isaías Ramos, la licenciada Elba García y un servidor.

El segundo encuentro tuvo lugar en mi oficina de Santiago, donde Roque acudió acompañado de su estratega en ese momento, Melvin Mañón.

A instancia de un servidor nos pusimos de acuerdo para identificar un partido con reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y concertamos varios encuentros con el doctor Fulgencio Severino, a fin de articular una propuesta lo más democráticamente posible, que escogiera a través de una consulta o primario un candidato a la presidencia y la vicepresidencia de la República.

Todo podría decirse que iba muy bien, pero la miopía política de la izquierda abortó ese proyecto, pero ello no fue obstáculo para continuar con el mismo y de presentar una propuesta lo más democrática posible a la sociedad dominicana.

Pero como el doctor Severino mostró cierta oposición a lo que lleva como nombre Frente de Salvación Nacional (FSN), el cual estaba concebido a nivel de una superestructura y una amplia infraestructura formada esta última por partidos y movimientos nacionales y municipales que fueran fundamentalmente éticos.

En virtud del tropiezo con la posición del doctor Severino, quien era el único de todos que contaba con un partido con personalidad jurídica, no quedó otra opción que continuar con el intento entre Roque Espaillat, Isaías Ramos y un servidor, José Cabral.

Sin embargo, cuanto todo parecía que avanzaba y que por lo menos nos habíamos puestos de acuerdo para construir esa propuesta todo quedó en suspenso porque el doctor Roque Espaillat se desapareció del escenario sin ninguna explicación que justificara su actitud.

Quedamos un viernes de que el próximo miércoles de la semana que seguía tomaríamos decisiones muy importantes hacia el logro de los propósitos buscados.

Pero nunca más supimos de Roque Espaillat, cuya justificación de su actitud estaba explicada en que él tenía un proyecto personal a través de un movimiento llamado «Rescate Democrático», es decir, que no le interesaba una propuesta política que fuera profundamente pluralista, abierta y democrática, cuyos dirigentes y candidatos se sometieran al escrutinio de los ciudadanos para darle una respuesta a la crisis de credibilidad de los partidos tradicionales.

Nunca más supe de El Cobrador, lo que indicaba que esa deuda pendiente con la sociedad dominicana no le interesaba, porque la única vía que él entendía que  podía entrar a la actividad política era mediante un proyecto poco democrático y donde a él se señalara con el dedo como ocurrió con el Partido Socialista Cristiano (PSC).

Fueron muchas las cosas que se dijeron en ese momento de que él había comprado ese partido para convertirse en candidato presidencial, lo cual realmente no preocupaba porque eso se estila mucho en la sociedad dominicana, pero yo personalmente nunca creí eso, sino que en mi opinión Roque entendía que debía convertirse en aspirante presidencial sin nadie que lo obstaculice, aunque fuera de buena fe.

Luego me entero que había conformado una boleta con una señora de nombre Yadira Marte como aspirante vicepresidencial y comencé a ver la propagada desde que la colocó en la red social Tik Tok y hasta que explota el escándalo de que el PSC ha negociado con los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, tres crápulas del escenario electoral dominicano.

Entendí que a pesar de que la candidatura de Roque la califico como una propuesta que no ofrece nada diferente, porque se sustenta en un espíritu antidemocrático, lo cierto es que considere atinada su decisión de no aceptar esa alianza.

Sin embargo, casi de inmediato surge otra versión, la cual prácticamente se confirma cuando Roque aparece con el doctor Ernesto Fadul, Ramfis Domínguez Trujillo y otra persona que no recuerda en la que se anuncia una posible alianza político-electoral entre ellos a través del Partido del hijo del más cruel dictador que ha tenido latinoamericana y el mundo.

Considero que esta última decisión de Roque de aliarse con Ramfis Trujillo va muy acorde con su forma de pensar y el espíritu de sus aspiraciones, ya que «El Cobrador» le confesó a quien esto escribe que siempre fue un seguidor y admirador del Doctor Joaquín Balaguer, uno de los discipulos mas aventajados del dictador,  lo cual explica la alianza que parece ha concertado con el desacreditado pariente del sátrapa.

Es muy posible que «El Cobrador» se sienta muy tranquilo con su conciencia por el hecho de poner en una balanza para medir cuál es mejor aliado si los desacreditados partidos ahora aliados con el PSC o la figura de un “tigüere” del partidarismo nacional como Ramfis Domínguez Trujillo.

Sólo advierto al “Cobrador” que calcule muy bien a quien le va a cobrar si es que llega a tener éxito político, pese a todavía representa muy poco en la contienda electoral, cuya mala asesoría lo coloca en una encuesta que no ha sido realizada con un posicionamiento que no se corresponde con la verdad, lo cual lo proyecta en la misma dimensión de aquellos partidos que engañan a la sociedad con inventadas mediciones  que no reflejan la realidad nacional.

 

 

 

 

 

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Opinión

La Corte Penal Internacional y la Justicia Internacional (3 de 3)

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Por Rommel Santos Diaz

 Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones  de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre  8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de  niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.

A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.

El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.

Finalmente, en  la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una  de ayuda  y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Los políticos profesionales no roban

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Por Nelson Encarnación

El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.

Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.

Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.

Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.

Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.

Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.

Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.

En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.

Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.

En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.

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Opinión

Honrar la Constitución o perder la República

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Por Isaías Ramos

Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.

Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.

No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.

La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.

La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.

Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.

Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.

Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.

La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.

Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.

Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.

Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.

¡Despierta RD!

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