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Exdiputada condenada por lavado de activo solicita suspensión ejecución de sentencia.
Santo Domingo, R.D.-La exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, formalizó su pedido a través de sus abogados de la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público, la cual dispone su envío a la cárcel de Rafey de Santiago, por el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Mediante un recurso de revisión constitucional, la ex legisladora solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia confirmada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 29 de agosto, hasta tanto sea conocido dicho recurso.
El recurso depositado en la secretaría de la Suprema, fue presentado a través de los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Luis Leonardo Félix Ramos, Roberto Medina Reyes, Amado Gómez Cáceres, Pedro Castellanos Hernández, George Alexander Medina Lora.
Los juristas consideran que el objetivo del recurso de revisión es preservar provisionalmente el sistema institucional, los principios de separación de poderes y de seguridad jurídica y el derecho de garantía fundamental al debido proceso.
Señala que el Tribunal Constitucional (TC), al momento de juzgar sobre la procedencia de una solicitud de suspensión, debe decidir sobre la irreparabilidad del daño que puede sufrir el solicitante de no adoptarse una medida precautoria.
Sostiene que, además, tiene la responsabilidad de apreciar el posible perjuicio que para el interés general o de terceros puede derivarse del otorgamiento de tal medida y que el tribunal realice un juicio ponderativo sobre los intereses en juego.
Indicaron que en el caso de Rosa Amalia Pilarte la preservación de su libertad personal, producto de la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el pleno de la Suprema, no pondría en riesgo el sistema de justicia ni afectaría de derechos de terceros.
Aducen que precisamente su prisión está indisolublemente ligada a presuntos delitos de contenido económico, que no ponen en riesgo la vida o la salud de terceros, y que no postulan infracciones de calado a la estabilidad, previsibilidad y seguridad que se supone ha de proveer el sistema represivo.
Señalan que el mismo TC ha establecido, además, que “la existencia de la sanción penal de prisión”, cuando se acompaña por la comprobación de “elementos de derecho que pudieran justificar la existencia de violación a derechos fundamentales”, justifica la concesión de medidas excepcionalísimas como la suspensión en la ejecución de una sentencia penal firme, como en el caso de su cliente, con un torcida condena de parte de la Segunda Sala, el Pleno de la Suprema, con la complicidad del Ministerio Público.
Mientras que el Pleno de la Suprema remitió al juez de la ejecución de la pena de La Vega la sentencia en contra Pilarte, luego de ratificar la condena de cinco años de prisión.
En tanto que un ministerial de la Suprema se dirigió a la casa de la ex legisladora a notificar la sentencia, pero trascendió que no había nadie.
De su lado, Pedro Inocencio Amador Espinosa, en su condición de exprocurador adjunto y líder del equipo acusador, expresó que esta decisión es una advertencia para quienes creen que la política puede ser un refugio de impunidad.
Consideró que la justicia dominicana ha demostrado que, tarde o temprano, el que viola la ley debe enfrentar sus consecuencias.
Manifestó que la estrategia del Ministerio Público fue clara, el demostrar que el origen ilícito de los bienes vinculados a Pilarte formaba parte de un esquema de blanqueo de capitales, y que la entonces diputada, en calidad de funcionaria pública, no podía ampararse en su investidura para evadir la justicia.
Dijo que uno de los aspectos más contundentes de la decisión fue la orden de decomiso de más de una docena de inmuebles valorados en cientos de millones de pesos, entre terrenos, locales comerciales, apartamentos y propiedades rurales en La Vega y Jarabacoa.
“Este decomiso no solo tiene un efecto punitivo, sino también ejemplarizante: envía un mensaje claro de que el crimen de cuello blanco no solo acarrea cárcel, sino también la pérdida del patrimonio ilícitamente acumulado”, acotó.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.